La Reserva Nacional de Tambopata constituye un caso de éxito no solo porque desde sus inicios se consolidó como una de las áreas con mayor dinamismo y organización de los actores involucrados en el Comité de Gestión sino también porque frente al avance de economías ilícitas ha desplegado una serie de estrategias aprovechando los liderazgos consolidados y la capacidad de negociación de determinados actores con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de sus actividades económicas. En su primera etapa la labor se encontraba dirigida a la elaboración de instrumentos de gestión para el anejo del ANP y al desarrollo de diversos proyectos económicos sostenibles permitiendo así el fortalecimiento de organizaciones agrarias y de mineros artesanales y con ello una dinámica de lógica participativa y de confluencia de intereses. La segunda etapa, se desarrolla en un contexto de mayor amenaza pues frente a la inminente amenaza del avance de la minería ilegal el gobierno central toma una serie de medidas perjudicando y debilitando asociaciones de mineros artesanales así como agricultores y otros usuarios del bosque Asimismo la entrada a la presidencia regional de Luis Otsuka en el año 2015, dirigente y ex presidente de la Federación Minera generó un claro debilitamiento de la relación entre el Comité de Gestión; con ello las lógicas de participación se adaptaron al nuevo contexto adverso primando lógicas de acción más enfocadas a la necesidad de liderazgos consolidados con capacidad de negociación en instancias gubernamentales del gobierno. Así pues, las instituciones se adaptan a los nuevos contextos y desafíos que emergen siendo esto clave para entender la dinámica de este particular espacio de participación; el despliegue de nuevas estrategias revelan la importancia de la flexibilidad de las instituciones asegurando así la supervivencia de las mismas y haciéndolas funcionales a los interesantes de los integrantes.

El problema principal que motiva el presente estudio es la falta de eficacia en la prevención, investigación y represión del contrabando de mercancías en el país. Los problemas secundarios identificados están relacionados con la insuficiente coordinación interinstitucional entre los actores comprometidos como el Ministerio Público, PNP, la SUNAT y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando del Ministerio de la Producción. Un segundo problema es la escasa capacidad operativa y logística de los actores, principalmente de la División de Investigación de Delitos Aduaneros PNP, encargada de apoyar en el combate contra el contrabando en Lima. Esta división así como la SUNAT cuentan con recursos mínimos para la labor operativa a nivel nacional, lo que estaría generando que esta actividad ilegal funcione como una “actividad comercial normal” que se expande cada día y afecta la recaudación de tributos aduaneros en agravio del Estado. El estudio se dirige a contribuir a la sociedad con un análisis de la implementación de políticas públicas y coordinación interinstitucional realizada hasta el momento en materia de la lucha contra el contrabando en el país, que aún no ha sido explorado académicamente, según la investigación bibliográfica y hallazgos.

En los últimos años en Lima Metropolitana y específicamente en el emporio comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, el comercio ilegal de prendas de vestir con marcas registradas se ha incrementado. Esta actividad ocasiona perjuicios económicos al erario nacional debido a que los comerciantes eluden el pago de impuestos. De igual forma, genera perjuicios económicos a las empresas constituidas y comercios formalizados, quienes venden menor cantidad de prendas de vestir originales. Por consiguiente, al reducirse sus ventas, perciben mínimos ingresos económicos. Este comercio ilegal es evidente, notorio y público, y se desarrolla con conocimiento del gobierno nacional, regional y local. A pesar de su incremento, no se tiene la oportuna respuesta del Estado al citado problema. Debido a la situación problemática que se presenta, esta tesis planteó estudiar la coordinación entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual1 y la Dirección de la Policía Fiscal2, organismos públicos encargados de prevenir, combatir y erradicar el comercio ilegal de prendas de vestir con marcas registradas.