La Ley de Recursos Hídricos (No 29338) de 2009 transformó el marco normativo e institucional del sector hídrico en el Perú hacia un enfoque en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Este cambio fue significativo después de 40 años de vigencia de la ley anterior que priorizaba el uso agrícola del recurso hídrico. A través de un análisis del marco normativo actual y la institucionalidad existente combinado con una mirada a las relaciones históricas entre la burocracia hídrica del Estado y la sociedad peruana, este artículo argumenta que la institucionalidad del agua contemporánea refleja la persistencia de una cultura tecnocrática basada en la ingeniería y la manipulación y control de la naturaleza que predominaba al nivel global en el siglo 20. El trabajo muestra como la burocracia hídrica actual en el Perú ha consolidado su autoridad sobre el agua a través de la asimilación y desarrollo de una variante de la GIRH que prioriza el establecimiento de derechos formales al agua, el reconocimiento del valor económico del recurso hídrico, y un creciente enfoque en la eficiencia del uso del agua. / The 2009 Hydrologic Resources Law (Law 29338) shifted the legal and institutional framework in Peru’s water sector toward a focus on Integrated Water Resource Management (IWRM). This change formally ended the explicit prioritization of water for agricultural uses that had prevailed for four decades under the prior legal regime enacted during the nation’s agrarian reform. This article combines analysis of Peru’s current legal and institutional setting for water management with examination of the historical dynamics betweenthe state water bureaucracy and Peruvian society to argue that the existing arrangements for water governance reflect the enduring influence of an engineer-led technocracy rooted in the high-modernist approaches of the 20th century. The article illustrates how the state bureaucracy has consolidated centralized authority over the water sector through assimilation and adaptation of the IWRM paradigm and the development of a water regime that prioritizesthe formalization of water rights, recognition of the economic value of water, and water-use efficiency.