El proyecto plantea la necesidad de construir nuevos centros, capaces de absorber la demanda creciente de jóvenes infractores. Centros de cumplan con las necesidades programáticas y de seguridad que requieren este tipo de recintos; para así no seguir con los constantes desvaríos que de una u otra forma interrumpen cualquier proceso de rehabilitación posible

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La situación carcelaria actual por la que atraviesa nuestro país es una de las más graves en su historia. Las cárceles están saturadas de internos, no cuentan con las condiciones mínimas de dignidad ni permiten la rehabilitación de los delincuentes. A modo de ejemplo, el actual déficit carcelario es de 60%, el mayor en los últimos 30 años, lo que significa que donde hoy hay 10 reclusos, debiera haber seis. Las condiciones de vida dentro de los recintos son tan inadecuadas, que la rehabilitación es prácticamente imposible, lo que se traduce en reincidencia. Además, el hacinamiento dificulta la posibilidad de separar a los reclusos más experimentados de los primerizos, lo que, lejos de interrumpir la carrera delictiva, fomenta su perfeccionamiento. La falta de infraestructura contribuye a un ambiente en el que la promiscuidad y la droga impiden que los reclusos cumplan sus condenas con dignidad. Los motines, tomas, fugas, huelgas y desórdenes que se han producido en los últimos años claramente se deben a estos graves problemas de sobrepoblación penal y déficit carcelario. Con el objetivo de abordar el problema, el gobierno ha impulsado un proyecto de concesión de infraestructura penitenciaria a privados. De esta forma, por medio del pago de un subsidio que el Estado cancelará al concesionario, se construirán 10 nuevos centros. El objetivo del presente proyecto es proyectar un Recinto penitenciario que refleje el pensamiento actual y las intenciones de reinserción social de los internos, más allá de ser un simple contenedor de individuos apartados temporalmente de la sociedad.

Actualmente existe una enorme cantidad de problemáticas sociales necesarias de ser abordadas en nuestro país, y donde la arquitectura puede y debe aportar. Sin embargo, la crisis del sistema penitenciario en Chile, a mi parecer, se sitúa al tope de la lista debido al grave irrespeto a los derechos y garantías de quienes están privados de libertad. Sin ir más lejos basta recordar el cuadro de precariedad de la capitalina cárcel de San Miguel que condujo a la tragedia de Diciembre de 2010, con saldo de 81 reos muertos. ¿Cómo la arquitectura responde a esta realidad? Es nuestra tarea aportar con lo necesario para el desarrollo de una sociedad más justa, más humana. Enmarcándose en la nueva reforma al sistema penitenciario que el gobierno ha hecho pública durante el último año, se buscará la manera de centrar un recinto carcelario específicamente en la rehabilitación y reinserción de los condenados, más que en el castigo y simple encierro, mejorando a su vez la relación que este pueda tener con la ciudad. Así se pretende establecer nuevas conexiones y brindarle un nuevo sentido a la relación cárcelciudad, dualidad hasta el día de hoy cargada de negativismo. La citada reforma centra sus esfuerzos en mejorar la calidad del actual sistema abordando principalmente los temas de perfeccionamiento de Gendarmería, segregación de la población penal y el problema del hacinamiento en los recintos carcelarios de todo el país. Con estas iniciativas quedan sentadas las bases para avanzar en un quinto eje, que se refiere a potenciar la rehabilitación y reinserción de los condenados a través del estatuto laboral del preso. Bajo el concepto de los CET (centros de estudio y trabajo, centrados esencialmente en la rehabilitación y reinserción de los condenados) es que un proyecto de esta naturaleza cobra sentido, entendiendo que el funcionamiento de estos centros apunta esencialmente a la reinserción de aquellos condenados privados de libertad que cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y trabajo remunerado como parte del subsistema semi-abierto. Estos centros se transforman de esta manera en la única conexión entre la sociedad y los condenados, siendo el vehículo más eficaz para lograr una correcta reinserción social. Ante la problemática planteada se propone el desarrollo de una nueva tipología dentro del sistema penitenciario, centrada en la rehabilitación y reinserción social de internos de baja peligrosidad. El eje de este proyecto es el proceso de rehabilitación, por lo que la capacitación de los internos mediante el trabajo y el estudio es esencial, así como también su contacto con la sociedad. La conexión de este nuevo proyecto penitenciario con ciudad de Los Ángeles es vital para el desarrollo de esta tarea, teniendo en cuenta la potente actividad forestal que es llevada a cabo en la zona, y la intima pero tensa relación existente entre la actual cárcel y la propia ciudad. Ambos factores influyen decisivamente en la conformación del proyecto, así como también en el rol que adopta en materia laboral y educativa. Al conferirle a un recinto carcelario existente que alberga reos de baja peligrosidad el valor agregado que confiere un CET, es decir, de centro productivo que aporta a la sociedad, se pretende fortalecer la relación cárcel-ciudad fomentando a su vez la correcta readaptación del condenado, transformando su pena en una oportunidad para surgir.

El origen del proyecto se basa en la necesidad de crear nuevos centros privativos de libertad para menores debido a la puesta en marcha de la nueva ley penal juvenil. Esto quiere decir que los menores entre 14 y 18 años son imputables, por ende van a ser juzgados y procesados por la nueva ley y con esto automáticamente aumentará la demanda de plazas en estos recintos. Por otra parte las condiciones de habitabilidad en los recintos actuales del SENAME, son en muchos casos denigrantes, haciendo verdaderamente inviable la posibilidad real de rehabilitación y reinserción de un menor. Muy por el contrario, se convierten generalmente en escuelas de delito.

Memoria para optar al título de Arquitecto / La evolución de la delincuencia en Chile ha sido progresiva durante los últimos años, al igual que la necesidad de combatirla. Según el Centro de Estudio Nacional de Opinión Pública, la delincuencia forma parte de los tres primeros problemas que debería priorizar en solucionar el Estado. Se realizó una evaluación por región en donde se identificaron los casos de aumento críticos de delincuencia. La Región Metropolitana resalta como primera región más afectada, luego sigue la Región de la Araucanía y a continuación la Región de Coquimbo. La cantidad de delitos ingresados al Ministerio Público sigue en aumento, al igual que la población penal. En Chile en 2014 la población penal alcanzo las 95.689 personas de las cuales 52.983 cumplen condena en recintos cerrados. Esto representa un gran problema país, ya que en la actualidad se cuenta con una capacidad para 39.527 internos, lo que genera una sobrepoblación del 34% (13.456 internos), esto conlleva a problemas de ejecución en los recintos y dificulta también el proceso de rehabilitación que cada interno debiera tener. Actualmente, en los casos delictuales se ha visto un aumento progresivo en los menores de edad más que en los adultos, e incluso el aumento ha sido tal que ya no existen recintos con capacidad para recibir a más jóvenes, y mucho menos para brindar la ayudar necesaria a estos menores. Peñalolén, es una de las comunas en la Región Metropolitana con mayores índices de internos jóvenes en centros de rehabilitación cerrados, y al igual que con los adultos internos, existe un alto índice de hacinamiento en estos centros de reclusión, lo que dificulta el tratamiento de rehabilitación y reintegración de los jóvenes. Es por esto que el Centro de Rehabilitación y Reintegración Social SENAME busca mejorar la calidad de vida de los menores dentro del recinto, para tener un resultado satisfactorio y lograr reintegrar a estos jóvenes como un aporte y no como una amenaza a la sociedad.