Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La problemática actual de los derechos de las minorías indígenas, principalmente en lo que respecta a Propiedad, Consulta y Participación, representa un gran desafío para los Estados democráticos y culturalmente diversos. Tal es el caso del Continente Americano, cuyos pueblos originarios han adquirido cada vez más notoriedad como actores sociales y han logrado paulatinamente la reivindicación de algunos de sus derechos y garantías por tanto tiempo preteridos. Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos empleados por las sociedades de la región y aunque la perspectiva indígena ha permeado tanto las instituciones estatales como la conciencia popular, muchas veces los pueblos indígenas ven desamparados sus intereses y en peligro su existencia frente al modelo económico y filosófico occidental, que implica por un lado, proyectos de desarrollo basados en la explotación compulsiva de los recursos, la búsqueda de activos únicamente en aquellos bienes de apreciación pecuniaria, y por otro la concepción masificada del Derecho de Igualdad como un elemento asimilacionista. Así las cosas, cuando la labor de las instituciones nacionales resulta insuficiente para proteger y garantizar las prerrogativas de los pueblos en cuestión, éstos, se han visto en la necesidad de ampararse y recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para resolver las contiendas jurídicas. En el marco del mencionado Sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ente protector de los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, ha fallado sobre esta materia en numerosas ocasiones sentando una especie de precedente y superando por cierto, muchos paradigmas del liberalismo. La comprensión del Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha tenido vital importancia para lograr el resguardo efectivo de las minorías 12 étnicas, pues es en primer lugar, gracias a la aplicación de sus normas por los Tribunales Nacionales de los Estados ratificantes, y a su uso a modo de guía en el trabajo interpretativo de la Corte en segundo, que se ha logrado la concientización popular de la Cuestión Indígena moderna, y asimismo, diversas medidas de protección a las garantías de dichos pueblos tanto a nivel administrativo como legislativo, y por supuesto judicial.