Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El problema del desplazamiento forzado de personas como consecuencia de situaciones de persecución y de violaciones a los derechos humanos sigue siendo, lamentablemente, un tema recurrente y vigente en la actualidad. Los últimos acontecimientos en Medio Oriente y en el Sur de África, nos muestran como el refugio sigue siendo una institución útil, que ha permitido que los Estados de acogida de estas personas desplazadas, se vean obligadas a velar por su protección y a no devolver a los refugiados a un Estado en el que el solicitante de refugio acredite tener un fundado temor de persecución y de esta manera ampararlos ante una eventual afectación grave de sus derechos fundamentales. Pese a que el derecho internacional de refugiados ha experimentado un extraordinario desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX, detallando las obligaciones de los Estados en esta materia y los elementos que componen la definición de refugiado, siguen existiendo vacíos en relación a cómo los Estados deben calificar estos elementos caso a caso, qué órgano debe hacer esta calificación y cuáles son las garantías procesales mínimas que los Estados deben respetar al hacer esta determinación, de manera que puedan dar cumplimiento a las obligaciones que el derecho internacional de refugiados reconoce. Esta situación ha permitido que, en la práctica, los Estados terminen eludiendo el cumplimiento de sus obligaciones de protección contenidas en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, al omitir establecer procedimientos de determinación de la condición de refugiados adecuados, que permitan asegurar la correcta determinación de los elementos que componen el concepto que recoge la Convención y por tanto, que las personas que cumplan con estas características puedan ejercer los derechos que este instrumento les reconoce. A raíz de esta constatación, se ha estimado necesario en el presente trabajo dar respuesta al problema de cómo los Estados debieran determinar si un solicitante de refugio cumple con los requisitos para ser calificado como tal y si es posible encontrar en el derecho internacional ciertas garantías procesales mínimas que los Estados debieran respetar, a fin de que quienes califiquen como refugiados, puedan ejercer sus derechos en la práctica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objetivo principal formular una conceptualización respecto del status de refugiado, además de realizar una revisión crítica de las distintas regulaciones del asilo que existen en Latinoamérica. A partir de lo anterior, analizar la práctica estatal del refugio en Chile. El método a utilizar es una investigación historiográfica y un análisis jurídico de las normas nacionales e internacionales que regulan el asilo. En resumen, esta tesis contendrá cuatro capítulos. El primero se refiere a la historia de la protección internacional de los refugiados, analizando el sistema latinoamericano de asilo diplomático y territorial, y por otro lado, el sistema de refugio que se consolidó a partir de la postguerra, mediante la suscripción de la Convención de Ginebra de 1954 sobre el Estatuto de los Refugiados, en el seno de las Naciones Unidas. En el segundo capítulo se analizará el sistema internacional de protección de los refugiados, intentando construir una definición general de status de refugiado, para darle un contenido que sea inmanente a su naturaleza jurídica. En el tercer capítulo se analizará críticamente la legislación chilena vigente en la Ley N°20.430 sobre protección de los Refugiados. Y finalmente, en un cuarto capítulo, haremos especial referencia a la regulación nacional e internacional respecto de los niños refugiados, como sujetos vulnerables para el Derecho de los Refugiados, analizando la forma de dar cumplimiento, por parte de Chile, a los compromisos internacionales contraídos