TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN / Roberto Alvial Soto [Parte I], Marcelo Contreras Inostroza [Parte II] / Con fecha 7 de enero de 2014 se publicó la Ley 20.712 “Administración de fondos de terceros y carteras individuales”1, la cual tuvo por objetivo realizar cambios que permitieran a Chile transformarse en un país exportador de servicios financieros, al igual como en el pasado ocurrió con otros sectores relacionados a las materias primas. El propósito anterior requirió una reforma profunda de los diversos cuerpos legales que coexistían hasta ese momento, basándose en dos pilares fundamentales: un conjunto de cambios de índole institucional, y otro conjunto reformas, de carácter tributario. Como resultado, se generó un único cuerpo legal aplicable a la prestación de los servicios de administración de fondos y carteras individuales, derogando las disposiciones aplicables a la administración de Fondos mutuos (DL Nº1.328 de 1976), de Fondos de inversión (Ley 18.815 de 1989), de Fondos de inversión de capital extranjero (Ley Nº18.657 de 1989). En relación con los Fondos para la vivienda, se modificó la Ley Nº19.281 de 1976.

Tesis para optar al grado de Magíster en Tributación / El pago de impuestos es una de las principales vías de recaudación de los Estados; este ingreso permite el desarrollo de importantes políticas públicas. En este sentido, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta, son los que aportan una mayor recaudación a las arcas fiscales y, por lo tanto, los más importantes al momento de analizar la elusión y la evasión. Si bien, a la fecha no se cuenta con información concreta sobre las estadísticas de elusión en Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) sí ha elaborado y publicado informes sobre la evasión; es así, como de acuerdo a la “Serie de evasión de IVA 2003-2015”, en el año 2015, se indica que la evasión de IVA ascendía a 20,3%, equivalentes a $3.217.847 millones de pesos nominales, por su parte, la “Estimación de evasión de impuesto a la renta de las empresas Serie 2003-2009”, indica que la tasa de evasión para el año 2009 alcanzaba un 31%, lo que significó una suma de $1.472.545 millones de pesos. Estas cifras, sólo demuestran lo grave y pernicioso que resulta la elusión y la evasión para los Estados, teniendo repercusiones a diferentes niveles y produciendo serios problemas en la distribución de la riqueza, la igualdad de las cargas públicas, la recaudación fiscal, la eficiencia del sistema tributario y en la observancia al principio de legalidad en materia de tributos. Estas preocupaciones no son problemas aislados de las naciones, sino que surgen a nivel mundial, es así como Lagarde (2016), en un discurso realizado en nombre del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Abu Dhabi, señalaba que existen dos principios claves para las economías exitosas del siglo XXI; el primero de ellos se relaciona con la capacidad de los países de generar más recursos públicos y con ello proveer de bienes públicos que apunten a un crecimiento sólido y duradero, y el segundo, se relaciona con la tributación internacional, y con ello la importancia de disuadir la competencia fiscal entre los países, a efecto de evitar que las utilidades se diluyan en países de baja tributación. En consecuencia, señala que tanto la evasión como la elusión fiscal son temas prioritarios en la agenda mundial. En este contexto, Yáñez (2015a, p. 173), define la evasión como “…una actividad ilegal, por medio de la cual los contribuyentes reducen el monto del impuesto, que al proceder de forma correcta, les habría correspondido pagar.” Por otra parte, y de acuerdo al mismo autor (2015b), la elusión, es un concepto que puede ser usado en dos sentidos. El primer sentido se relaciona con la disminución de responsabilidad tributaria que obtienen los contribuyentes haciendo uso de los beneficios que las propias leyes establecen, por lo que se trata de actos completamente lícitos. El segundo sentido, se relaciona con el espíritu de la ley y como dichos actos serían contrarios a aquel, lo cual se produciría en aquellos casos que el texto legal es más bien complejo y presente vacíos que permitan la interpretación. En este último caso, los contribuyentes utilizarían dichas interpretaciones para realizar actos que no resultan aceptables y que por tanto se podrían considerar como ilícitos. El presente informe se enfocará al segundo concepto: la elusión. En una de las presentaciones realizadas por la Subdirección Jurídica del SII, con motivo de las modificaciones realizadas al Código Tributario (CT) introducidas por la Ley N°20.780, se planteó que “Existe un creciente consenso en torno a que nuestro sistema tributario y sus normas de fiscalización permiten obtener ventajas mediante planificaciones tributarias elusivas. Nuestro sistema tiene dificultades para sancionar las planificaciones que tienen el sólo propósito de sacar ventajas tributarias en la realización de una operación o conjunto de operaciones relacionadas entre sí.”, en este sentido la autoridad tributaria reconoce estar en desventaja frente a las planificaciones tributarias elusivas llevadas a cabo por los contribuyentes, ya que no existía una norma que lo regulara. La preocupación de la administración tributaria chilena es consistente con los altos niveles de evasión y elusión mundial. En el año 2016, en la revista online “Pulso.cl”, el subdirector de fiscalización del SII señaló que los Estados pierden entre US$100 y US$250 billones de recaudación producto de prácticas tributarias elusivas. Si bien el sistema tributario chileno, hasta antes de la Ley N°20.780, ya consideraba normas anti-elusivas específicas, no contemplaba una norma general que abarcara todos aquellos casos que no se encontraban tipificados. Por ello y según lo indicado en la circular N°65 de 2015, la incorporación de la Norma General Antielusiva (NGA), en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 4 quinquies del CT, tiene como objetivo establecer una normativa general tendiente a prevenir y atacar la evasión y elusión fiscal, conforme a las recomendaciones entregadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y con ello controlar y prevenir la obtención de ventajas tributarias indebidas por parte de los contribuyentes.