Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / En Chile entre los años 2006 al 2010, se implementó una política de Estado, tendiente a reducir los índices de criminalidad llamada Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que fue el resultado de debates políticos y técnicos acerca de las causas de la delincuencia y las formas de enfrentarla, motivado por las altas tasas estadísticas sobre la materia existente en el país en la época previa. En tal documento el gobierno se impuso la tarea de realizar determinadas actividades, en distintos sectores de la comunidad nacional en el ámbito de la prevención y el control del delito, además, se avocó la la implementación de una nueva institucionalidad en seguridad pública y a la realización periódica de encuestas y estadísticas oficiales sobre denuncias, detenciones , victimización y consumo de drogas, para conocer la realidad existente en Chile sobre la materia.Dicha actividad no estuvo exenta de críticas y deficiencias pero significó el inicio de un trabajo sistemático y coordinado entre diversas instituciones públicas, con metas precisas, destinadas a disminuir el número de delitos que se cometían en nuestro país.

Tesis para optar al grado de Magister en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / El 8 de junio de 2007 comenzó a regir en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N° 20.084). Su principal función es generar un marco normativo para el establecimiento de un sistema de justicia especializado, cuyo objetivo es sancionar adolescentes entre 14 y 17 años que han infringido la ley penal; responsabilizarlos y entregarles herramientas que apoyen su reinserción social. Durante más de una década se discutió en el país sobre las características que debía tener un sistema como éste. El tema está cruzado por una serie de tensiones. Entre ellas: - Las crecientes demandas por seguridad ciudadana y acciones concretas contra la delincuencia1. - La necesidad de modernizar la respuesta del Estado frente al delito: hacerla más eficiente, rápida, transparente y justa. - El público objetivo del nuevo sistema y sus sanciones: jóvenes en etapa de desarrollo; hijos de familias pobres y vulnerables, la mayoría2. En cuanto a los objetivos de la nueva ley, se pueden identificar básicamente tres: i) Que los jóvenes a edad temprana (a partir de los 14 años) se responsabilicen y reciban una sanción por los delitos que cometen. ii) Que la sanción esté acorde a la etapa de desarrollo del infractor (la normativa contempla un catálogo distinto al de los adultos, y diferenciado entre quienes tienen 14-15 años y 16-17). iii) Que junto con cumplir una sanción, el joven reciba herramientas (educación, capacitación) que faciliten y apoyen su reinserción social. Para los adolescentes, la puesta en marcha de esta normativa implica una serie de cambios. En primer lugar, se reforma radicalmente la respuesta del Estado ante los crímenes o simples delitos cometidos por menores de 18 años. Se pone fin al trámite de discernimiento y se garantiza el acceso a una defensa profesional. Se modifica, en suma, la relación del sistema penal con los jóvenes infractores. Pero también se persigue cambiar la forma en que cumplen una sanción y la calidad de los programas y talleres que reciben. Todo esto, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que da origen a la nueva normativa. La administración central de esta Nueva Justicia Juvenil recae en el Sename (Servicio Nacional de Menores), pero comprende la interacción de todas las instituciones que funcionan en el marco de la administración de justicia en Chile. Estas son: Policías (Carabineros e Investigaciones), Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile. La Reforma Penal Adolescente se enmarca en un proceso de transformación general de la administración de justicia en Chile, llevado adelante tras el retorno a la democracia. Sobre este se pueden distinguir tres etapas. Una primera fase contempla la creación del Consejo de la Magistratura y la Academia Judicial, instituciones cuyo objetivo es apoyar la labor que realiza la Corte Suprema y los distintos escalafones del Poder Judicial. El segundo hito es la transformación del sistema criminal de justicia, con la puesta en marcha en forma gradual, a partir de 1995, de la Reforma Procesal Penal. La tercera etapa, aún en proceso, contempla una extensión de las reformas de la justicia criminal en las siguientes áreas: tribunales de familia, justicia juvenil, justicia laboral y, finalmente, las cortes civiles. La propuesta de este trabajo es diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación de impacto de la Nueva Justicia Juvenil3. Hay razones de política pública general que lo justifican: contar con información y cifras en torno a un programa mejora la calidad de la discusión, orienta la gestión hacia el logro de resultados y permite aprender de la experiencia. Contar con un sistema de monitoreo y evaluación también es pertinente en el marco de una política criminal especializada que introduce cambios normativos y de procedimiento; privilegia las sanciones en el medio libre e incorpora un nuevo grupo etario (los adolescentes de 14 y 15 años) entre los responsables penalmente. La evidencia internacional en materia criminal señala que la privación de libertad (la cárcel) genera altas tasas de reincidencia. Al mismo tiempo, la Reforma Penal Adolescente tiene entre sus objetivos no solo la aplicación de sanciones sino también entregar herramientas para contribuir al proceso de reinserción de los jóvenes infractores. Ambos elementos constituyen factores de interés para contar con una propuesta metodológica de evaluación. Para los fines de este trabajo, se entiende la evaluación de impacto como parte de un sistema integral que incluye monitoreo y evaluación de procesos. La idea es generar un modelo que permita contar con información estadística sobre el nuevo sistema de justicia (aprehensiones, delitos, sanciones que se aplican a los adolescentes), como asimismo que proporcione instrumentos para evaluar la operación de la reforma y su impacto. La idea es aportar elementos de análisis y diseño para la evaluación de impacto de una política criminal. Pero también se busca contribuir al desarrollo de una de las áreas que presenta más déficit en los países en desarrollo, como es la evaluación de impacto. Al respecto, Esther Duflo afirma: “los beneficios de evaluar el impacto de programas en desarrollo, y saber cuáles funcionan y cuáles no, superan a los programas mismos y a las agencias que los implementan. Una evaluación de impacto creíble es un bien público en el sentido de que puede ofrecer una guía confiable para organizaciones internacionales, gobiernos y ONG’s”4. Es también sabido que los costos de las evaluaciones de impacto pueden ser significativos, en cuanto requieren el levantamiento de encuestas especiales. Por ello, el presente trabajo se concentra en la propuesta de un diseño para la evaluación del impacto de la reforma

