La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación contiene algunas debilidades que podrían incrementar la probabilidad de materialización del riesgo del lavado de activos proveniente de la corrupción. Ante ello, en el presente trabajo se identifican y analizan las principales amenazas a las que está expuesta la regulación de las PEP: (i) el plazo de permanencia de un cliente con la calificación de PEP; (ii) la situación de los familiares, del cónyuge o concubino y allegados de una PEP; (iii) administradores y representantes legales PEP de personas jurídicas; (iv) miembros y directivos PEP de personas jurídicas sin fines de lucro; (v) personas jurídicas cuyos ex titulares y/o ex directivos tienen la condición de PEP; (vi) funcionarios de mandos medios e inferiores, (vii) los proveedores y contrapartes PEP; (viii) la inexistencia de una base de datos consolidada de autoridades, funcionarios y empleados públicos; (ix) dificultades para identificar el origen de los fondos y la fuente de riqueza del cliente; y, (x) las señales de alerta aplicables a las PEP. Para hacer frente a dichas amenazas se proponen oportunidades de mejora, a modo de modificaciones normativas, a fin de convertir el modelo regulatorio de las PEP en un mecanismo eficaz de mitigación del riesgo de lavado de activos derivado de actos de corrupción. / Trabajo de investigación