La resolución Nº 56.032 de año 2011 de la Contraloría General de la República establece que la propuesta de modificación Nº 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago propuesta por el Gobierno Regional y elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “no se ajusta al ordenamiento jurídico establecido” . De este pronunciamiento inferimos la obsolescencia del instrumento de proyección, que presenta múltiples debilidades que dificultan la producción, gestión y planificación del área metropolitana. Ante la falta de una Política Pública Nacional de Ciudad y Territorio que enmarque la discusión, el proceso de elaboración y aprobación del instrumento regulador permite rangos de discrecionalidad que vulnera la imparcialidad necesaria para el correcto desarrollo de un proceso de toma de decisiones públicas sobre el crecimiento de las ciudades y el mercado del suelo. Diversos actores corporativos se manifiestan y pugnan por sus intereses particulares, sin que el Estado juegue el rol de arbitraje que garantice el bien común, obstaculizando la gobernanza de la ciudad de Santiago. Es durante el curso de la elaboración y aprobación del instrumento, que el Plan pasa a ser el medio por el cual los actores plantean sus visiones sobre la ciudad, determinando así la producción social y urbana de Santiago como resultado de los conflictos e intereses divergentes en disputa. Desde esta perspectiva, este estudio analizó el proceso de toma de decisiones del Plan Territorial, estableciendo la normativa que lo orienta, identificando los actores relevantes, definiendo los momentos claves del procedimiento aprobatorio, y detallando el contenido de la construcción de las distintas visiones sobre la ciudad de Santiago.