Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La presente investigación, busca describir y explicar el proceso de implementación de las Secciones Juveniles en Gendarmería de Chile, realizada por el Estado de Chile -desde la entrada en vigencia del Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) N°20.084-, identificando los factores facilitadores y obstaculizadores en el cumplimiento de su mandato respecto de los acuerdos y normas internacionales en materia de Derechos Humanos. El estudio presenta un relato histórico y un análisis crítico de cómo Chile dio curso a esta Reforma, para cumplir con los mandatos internacionales de las convenciones y tratados asociados a los derechos de los Adolescentes privados de libertad, dando énfasis en las Secciones Juveniles, ya que se trata de jóvenes juzgados por la LRPA, que han cumplido su mayoría de edad, con más de seis meses de su condena pendiente, y que por su mal comportamiento en los centros de reclusión para Adolescentes del Servicio Nacional de Menores (SENAME), deben cumplir el resto de su sanción en centros de reclusión para adultos de Gendarmería de Chile, GENCHI. El Estado de Chile, a través del Ministerio de Justicia, generó una alianza estratégica con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para el acompañamiento técnico y supervisión del cumplimiento de los requerimientos constitucionales e internacionales apegados al derecho de adolescentes en la implementación de esta reforma. Así como, la instalación de mesas técnicas de coordinación intersectorial y de la sociedad civil para el diseño e implementación de una atención integral que apunte a la reinserción socioeducativa de los adolescentes que cumplen una condena. La descripción de los factores que inciden en el logro de la gestión del Estado en la implementación de las Secciones Juveniles de GENCHI, se transforma en un caso relevante, contingente y en pleno desarrollo, entendiendo que a Chile aún le falta avanzar en materia de condiciones carcelarias para los reclusos, según las normativas internacionales de Derechos Humanos, UNICEF (2015). Además, en la actualidad se está evaluando la pertinencia de las Secciones Juveniles de GENCHI, como una medida efectiva que logre la responsabilización de los jóvenes por los delitos cometidos y/o que la aplicación de esta sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

El crecimiento de la violencia y la criminalidad en nuestras sociedades ha provocado la afirmación peligrosa de un discurso punitivo que amenaza debilitar los derechos humanos y los valores democráticos. Ante ello, la justicia restaurativa, tomando en cuenta las normas internacionales y las experiencias exitosas a nivel mundial, se presenta como una alternativa prometedora. La presente investigación busca conocer y analizar el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa implementado en El Agustino (Lima) y Chiclayo (Lambayeque), durante el periodo del 2005 al 2013, tomando en cuenta la opinión de los propios actores implicados en dicho proyecto: los adolescentes en conflicto con la ley penal, los equipos interdisciplinarios del proyecto de justicia restaurativa y los operadores de justicia: fiscales y jueces. La investigación demuestra que el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa ha logrado que el sistema de justicia en esas zonas funcione en forma óptima, adecuada, efectiva y restaurativa, haciendo uso de la remisión y la mediación para promover el cambio del adolescente, reparar el daño a la víctima y restablecer la paz social en la comunidad. A partir de los resultados de la experiencia, se propone un conjunto de lineamientos de política para orientar el funcionamiento del sistema de justicia hacia un enfoque restaurativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se busca constatar si se ha aplicado la Ley No. 18.314 Sobre Conductas Terroristas a menores de edad después de su reforma de junio de 2011, en la cual se excluyó expresamente a los niños de su aplicación. A través de la recopilación y análisis de jusrisprudencia se concluye que después de 2011 se ha continuado aplicando de manera indirecta la normativa antiterrorista en los procesos de menores. Ésto se ha hecho a través de la aportación de prueba efectuada por el Ministerio Público, obtenida conforme a las normas procesales de la Ley No. 18.314 en la investigación contra los adultos, para probar los hechos de la acusación contra los adolescentes. Así, el Estado está vulnerando los derechos y garantías penales de los menores infractores, a los que se ha obligado al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de derechos humanos. En particular, el Estado ha infringido el deber de adoptar un régimen de justicia penal especial para menores.

