Los problemas que pueden presentarse respecto al inicio y al término de la vida humana siempre han resultado de gran interés para las disciplinas prácticas como la ética, la política y el derecho. Particularmente, en las últimas décadas, en medio del progreso de la técnica que hace posible tratamientos intensivos destinados a mantener con vida a pacientes terminales a costa de una pobre calidad de vida1 , ha surgido a nivel mundial el debate sobre la regulación de una “muerte digna”2 . Es así que las defensas más radicales de la autonomía de la persona para disponer de su propia vida se han concentrado en demandar la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. / Tesis

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El juramento Hipocrático, puente entre el aprendizaje teórico y la práctica profesional del médico, posee el mérito de haber dotado de contenido ético al ejercicio de la medicina, de modo que lo que en principio fue una suerte de don que sólo podían profesar ciertos elegidos dentro de un ámbito mágico y sobrenatural, luego se convirtió en una ciencia que, como tal, gozaría de pretensiones de exactitud, perfección y grandeza. Pero ¿qué pasa cuando la prestación no se brinda de la forma debida y de ello se derivan perjuicios? Y más aún, ¿cuál es la forma en que aquélla debe prestarse? Surge entonces, la responsabilidad médica y con ella el concepto de Lex Artis, a través de cuyo establecimiento se persigue estandarizar criterios y parámetros objetivos, exigibles a cada médico en el desempeño de esta actividad. En oposición a la Lex Artis, está la mal praxis, cuya manifestación ha conducido a un aumento en la judicialización de casos por negligencia médica en los últimos diez años. A este respecto, el profesor Mauricio Tapia ha señalado que: “Diversas razones explican el aumento de la litigiosidad en materia médica: la aceptación generalizada de la reparación del daño moral por daños corporales; una menor tolerancia frente a los riegos de la vida; los avances de la medicina, que aumentan exponencialmente los riesgos de error; la despersonalización de la relación entre el médico y el paciente, que debilita el antiguo vínculo de confianza con el médico de cabecera y el abandono correlativo del respeto reverencial que el paciente debía al profesional; la progresiva tipificación de derechos del paciente, cuyo cumplimiento puede ser exigido ante los tribunales (por ejemplo, a ser tratado con dignidad, a la confidencialidad de su expediente, a adoptar decisiones informadas, etc.), y el incentivo de los abogados a plantear acciones de baja probabilidad de éxito pero respaldadas por convenios de quota litis, pues la entidad de los perjuicios que se siguen de daños corporales crea expectativas de indemnizaciones cuantiosas.

Los problemas que pueden presentarse respecto al inicio y al término de la vida humana siempre han resultado de gran interés para las disciplinas prácticas como la ética, la política y el derecho. Particularmente, en las últimas décadas, en medio del progreso de la técnica que hace posible tratamientos intensivos destinados a mantener con vida a pacientes terminales a costa de una pobre calidad de vida1 , ha surgido a nivel mundial el debate sobre la regulación de una “muerte digna”2 . Es así que las defensas más radicales de la autonomía de la persona para disponer de su propia vida se han concentrado en demandar la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria estará orientada a desentrañar, en la medida de lo posible, un fenómeno de nuestro tiempo: la proliferación de los juicios por responsabilidad médica y averiguar en que proporción tales acciones son fundadas y en qué medida constituyen verdaderas "aventuras" judiciales. Además, creemos de mayor interés la exposición de la evolución operada, desde comienzos de la historia pasando por el derecho romano al siglo XIX y desde ésta hasta los tiempos actuales. Los antecedentes históricos con relación a la responsabilidad por malpraxis médica son de larga data y todas muy interesantes. Uno de los primeros códigos en recalcar la actividad vigilante de la sociedad civil sobre la actuación profesional médica a través del mecanismo sancionador judicial del estado lo constituye el conocido Código de Hammmurabi (2000AC). Otros Códigos o cuerpos legislativos, como el Ta Tsin Leu Lec han incluido normas reguladoras basadas en la necesidad de peritos en la investigación criminal y comprobación de la culpa referida a lex artis o lex médica en especial, imponiendo sanciones económicas y suspensión del ejercicio profesional.

Para la regulación del tratamiento de los datos sensibles médicos de trabajadores existen diversos deberes y derechos fundamentales involucrados: el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo, el deber de vigilancia de la salud de los trabajadores y no discriminación en el trabajo, el derecho a la protección de información sensible médica, el deber de respeto y confidencialidad de la información íntima del trabajador y el derecho y deber al secreto profesional médico. Estos deberes y derechos se encuentran comprendidos en tres fuentes normativas que deben interpretarse en consonancia: Las normas de seguridad y salud en el trabajo, las normas de protección de datos personales y las normas de salud. En el caso concreto se analiza si resulta válido que el empleador acceda, efectúe el tratamiento y transmita a la SUNAFIL los datos sensibles médicos del trabajador denunciante sin contar con un consentimiento informado, conforme a las garantías que otorgan los artículos 13.6 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, interpretadas en el marco de la asimetría propia de una relación laboral. / For the regulation of the treatment of sensitive medical data of workers, there are various duties and fundamental rights involved: the fundamental right to safety and health at work, the duty to monitor the health of workers and non-discrimination at work, the right to the protection of sensitive medical information, the duty of respect and confidentiality of the intimate information of the worker and the right and duty to medical professional secrecy. These duties and rights are included in three normative sources that must be interpreted in consonance: Safety and health regulations at work, personal data protection regulations and health regulations. In the specific case, it is analyzed whether it is valid for the employer to access, carry out the treatment and transmit to SUNAFIL the sensitive medical data of the complainant worker without having informed consent, in accordance with the guarantees granted by articles 13.6 and 18 of the Law. Protection of Personal Data, interpreted within the framework of the asymmetry of an employment relationship.