A fines del año 1982 Las Fuerzas Armadas entraron a tallar para combatir en el conflicto de la violenta campaña para destruir el Estado peruano que buscaba someter a la sociedad peruana a un régimen autoritario y totalitario, el orden interno del país había caído en un descontrolado desorden social y considerando que el personal militar y policial requería condiciones de vida que le permitiera desarrollar y abocarse a sus labores, riesgos y compromisos propios de su profesión, y siendo el problema de la vivienda un factor de desigualdad frente a los demás actores de la sociedad. Es así que siendo política del gobierno de turno promover que la población tenga acceso a tener una vivienda propia, se propuso la creación de los Fondos de Vivienda Militar y Policial y más adelante su modernización en aspectos de régimen legal aplicable a estos fondos; esto permitió proteger a la familia de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que por razones de servicio o con ocasión de él en los diferentes puntos del país en que se encontraban permanentemente expuestos a los riesgos que implica combatir la delincuencia terrorista y el tráfico ilícito de drogas dada la situación social de emergencia que vivía nuestro País. Dentro de la estrategia para la alcanzar la Pacificación Nacional, se hizo necesario no sólo acondicionar las normas penales y procesales para combatir eficazmente la delincuencia terrorista y el tráfico ilícito de drogas, sino que fue conveniente fomentar, promover y otorgar incentivos dentro de las normas de austeridad, a quienes en directo cumplimiento de su función, sufrían las consecuencias de este accionar delictivo como es el caso ocurrido a elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, muchos de los cuales quedaron lisiados y en estado de invalidez permanente, lo que ameritó que el Estado proteja a dicho personal en tal situación, haciendo extensivo a sus deudos en caso de fallecimiento. El reto para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para administrar los Fondos de Vivienda Militar y Policial, cuyos recursos financieros provienen de la contribución del Estado (2%) y en mayor proporción del aporte del personal militar y policial (5%), ambos calculados en base a las remuneraciones consolidadas y pensionables del personal militar y policial en actividad y retiro, requiere de una estructura administrativa que permita desenvolverse cual Sector de Vivienda, con actores especialistas en Planeamiento Organizacional y Planeamiento Presupuestal entre otros, que permitan alcanzar una organización acorde a los servicios que brinda mediante la eficiente administración de los recursos financieros para cumplir con la finalidad para los cuales fueron creados. El presente trabajo de Investigación denominado “Modelo de Gestión Institucional para la articulación e integración del planeamiento a través de la implementación de las Secciones de Racionalización y Presupuesto en el Departamento de Planes del Fondo de Vivienda Militar de la Fuerza Aérea del Perú. 2017-2019”, es de alcance para el Fondo de Vivienda Militar de la FAP por cuanto según el diagnóstico realizado presenta este problema; es necesario precisar que la característica de constitución del Fondo de Vivienda Militar de la FAP difiere de los demás Fondos de Vivienda de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por cuanto se encuentra constituido mediante Escritura Pública en el Registro de Personas Jurídicas en el Libro de Asociaciones.