Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se enfoca en el análisis de la negociación colectiva reglada en la legislación laboral chilena, específicamente el estudio se concentra en la etapa administrativa denominada “Objeciones de Legalidad”, que se origina cuando el empleador hace observaciones al proyecto de Contrato Colectivo presentado por los trabajadores, o en su caso, las observaciones que éstos hacen de la respuesta del empleador a su proyecto de Contrato Colectivo. Es aquí en donde el ente administrativo, la Inspección del Trabajo, o en su caso, la Dirección del Trabajo, tiene un rol decisorio, ya que el artículo 331 del Código del Trabajo le entrega al organismo fiscalizador de las relaciones laborales en nuestro país, facultades auténticamente jurisdiccionales al facultarlo para resolver estas “Objeciones de Legalidad”. El conflicto se genera, toda vez que no es factible recurrir en contra de la resolución dictada por la Inspección del Trabajo en esta materia, ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, idea que el suscrito no comparte, existiendo 5 disposiciones legales y jurisprudencia que señalan lo contrario, generando así un conflicto de competencia, entre el órgano administrativo y los Tribunales Ordinarios de Justicia. En el desarrollo de este memoria, se analizan las normas que reglan el Proceso de Negociación Colectiva chileno, las distintas posturas que otros países en Latinoamérica sostienen, los distintos medios que se han usado para impugnar la resolución que pronuncia la Inspección del Trabajo y sus resultados jurisprudenciales, especialmente mediante la interposición de recursos de Queja, que si bien, son rechazados, anulan lo actuado en virtud de las facultades de oficio que entrega la Ley a la Corte Suprema, todo lo cual lleva a establecer la existencia de un problema judicial real y efectivo, lo que conlleva al suscrito a proponer soluciones y modificaciones legales con el fin de complementar y aclarar el Procedimiento de Negociación Colectiva en nuestro Código del Trabajo, esclareciendo así ambigüedades y lagunas en relación con la competencia de los entes encargados de resolver estas “Objeciones de Legalidad”