El artículo plantea un análisis respecto de las modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado y sus consecuencias respecto de la ejecución del laudo, donde la autora asegura que se ha perdido una oportunidad de plantear plazos estado para el cumplimiento de un laudo cuando éste pueda darse sin necesidad de apoyo de la fuerza pública como por ejemplo respecto al pago de una obligación. Esto, en la medida que es necesaria una utilidad práctica de esta modificación pues de otra manera se estaría impidiendo que los contratistas alcancen una tutela jurisdiccional efectiva en los arbitrajes con el Estado.