La Ley de Promoción de la Inversión en la Educación estableció las condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. Sus normas eran aplicables a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas superiores particulares, universidades y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén comprendidas bajo el ámbito del Sector Educación. La mencionada Ley señaló las disposiciones tributarias aplicables a las Instituciones Educativas Particulares. Concretamente, dispuso que las Instituciones Educativas Particulares, que reinvirtieran total o parcialmente su renta en sí mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares, constituidas en el país, tenían derecho a un crédito tributario equivalente al 30% del monto reinvertido. Ahora bien, los principios interpretativos acerca de la vigencia del marco normativo y la jurisprudencia, emitida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal son el marco jurídico aplicable al mencionado crédito por reinversión. La referida deducción por reinversión en favor de las instituciones educativas privadas, a propósito de las normas e interpretaciones emitidas, ha causado problemas para el cobro del Impuesto a la Renta que realiza la Administración Tributaria (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT). Esta situación se ve agravada cuando el Gobierno, a través de sus diferentes entidades involucradas, a lo largo del tiempo, ha mostrado posiciones opuestas, considerando vigente y no vigente para un momento determinado del tiempo, el mencionado crédito. En ese sentido, la presente investigación trata de abordar esta situación, y establecer conclusiones con un enfoque estrictamente técnico.