A través del caso “Las demandas indígenas en el conflicto socioambiental hidrocarburífero entre el pueblo indígena amazónico Quechua del Pastaza y la empresa Pluspetrol Norte entre los años 2012 y 2013”, esta investigación pretende reflexionar sobre la siguiente interrogante: ¿Cómo se construyen las demandas indígenas en este conflicto? De esta pregunta se desprenden los 3 sub objetivos planteados: (i) describir a los actores y sus demandas, (ii) comprender el desarrollo de la estructura de oportunidad política y los recursos movilizadores en la movilización indígena y (iii) determinar los procesos de “encuadre” del discurso político indígena en la movilización. Este caso es un ejemplo de los conflictos que tienen como elemento la superposición de lotes de hidrocarburos en territorios indígenas, lo que ha originado intereses divergentes entre pueblos indígenas amazónicos y empresas petroleras, donde el Estado es el supuesto mediador de las confrontaciones y garantista de sus derechos. Sin embargo, son los pueblos indígenas los actúan colectivamente para exigir demandas mínimas y concretas al Estado, construyendo una serie de acciones a partir de una estructura de oportunidad política poco exitosa a nivel nacional y regional, fuertes recursos de movilización y el uso de discursos legitimados a través de hechos concretos, que combina el paradigma multicultural con el paradigma de la igualdad. Así, se generan movimientos indígenas como el dirigido por el pueblo Quechua del Pastaza en Loreto que ha sido afectado por impactos ambientales y sociales tras 40 años de contaminación petrolera en sus territorios. De modo que, la construcción de las demandas indígenas estaría ligada al inefectivo rol que cumple el Estado para garantizar el respeto por sus formas de desarrollo, el ejercicio de sus derechos fundamentales como colectivos y la adecuada fiscalización de impactos negativos generados por los proyectos de inversión de hidrocarburos.

A inicios del 2016 ocurrieron dos grandes derrames de petróleo en diferentes tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), en la Amazonía del Perú. El primer derrame se produjo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas, mientras que el segundo sucedió días después, en el distrito de Morona, provincia de Dátem de Marañón, región Loreto. Inmediatamente después de producidos los sucesos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA desplegó acciones de inspección y supervisión en las zonas de los derrames a fin de verificar sus causas e impactos ambientales. Posteriormente, OEFA emitió un par de resoluciones a través de las cuales se determinó la responsabilidad administrativa de la empresa PETROPERÚ S.A en la generación que los derrames producidos por la corrosión del Oleoducto, debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, incumpliendo con las obligaciones ambientales incluidas en su instrumento de gestión ambiental, PAMA y por no adoptar medidas adecuadas para el control y remediación de los derrames. Asimismo, OEFA acreditó la generación de daños reales y potenciales por la contaminación de los ríos, suelos, flora y fauna del ecosistema, así como daños a la salud de la población local indígena como consecuencia del consumo de agua y alimentos contaminados con petróleo. En síntesis, esta investigación evalúa las mencionadas resoluciones desarrollando los principales conceptos jurídicos relacionados a la responsabilidad ambiental en al marco de actividades económicas del subsector hidrocarburos y sobre los daños reales y potenciales al medio ambiente y salud humana generados por los derrames.