En este artículo se intenta establecer el significado de la responsabilidad política institucional. Para ello, en primer término, se describe su surgimiento en el derecho inglés y los inicios de su empleo en el Perú. Luego se explica cómo han sido regulados, en las diversas constituciones peruanas, los dos instrumentos que, actualmente, sirven para hacer efectiva la responsabilidad política institucional de los ministros: la censura y la cuestión de confianza. Finalmente, se distingue la responsabilidad política de la responsabilidad jurídica, precisando que, en nuestro país, el Presidente de la República se encuentra exento de responsabilidad política, pero no de la responsabilidad jurídica que generen los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad jurídica se hace efectiva mediante el juicio político pero, cuando concierne a materias penales, su establecimientojudicial se viabiliza mediante el procedimiento parlamentario del antejuicio.

El propósito de esta tesis es analizar las representaciones de la responsabilidad que se manifiestan en diferentes memorias del conflicto armado interno. Son tres las memorias analizadas: la construida por los jóvenes del MOVADEF en Lima; la construida por miembros de las FFAA; y la que se desenvuelve como narrativa hegemónica en el contexto limeño. Cada uno de estos discursos es examinado en función de dos maneras de comprender la responsabilidad: por un lado, la responsabilidad personal, que se concentra en las culpas que los sujetos asumen y atribuyen como causa de acciones individuales. Por otro lado, la responsabilidad política, que se concentra en las responsabilidades que los sujetos deben asumir por su colaboración directa con injusticias estructurales. En primer lugar, se considera que la memoria de los jóvenes del MOVADEF en Lima otorga responsabilidades personales de manera ambivalente, debido a sus intentos por defender, a la vez, la tarea del PCP-SL durante el conflicto armado interno y la propuesta de una amnistía general. Así mismo, se falla en la asunción de una responsabilidad política con las víctimas civiles de la guerra. En segundo lugar, se considera que la memoria de las FFAA otorga responsabilidades personales de acuerdo a una mirada maniquea del conflicto, en donde los culpables (las organizaciones terroristas) están claramente diferenciadas de los inocentes (las fuerzas antisubversivas). Así mismo, también las FFAA fallan en la asunción de una responsabilidad política con las víctimas civiles de la guerra. En tercer lugar, se considera cómo la memoria hegemónica limeña determina claramente las responsabilidades personales de los miembros de las organizaciones terroristas, pero no le da mucha relevancia a la violencia cometida por las FFAA. Además, se examina cómo es que esta memoria falla en la consideración de las víctimas del conflicto armado interno como sujetos valiosos a los que dar un lugar en nuestra vida pública y por los que asumir una responsabilidad política como comunidad. / Tesis

Trata acerca de la incorporación del juicio político al ordenamiento constitucional peruano vigente, el desarrollo jurisprudencial de esta institución y su empleo en la práctica parlamentaria. Luego de examinar el origen y el significado del juicio político, el autor precisa la distinción entre este procedimiento parlamentario y el antejuicio, y sostiene que esta diferencia ha sido conocida en la historia constitucional peruana desde el siglo XIX.

El propósito de esta tesis es analizar las representaciones de la responsabilidad que se manifiestan en diferentes memorias del conflicto armado interno. Son tres las memorias analizadas: la construida por los jóvenes del MOVADEF en Lima; la construida por miembros de las FFAA; y la que se desenvuelve como narrativa hegemónica en el contexto limeño. Cada uno de estos discursos es examinado en función de dos maneras de comprender la responsabilidad: por un lado, la responsabilidad personal, que se concentra en las culpas que los sujetos asumen y atribuyen como causa de acciones individuales. Por otro lado, la responsabilidad política, que se concentra en las responsabilidades que los sujetos deben asumir por su colaboración directa con injusticias estructurales. En primer lugar, se considera que la memoria de los jóvenes del MOVADEF en Lima otorga responsabilidades personales de manera ambivalente, debido a sus intentos por defender, a la vez, la tarea del PCP-SL durante el conflicto armado interno y la propuesta de una amnistía general. Así mismo, se falla en la asunción de una responsabilidad política con las víctimas civiles de la guerra. En segundo lugar, se considera que la memoria de las FFAA otorga responsabilidades personales de acuerdo a una mirada maniquea del conflicto, en donde los culpables (las organizaciones terroristas) están claramente diferenciadas de los inocentes (las fuerzas antisubversivas). Así mismo, también las FFAA fallan en la asunción de una responsabilidad política con las víctimas civiles de la guerra. En tercer lugar, se considera cómo la memoria hegemónica limeña determina claramente las responsabilidades personales de los miembros de las organizaciones terroristas, pero no le da mucha relevancia a la violencia cometida por las FFAA. Además, se examina cómo es que esta memoria falla en la consideración de las víctimas del conflicto armado interno como sujetos valiosos a los que dar un lugar en nuestra vida pública y por los que asumir una responsabilidad política como comunidad.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.