Memoria para optar al título de Ingeniera Civil Industrial / Bajo el área de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores (SENAME)se encuentra el programa Servicio en Beneficio a la Comunidad (SBC), único programa con enfoque comunitario en el país, al cual ingresan jóvenes entre 14 y 18 años que han sido derivados desde Tribunales de Garantía (SENAME, 2018), siendo sancionados por la Ley de Responsabilidad Adolescente para cumplir la modalidad medio libre (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2005). La ejecución está en manos de Organismos Colaboradores, los cuales pertenecen a una red que, a nivel nacional (SENAME, 2018), se articula en colaboración con SENAME para desplegar la oferta programática tanto de Protección de Derechos como de Justicia Juvenil, tal como lo establece la ley (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2005). Uno de los Organismos Colaboradores que ejecuta el programa SBC es Corporación Opción. Bajo este marco institucional se ampara el programa SBC Reparatorias Sur perteneciente a la oferta de Corporación Opción, el cual atiende hoy al 55% de la población total de SBC a nivel nacional (Corporación Opción, 2016), abarcando ocho comunas del Sur de Santiago. El objetivo general de este trabajo es elaborar una propuesta de rediseño de procesos del programa SBC de tal manera que se fortalezca el enfoque comunitario, resaltándolo por sobre los enfoques tradicionales que mantienen hoy al sistema de justicia juvenil bajo una lógica puramente tutelar (Tiffer, 2010), considerando la complejidad del aparato estatal y el vínculo con el sector privado bajo el cual se enmarca. La metodología de este estudio es de enfoque cualitativo, de corte exploratorio-descriptivo, para cual se realizó un análisis documental de más de 30 artículos en complemento con la realización de entrevistas semiestructuradas a 9 actores principales en el desarrollo del programa, abarcando el 100% de las funciones administrativas involucradas. Así, se construyó la operacionalización de la información de tal manera que resultara posible plasmarla en una propuesta de rediseño de procesos (Barros, 2000). Los resultados muestran falencias de origen sistémico que impactan en la ejecución del programa mostrando contradicciones relevantes enmarcadas en una definición de prioridades equívocas que propone como objetivo central la reinserción social de los y las jóvenes mediante una atención basada en un modelo socioeducativo y de potenciamiento comunitario, pero que en la práctica sólo tienen por resultado una secuencia de métodos asociados al modelo sin lograr una metodología continua y robusta. Es así como se propone una serie de reformulaciones al proceso actual del programa SBC, basado en la evidencia del caso de SBC reparatorias Sur, las cuales deben ir acompañadas de soluciones organizacionales y de gestión documental. / FONDECYT N° 11160330 "Cambio en las políticas hacia la infancia y adolescencia en Chile. Análisis de los marcos interpretativos de instituciones y actores relacionados"

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objetivo determinar cómo los jueces chilenos utilizan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia penal juvenil. Para lograrlo, se revisarán cuáles son los estándares internacionales aplicables y cómo es su recepción en el ámbito interno: así, estudiaremos la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Tokio, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, y conceptos clave como control de convencionalidad y bloque de constitucionalidad. Luego, veremos cuáles son las bases normativas de las garantías penales juveniles en Chile, examinando desde la Constitución Política hasta las leyes y reglamentos atingentes. Con estas herramientas revisaremos la aplicación jurisprudencial de las Reglas de Beijing respecto al uso de los historiales de infracciones como agravantes de condena, y luego replicaremos el ejercicio con los instrumentos internacionales que las sentencias mencionen en: debido proceso, derecho al recurso, principio de especialidad, doctrina de la protección integral del adolescente, y el uso de los registros de huellas digitales de los menores de edad. Nos enfocaremos especialmente en la argumentación de los tribunales superiores de justicia para aceptar o rechazar las normas de derechos humanos que no son tratados internacionales, como las mencionadas Reglas. Este trabajo se enmarca dentro del Fondecyt Regular N° 1150571: “Recepción jurisdiccional sustantiva de la normativa y jurisprudencia nacional en Chile: el proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su impacto de / 31/12/2017