Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país, cuatro son los casos de suicidios consumados de jóvenes infractores a la ley penal, desde el inicio de la Reforma Penal Adolescente en el año 2007, a la fecha. Abordar la prisión como un factor de riesgo que puede detonar o acrecentar patologías de salud mental en los menores de edad, la cobertura mediática de los decesos ocurridos y el análisis de los Informes de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC) son, entre otros, los aspectos que surgen en la presente investigación y que permiten no sólo establecer características específicas de una realidad carcelaria que, en general, envuelve variados aspectos negativos, sino que, además, la contrapone directamente a los deberes de cuidado y protección que el Estado detenta respecto de todo menor, y más aún, respecto de aquellos infractores que se encuentran en una particular vulnerabilidad por estar en absoluta sujeción al poder estatal. Una confrontación que a fin de cuentas, dilucida cómo el Estado de Chile es responsable de las muertes de jóvenes adolescentes por medio de la autolesión, al interior de distintos centros cerrados o semicerrados de cumplimiento de una sanción penal