En el presente informe se analizarán los fundamentos desarrollados por el Tribunal Constitucional al momento de resolver la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Notarios de Lima contra el artículo 5º y la Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias del Decreto Legislativo Nº 1106 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado del 18 de abril de 2012, signado con el número de Expediente Nº 0006-2014-PI/TC. El Decreto Legislativo Nº 1106 mediante su Quinta, Sexta y Sétima Disposiciones Complementarias Modificatorias introduce modificaciones a la Ley Nº 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera y el Decreto Legislativo Nº 1049 – Decreto Legislativo del Notariado respectivamente, y tipifica un nuevo delito en su artículo 5º, con lo cual el legislador apunta a mejorar los mecanismos de prevención y represión del delito de lavado de activos. Sin embargo, el Colegio de Notarios de Lima considera que dichas normas devienen en inconstitucionales, mientras que el representante del Poder Ejecutivo emisor del decreto en cuestión, defiende la constitucionalidad las mismas. Como parte del presente informe, se detallarán y analizarán los argumentos esgrimidos por las partes intervinientes y las normas jurídicas invocadas como sustento, así mismo se examinará lo argumentado y resuelto por el Tribunal Constitucional. Finalmente, se desarrollarán aspectos relevantes del delito de lavado de activos, como el sistema de prevención, operaciones o transacciones sospechosas, el bien jurídico protegido, entre otros. / Trabajo de suficiencia profesional

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Aunque se suele afirmar que las leyes penales en blanco constituyen, ante todo, una técnica legislativa, pocos autores han intentado extraer consecuencias analíticas de esta aserción. En general, su estudio se concentra en las denominadas leyes penales en blanco “propias”, debido a que son las únicas que tensionan la garantía de la lex scripta. Estudiar estas figuras a partir de la técnica legislativa, sin embargo, obliga a emprender un análisis no directamente sobre ellas, sino que sobre su tertium genus: las remisiones normativas. Soslayar este punto de partida puede conducir a errar sobre la clase de remisión que entraña un determinado tipo penal y, en consecuencia, errar sobre su constitucionalidad. El presente trabajo constituye un análisis crítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre el 2006 y el 2016, que recayeron sobre aquellos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 N°3 del Código de Justicia Militar. Desde el primer requerimiento en adelante, en noviembre de 2006, habiendo sobrados motivos para hacerlo, nadie parece haber cuestionado el desacierto de nuestro Tribunal Constitucional al calificar al citado precepto como penal en blanco. Lo particular de este análisis, además de controvertir esa calificación, se ve reflejado en el lugar desde donde se levanta el discurso crítico: la lex certa; ya que aquella es la manifestación del principio de legalidad penal que se ve tensionada con la cada vez más frecuente técnica legislativa de remisión normativa