Las instituciones educativas pueden ser apreciadas desde dos grandes dimensiones. Una dimensión administrativa o burocrática y otra dimensión de comunidad educativa. La primera se constituye a partir de diversos cuerpos legales, normas y reglamentos, así como de prácticas sociales, que permiten la constitución, existencia y funcionamiento de las escuelas como instituciones de socialización; ordenan y prescriben roles, prescriben el orden de los conocimientos, equipos, materiales y tecnologías, establecen procedimientos de registro, planificaciones, evaluaciones y manejo de información interna y externa, establecen los tiempos, los usos de los espacios, ordena el tipo de infraestructuras y mobiliario, señalan tipos de faltas sancionables en el cumplimiento de los anteriores aspectos señalados, entre otras. El cúmulo cada vez más amplio y denso de leyes, decretos, resoluciones, instructivos, órdenes, registros, correspondencia y archivos de información, planes, metas, etc., directamente relacionadas con la gestión escolar o que por el derecho o el gobierno, corresponde asumir, cumplir o acatar, constriñe a las instituciones educativas, viéndose demandadas a dar respuestas múltiples y a un monitoreo y actualización permanente de sus procesos institucionales. Por otro lado, la institucionalidad escolar también está dada por la existencia de sujetos o actores que al mismo tiempo que están definidos de antemano por el derecho y por las normas sociales instituidas, interactúan cotidianamente en el espacio escolar, significan sus relaciones entre sí y con las estructuras burocráticas, se proyectan como grupos específicos, entran en conflictos, ejercen dominio sobre otros, recrean sus biografías, construyen saberes, construyen consensos, establecen negociaciones, resisten el control de las jerarquías institucionales, en fin, conviven en el devenir y territorio existencial de la institución educativa, es lo que denominamos comunidad escolar o comunidad educativa.