Después de muchos años de inexistencia de una política pública de salud mental propiamente dicha, es a raíz del conflicto armado interno, que toda la atención y preocupación del Estado, se enfocaron en las secuelas que dejaría este periodo a la población que le tocó vivirlo, lo que hizo que siguiendo las recomendaciones de la CVR, se revisará la atención de la salud mental en el Perú. En el año 2003, un grupo de actores, integrado por defensores de los DDHH y otros especializados en salud mental, elaboró una propuesta, desde el enfoque de la CVR, para desarrollar una política de salud mental en el Perú. Esta propuesta fue debatida durante un primer periodo (2006-2011), para luego ser desarrollada por otro grupo de actores en el cambio de gobierno, que tuvo como producto final una política de salud mental que se desligaba de su enfoque original que señalaba la necesidad de una atención intercultural y especializada en el tratamiento, por parte del Estado peruano, de la salud mental de las poblaciones vulnerables. Este debate ha sido reabierto en el año 2016, a través de la proposición de un texto sustitutorio de la ley, poniendo de relieve como ésta política, que no enfrenta situaciones de conflicto social ni tiene beneficiarios con capacidad para movilizarse y plantear demandas, sufre diferentes discusiones y cambios a través del tiempo. En la presente tesis buscaremos explicar los cambios que ha sufrido la política de salud mental en el Perú, empleando el enfoque de las coaliciones promotoras de políticas a partir de los conflictos en torno a los valores y percepciones sobre la locura y su relación con la violencia, los cuales movilizan a determinadas “comunidades de políticas” (Hayakawa 2017). Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo explicar el cambio o policy change en la formulación de la política de salud mental peruana durante el período 2003 al 2016, a través del marco de análisis de las coaliciones promotoras o Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins 1999), en el cual se analiza el subsistema de la política de salud mental para analizar el papel de determinadas actores estatales y no estatales que impulsan ideas compartidas (policy beliefs) sobre cómo abordar la política. Es decir se trata de explicar cómo el papel de estas ideas sobre la salud mental y la locura, compartidas por las diferentes coaliciones de actores, ha impulsado procesos de aprendizaje y cambio en la política pública de salud mental entre 2003 y 2016, determinando que a pesar de ser una política aparentemente poco conflictiva, debido a la poca capacidad de movilización de beneficiarios y representantes, el proceso de formulación se revisa y modifica varias veces a lo largo de nueve años desde el surgimiento de la CVR, lo que a su vez ha dificultado su adecuada implementación resultando finalmente su inicio, realmente conflictivo / Tesis

Después de muchos años de inexistencia de una política pública de salud mental propiamente dicha, es a raíz del conflicto armado interno, que toda la atención y preocupación del Estado, se enfocaron en las secuelas que dejaría este periodo a la población que le tocó vivirlo, lo que hizo que siguiendo las recomendaciones de la CVR, se revisará la atención de la salud mental en el Perú. En el año 2003, un grupo de actores, integrado por defensores de los DDHH y otros especializados en salud mental, elaboró una propuesta, desde el enfoque de la CVR, para desarrollar una política de salud mental en el Perú. Esta propuesta fue debatida durante un primer periodo (2006-2011), para luego ser desarrollada por otro grupo de actores en el cambio de gobierno, que tuvo como producto final una política de salud mental que se desligaba de su enfoque original que señalaba la necesidad de una atención intercultural y especializada en el tratamiento, por parte del Estado peruano, de la salud mental de las poblaciones vulnerables. Este debate ha sido reabierto en el año 2016, a través de la proposición de un texto sustitutorio de la ley, poniendo de relieve como ésta política, que no enfrenta situaciones de conflicto social ni tiene beneficiarios con capacidad para movilizarse y plantear demandas, sufre diferentes discusiones y cambios a través del tiempo. En la presente tesis buscaremos explicar los cambios que ha sufrido la política de salud mental en el Perú, empleando el enfoque de las coaliciones promotoras de políticas a partir de los conflictos en torno a los valores y percepciones sobre la locura y su relación con la violencia, los cuales movilizan a determinadas “comunidades de políticas” (Hayakawa 2017). Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo explicar el cambio o policy change en la formulación de la política de salud mental peruana durante el período 2003 al 2016, a través del marco de análisis de las coaliciones promotoras o Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins 1999), en el cual se analiza el subsistema de la política de salud mental para analizar el papel de determinadas actores estatales y no estatales que impulsan ideas compartidas (policy beliefs) sobre cómo abordar la política. Es decir se trata de explicar cómo el papel de estas ideas sobre la salud mental y la locura, compartidas por las diferentes coaliciones de actores, ha impulsado procesos de aprendizaje y cambio en la política pública de salud mental entre 2003 y 2016, determinando que a pesar de ser una política aparentemente poco conflictiva, debido a la poca capacidad de movilización de beneficiarios y representantes, el proceso de formulación se revisa y modifica varias veces a lo largo de nueve años desde el surgimiento de la CVR, lo que a su vez ha dificultado su adecuada implementación resultando finalmente su inicio, realmente conflictivo

La presente investigación tiene como objetivo principal el de recoger las percepciones y satisfacción de los usuarios y otros actores involucrados sobre los servicios de salud mental peruanos e identificar los factores de cada modelo, de los 2 que coexisten actualmente, que inciden en la calidad de vida de los primeros. El estudio se llevó a cabo en los años 2018 y 2020 en Lima, Junín y Loreto. Durante el año 2018, se realizaron observaciones al hogar protegido Santa Rosa en Loreto y entrevistas a personal de salud. Posteriormente, en el año 2019 se hicieron las historias de vida y en el 2020, se incorporó al análisis los Centros Comunitarios de Salud de Carabayllo y Villa María del Triunfo en Lima y Chica en Junín, con el fin de contar con información de ambos servicios, los cuales, junto con el primer nivel de atención en los centros de salud, componen el servicio de salud mental con enfoque comunitario. Asimismo, las historias de vida dan cuenta del modelo de atención manicomial y del modelo de atención con enfoque comunitario, a través de los centros de salud mental comunitarios. Esta investigación es relevante para la Gerencia Social dado que las condiciones de este servicio se han invisibilizado durante años debido al estigma de las enfermedades mentales, sin garantizar ni supervisar su calidad. De esta manera, muchos usuarios han sufrido situaciones que han ido en contra de su dignidad humana. Esto se pretende revertir mediante la incorporación de un nuevo marco legal, el cual dictamina que la atención de la salud mental se realice en el marco de un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral, participativo, descentralizado e intersectorial; de manera ambulatoria, como parte del entorno familiar, comunitario y social, considerando el internamiento como un recurso terapéutico excepcional que debe realizarse con consentimiento del usuario. El analizar si las condiciones antes mencionadas se cumplen, puede dar una pauta para una reforma integral de los principales servicios estatales que inciden en la calidad de vida de las personas, especialmente de colectivos vulnerables. El marco teórico utilizado incluye la perspectiva de la atención de salud mental con enfoque comunitario, el enfoque de desarrollo sostenible, y el enfoque de derechos y dignidad. La metodología planteada es de tipo cualitativo, a través de la percepción de usuarios y otros actores, recogida mediante observaciones, historias de vida y entrevistas no estructuradas. Finalmente, se concluye que el modelo comunitario cumple con lo establecido en la ley de manera más adecuada que el modelo anterior, aunque se deben mejorar varios aspectos de su funcionamiento para considerarlo como un programa exitoso.