La minería afronta varios retos socio ambientales, entre ellos el garantizar a la sociedad en general, que las operaciones mineras puedan cerrarse de manera sustentable al final de su periodo productivo. Sin embargo, el cierre de una operación minera puede darse de manera súbita antes de haber culminado su cierre progresivo y haber extraído totalmente la reserva estimada, creando impactos socio ambientales significativos y/o contaminación. El Estado para corregir las externalidades negativas que se asocian a la contaminación ambiental en las actividades mineras, ha desarrollado mecanismos de Comando y Control para modificar y/o controlar la conducta degradativa, entre ellos, la obligatoriedad del plan de cierre de minas y la consignación de la garantía ambiental. En línea a este preludio; el objetivo central del presente estudio, es fundar lineamientos para el fortalecimiento del marco regulatorio de cierre de minas a fin de suprimir la evasión de responsabilidad ante el abandono súbito de una operación minera. El plan de cierre de una mina es una proyección a futuro, por lo que el análisis de costos de las actividades de cierre, previo a extraer todas las reservas de mineral es inexacto, por existir diversas fuentes de incertidumbre que no se conocen, enmarcando el problema de investigación, en torno a la estimación de la idoneidad de la garantía ambiental para salvaguardar todas las actividades de cierre en caso de abandono y/o incumplimiento de cierre. La metodología del presente estudio es cualitativa que incluye métodos teóricos y prácticos, basado en el diagnóstico actual de marco normativo de la gestión del cierre Las conclusiones obtenidas a manera de resultados se circunscriben en que la Ley de Cierre de Minas N°28090 y su reglamentación debe contemplar cambios relevantes, a efectos de permitir una adecuada estimación de costos y gastos de las actividades de cierre, donde; no solo se contemplen costos regulatorios sino también costos potenciales, se suprima toda tentativa de quiebras pre planificadas y se incorpore en el cálculo de la garantía ambiental los costos de cierre progresivo y el valor del riesgo potencial de las actividades de cierre en el largo plazo. Finalmente, en relación al caso Quiruvilca, la ejecución de la garantía ambiental por parte del Estado ante el abandono súbito de la unidad minera, no salvaguarda a la sociedad de asumir la mitigación ambiental en el largo plazo, siendo hoy por hoy la Ex unidad minera Quiruvilca es un nuevo pasivo ambiental minero. / Mining faces several socio-environmental challenges, including guaranteeing to society in general that mining operations can be closed in a sustainable manner at the end of their productive period. However, the closure of a mining operation may occur suddenly before its progressive closure has been completed and the estimated reserve has been fully extracted, creating significant socio-environmental impacts or contamination. The State to correct the negative externalities that are associated with environmental contamination in mining activities, has developed Command and Control mechanisms to modify and / or control the degrading behavior, including the mandatory closure of the mine plan and the provision of the environmental guarantee. Online to this prelude; The main objective of this study is to establish guidelines for strengthening the regulatory framework for mine closure in order to eliminate the evasion of responsibility for the sudden abandonment of a mining operation. The mine closure plan is a projection into the future, therefore, the cost analysis of the closure activities, prior to extracting all the mineral reserves, is inaccurate, as there are various sources of uncertainty that are not known, framing the research problem, around the estimation of the suitability of the environmental guarantee to safeguard all closure activities in case of abandonment and / or failure to close. The methodology of the present study is qualitative that includes theoretical and practical methods, based on the current diagnosis of the regulatory framework for closure management The conclusions obtained as results are circumscribed in that the Mine Closure Law No. 28090 and its regulations must contemplate relevant changes, in order to allow an adequate estimation of costs and expenses of the closure activities, where; Not only regulatory costs but also potential costs are contemplated, all pre-planned bankruptcy attempts are eliminated and the costs of progressive closure and the value of the potential risk of closing activities in the long term are incorporated in the environmental guarantee calculation. Finally, in relation to the Quiruvilca case, the execution of the environmental guarantee by the State in the face of the sudden abandonment of the mining unit does not safeguard society from assuming environmental mitigation in the long term, being today the former mining unit. Quiruvilca is a new mining environmental liability. 1 / Trabajo de investigación

Además de los pasivos ambientales mineros que a la fecha exceden el número de 7000 a nivel nacional, existen otras unidades mineras que corren el riesgo de quedar abandonadas o ser paralizadas de forma definitiva, incrementando el patrimonio minero inactivo. Al respecto, su falta de atención, su gestión deficiente y los escenarios limitados que existen para su tratamiento, comprometen seriamente el desarrollo sostenible que se exige para todas las actividades y etapas vinculadas a la minería. En ese escenario, se deben evaluar otras alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de dicho patrimonio, que sostenga equilibradamente el desarrollo económico, la protección ambiental y la promoción social. A tal efecto, a través del análisis de impacto regulatorio hemos concretado la descripción del escenario actual sobre el tema en el Perú, tomando el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya como uno relevante, por sus características particulares, la importancia de su atención inmediata y el papel importante que tiene para la recuperación integral y sostenible de La Oroya, así como los escenarios que se manejan en otros países, pioneros y referentes en la gestión del patrimonio minero inactivo. A partir de dicho análisis, se ha determinado que no existe limitación alguna que permita plantear una política para la revalorización del patrimonio minero inactivo, y menos aún emprender acciones concretas para atender con prontitud casos como el del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Como resultado de la investigación, se ha determinado que todas las acciones que se adopten para la revalorización alternativa del patrimonio minero inactivo, contribuyen con el desarrollo sostenible del país.