Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por finalidad ser una contribución en dos áreas del derecho que en los últimos años han experimentado un fuerte crecimiento en América del Sur, a saber: el derecho ambiental y las fórmulas alternativas de resolución de conflictos jurídicos. En la mayoría de los países de la región, incluso hasta nuestros días, los conflictos de relevancia jurídica se resuelven por la vía del proceso. No obstante lo anterior, las llamadas formas alternativas de resolución de conflictos, adquieren cada vez más adeptos, siendo utilizadas prácticamente en todas las áreas del derecho.

En el Perú al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica las políticas ambientales han sido producto de iniciativas estatales y no de demandas de la ciudadanía, siendo la firma de tratados internacionales y la actuación de actores globales como ONG´s, cooperación internacional y organismos internacionales la principal causa. En esta investigación se busca ver cómo se han dado las políticas públicas referidas al control de sustancias peligrosas en el Perú tomando en cuenta los factores externos e internos que influyen así como su interacción. Para ver cómo es que se da esto se estudió el caso del “Proyecto Manejo y disposición ambientalmente racional de Bifenilos Policlorados en el Perú”, parte del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, que fue firmado por el Estado peruano el 2001. En esta investigación se responde la pregunta ¿Qué factores influyeron en la creación de políticas referidas al control y eliminación de sustancias peligrosas? Para ello se utiliza el marco teórico de fiscalización ambiental, transferencia de políticas públicas, política pública global y administración transnacional, y coordinación interinstitucional. Asimismo se muestra el estado de la cuestión en política y fiscalización ambiental en Latinoamérica y Perú y se estudia el origen del proyecto así como el proceso de transferencia de este por parte de los actores externos al país así como su implementación por parte de actores locales. En la investigación se encuentra que en el caso de estudio los factores externos fueron los más importantes ya que en la fase de diseño y transferencia de este fueron los principales responsables y su influencia en la fase de implementación a través de la presión ejercida a través de la Coordinación del Proyecto determinaron en gran parte la existencia en primer lugar de un proyecto relacionado al manejo adecuado y eliminación de esta sustancia peligrosa así como su éxito; sin embargo, los factores internos también tuvieron una gran importancia en especial en la fase de implementación, ya que sin un adecuado liderazgo por parte de la Coordinación del Proyecto que logre coordinar exitosamente con el resto de instituciones participantes, en especial DIGESA y las empresas eléctricas no se hubiera logrado cumplir con muchos de los objetivos propuestos

El Acuerdo de Escazú es el primer Acuerdo regional, de América Latina y El Caribe (ALC), que promueve el derecho al acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Este Acuerdo fue negociado entre el 2012 y 2018, año en que se logró el documento final. En este marco, el énfasis puesto en los defensores ambientales llama la atención, debido a que no existía ninguna decisión vinculante previa que obligue a los países latinoamericanos a emprender dicha tarea. Por eso, esta investigación se pregunta ¿Qué razones llevaron al surgimiento del Acuerdo de Escazú? En otras palabras, ¿qué ha llevado a los países latinoamericanos a cooperar para lograr este Acuerdo? A partir de ello, se decidió usar el liberalismo como teoría de las Relaciones Internacionales para explicar el surgimiento de la cooperación en torno al Acuerdo de Escazú. Para ello, se recogieron fuentes primarias y secundarias, que mostraron que las preferencias convergentes de los estados latinoamericanos para realizar el Acuerdo giraron en torno a la necesidad de un tratado regional sobre el Principio 10 de la Declaración de Río y respondieron a la situación de los defensores ambientales en la región.