La presente tesis busca explicar un caso atípico en la legislación peruana y, al mismo tiempo, un logro para la justicia transicional: la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000). La respuesta a una de las más grandes deudas que arrastraba el Estado desde el restablecimiento de la democracia tuvo lugar en el Congreso, sorprendentemente, con una aprobación mayoritaria que incluyó al sector conservador, sin los enfrentamientos usuales de un contexto social y político polarizado. Gracias a la capacidad de adaptación del movimiento de derechos humanos y las organizaciones de víctimas lograron el objetivo y con ello, el inicio de un nuevo enfoque y política de Estado, dejando atrás intentos fallidos. Mediante una metodología cualitativa, se busca analizar el proceso de incidencia desde la sociedad civil y determinar los factores que permitieron la aprobación de esta ley en mayo de 2016. La articulación entre distintas organizaciones de familiares, organismos de derechos humanos y aliados dentro del Estado, promovió la formación de una coalición que movilizó distintos recursos a nivel nacional hacia el objetivo común de encontrar a personas desaparecidas desde hace más de 30 años. El cambio de enfoque hacia uno más humanitario y la estrategia comunicativa diseñada específicamente para evidenciar ello fue fundamental para convencer a sectores usualmente adversos a estos temas, y evitar así cuestionamientos que deslegitimaran su propuesta. Asimismo, las estrategias de presión hacia los tomadores de decisión del periodo 2011-2016 aseguró el compromiso de los individuos hacia una causa que, para muchos, les era desconocida.