SINTESIS DE LA TESIS DOCTORALBajo el título "las tarifas de los servicios portuarios" se albergan un grupo heterogéneo de prestaciones, cuyo denominador común estriba en que se trata de obligaciones pecuniarias exigidas a los usuarios de los puertos de interés general en beneficio de las Entidades encargadas de su gestión, como consecuencia de la utilización del dominio público portuario o por la recepción de determinados servicios, suministros y actividades.Como se explica en la tesis doctoral, a finales del año 2.003 pendían de resolución ante nuestros Tribunales de Justicia litigios relacionados con estas prestaciones por importe próximo a los sesenta y cinco mil millones de las antiguas pesetas. En su momento, consideramos que sesenta y cinco mil millones era una suma suficientemente sugestiva para detenerse, reflexionar y tratar de ofrecer una explicación razonable a tan desproporcionado índice de litigiosidad. En principio, esta circunstancia constituyó la exégesis de nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, pronto comprendimos que las tarifas de los servicios portuarios son un auténtico desconocido en el mundo del derecho. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España nadie se ha ocupado de estudiar en profundidad el régimen jurídico de estas prestaciones. No existen monografías especializadas sobre las tarifas de los servicios portuarios y los escasos artículos científicos existentes en la materia se han limitado a analizar estas prestaciones en un contexto histórico concreto, bien desde un punto de vista excesivamente genérico, bien a la luz de una problemática singular y específica.En su momento, esta realidad se convirtió en un auténtico acicate para abordar en toda su dimensión el régimen jurídico de las tarifas de los servicios portuarios. Y cuando decimos en toda su dimensión nos referimos al análisis integral, desde sus orígenes, de esta institución jurídica.Obviamente, intuíamos que este trabajo no iba a ser sencillo. Y no sólo por la ausencia de precedentes doctrinales que tomar como puntos de referencia, sino más bien, porque desde un primer momento apreciamos que la historia de las tarifas de los servicios portuarios se ha desarrollado en paralelo a la de los propios puertos. Es decir, el origen de las tarifas por servicios portuarios se remonta a la existencia misma de los puertos. La utilización de las instalaciones y servicios portuarios nunca ha sido gratuita. Los usuarios de estas infraestructuras siempre han venido compelidos a satisfacer, bajo diversas denominaciones, determinadas sumas económicas con ocasión de su empleo o utilización.Esta circunstancia nos obligó a circunscribir temporalmente el objeto del estudio. Detallar el régimen económico de los puertos en la época griega o romana podía tener un indudable interés histórico, pero desde luego, para el Derecho Financiero y Tributario bien poco podía aportar en su avance dogmático.La inscripción de las tarifas de los servicios portuarios en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario se justifica en la medida que estas prestaciones siempre han constituido un recurso clave en el campo de la financiación de las infraestructuras portuarias. A lo largo de la historia, y por diferentes motivos, los puertos han tenido clara una filiación pública. La acción de los poderes públicos siempre ha mediatizado la existencia y funcionamiento de estas instalaciones. Las tarifas de los servicios portuarios han sido y son un instrumento relevante en la financiación de una actividad o servicio de indudable interés para la comunidad. Si el Derecho Financiero y Tributario se conceptúa como una rama del Derecho Público interno que organiza los recursos constitutivos de la hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, y regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines, el estudio de las tarifas de los servicios portuarios, sin duda alguna, encaja en este sector del Derecho.Ocurre, empero, que hasta fechas relativamente recientes la regulación de las tarifas por servicios portuarios no ha sido efectuada por juristas. Es más, hasta el presente momento, la definición del régimen jurídico de estas prestaciones nunca ha sido una responsabilidad propia de juristas especializados en materia tributaria. Al contrario, como las competencias administrativas sobre el ramo de los puertos civiles fueron absorbidas desde mediados del siglo XIX por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, resulta que este grupo de funcionarios ha monopolizado históricamente la función normativa en materia de tarifas por servicios portuarios.Este ha sido uno de los problemas endémicos de este recurso financiero, dado que, de ordinario, su régimen jurídico se ha construido al margen de los principios rectores del Derecho Financiero y Tributario. Pues bien, para estudiar en su plenitud el régimen jurídico de las prestaciones portuarias, en su momento, creímos conveniente organizar nuestro trabajo de investigación en cinco partes diferenciadas. La primera, relativa al sistema portuario español. La segunda, a las tarifas de los servicios portuarios. La tercera, al principio de reserva de ley y la naturaleza jurídica de las tarifas de los servicios portuarios. La cuarta, a la crisis derivada del conflicto de las tarifas de los servicios portuarios. Y, la última, a la actual regulación de las tarifas por servicios portuarios.Con este trabajo de investigación pretendíamos conseguir cuatro objetivos:1.-En primer lugar, elaborar la primera monografía específica sobre el régimen jurídico de las tarifas de los servicios portuarios en España, con la finalidad de que, en lo sucesivo, exista una referencia doctrinal inequívoca en esta materia.2.-En segundo lugar, descubrir cuáles han sido los regímenes económico-financieros de los puertos españoles a lo largo del tiempo, y reseñar sus principales virtudes y defectos.3.-En tercer lugar, desentrañar el origen del conflicto de las tarifas de los servicios portuarios, sus consecuencias y los medios empleados por los poderes públicos para su corrección.4.-Finalmente, dar cuenta públicamente de los principales defectos que afectan al actual sistema de tarifas por servicios portuarios para su futura corrección.