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Nuestro objetivo es contribuir con la reunión de información, experiencias y prácticas cercanas, en la construcción de una política coherente e integrada que abarque todos aquellos temas que esten presentes en el proceso de otorgar mayor seguridad a ciudadanos y ciudadanas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo general consiste en comprobar que la población nacional se ha visto invadida por una serie de imágenes prefabricadas o mensajes que han contribuido a modificar el "alma nacional"

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde 1990, la delincuencia y la seguridad ciudadana se han posicionado como una de las principales preocupaciones de la población chilena. A esta creciente preocupación, se suma el hecho de que las personas presentan un alto índice de temor al delito, de acuerdo a varias mediciones. También, se dice que el número de delitos cometidos habría tenido aumento explosivo y que, incluso, el Estado habría perdido el control efectivo del fenómeno delictual. Lo anterior ha generado una profunda sensación de inseguridad en las personas que se ha mantenido a lo largo de los años, pese a que Chile es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, región que se caracteriza por ser particularmente violenta. El siguiente trabajo de investigación pretende proporcionar un diagnóstico respecto de la realidad criminal del país, en base a las estadísticas que entregan las instituciones públicas de seguridad y justicia, para luego revisar las causas por las cuales las personas tienen una percepción alta de inseguridad y miedo al delito, y finalmente encontrar una explicación a esta paradoja.

Magíster en Gestión de Operaciones / En este trabajo se desarrolla una metodología basada en un modelo de programación lineal entera mixta para la el diseño de cuadrantes, en el contexto del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP) de Carabineros de Chile. El modelo presentado en este trabajo es una extensión del modelo de P-medianas con restricciones de equidad en la demanda por recursos policiales entre cada uno de los cuadrantes. Este último modelo arroja formas que no son del todo deseable, incluso creando cuadrantes inconexos. Por eso en este trabajo se incorpora una penalización en el tamaño de la frontera de cada distrito. Por otra parte, Carabineros de Chile se enfrenta a una demanda de recursos policiales cuya unidad de medición es denominada Unidad de Vigilancia Equivalente (U.V.E.). Esta demanda está dividida en dos componentes: una de reacción que es fija para cada subsector geográfico; y otra de prevención que depende del máximo de tres factores (nivel de delito, población, kilómetros viales). La primera componente de la demanda es sometida a restricciones de equidad, y la segunda al depender de la forma en que se divide la comuna, es penalizada en la función objetivo. El modelo propuesto que resuelve el diseño óptimo de cuadrantes resulta ser difícil de resolver para instancias superiores a los 100 bloques. Por este motivo se desarrollan varias reglas para disminuir el tamaño del problema para finalmente utilizar una heurística tipo Localización-Asignación, en la cual se divide el problema original en dos problemas, uno en el cual se determina el centro geométrico de los cuadrantes y otro en el que se le asignan a cada centro los bloques. Esta heurística fue implementada de dos maneras. En una se resolvía el problema de asignación a óptimalidad, y en la otra se resolvía la relajación lineal y se utiliza alguna regla de aproximación sacrificando algunas veces factibilidad. Estos métodos fueron aplicados a la comuna de Ñuñoa cuya instancia sobrepasa los 400 bloques. Los resultados de la heurística fueron satisfactorios, encontrando muchas soluciones factibles y de mejor calidad que las que pueden ser obtenidas a través de los métodos de optimización implementados en CPLEX. El desarrollo de esta metodología permite encontrar muchas soluciones factibles con garantías de equidad, lo cual es bueno para tener los tomadores de decisiones, que pueden a posteriori tener otras consideraciones en el diseño de cuadrantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / Esta investigación se centrará en la vinculación entre la seguridad de las personas y la utilización y control de las armas. En concreto, se pretende determinar si la disponibilidad de armas de fuego y armas blancas, implica o no una mayor seguridad para quienes las poseen. Por consiguiente, se tratará en profundidad sólo un aspecto de la seguridad: aquel relacionado directamente con las consecuencias positivas/negativas que puede conllevar una alta disponibilidad de armas en manos de la población, para los efectos de una mayor seguridad de las personas y su entorno. Sin perjuicio de ello, no se perderá de vista el carácter multidimensional de la seguridad, lo cual es indispensable para dar una visión integral de los problemas que aquí están involucrados.

El problema de la Seguridad Ciudadana es uno de los más importantes para la ciudadanía, relevante para todos los sectores sociales. Por esto las mejoras que aquí se pueden lograr son significativas. Esta memoria tiene como objetivo principal identificar los factores de riesgo y seguridad relevantes para las personas, tomando al barrio como elemento de estudio. Se parte del supuesto que mientras más pequeña es la unidad, más homogénea es su población y sus necesidades, por lo que las políticas que se implementen podrían ser más efectivas. Por lo mismo esta investigación se enfocó en barrios de la comuna de La Pintana, una de las más inseguras del país. En el trabajo de terreno, para encontrar los factores de riesgo, se escogieron ocho barrios de la comuna, cuatro seguros y cuatro inseguros, dos de cada tipo en los cuatro sectores de La Pintana. Luego se realizaron visitas a terreno para encontrar factores relacionados con el entorno. Además se llevaron a cabo grupos focales con habitantes de los barrios escogidos con el objetivo de encontrar factores de riesgo y seguridad relevantes para ellos. Una de las conclusiones más importantes encontradas es que, si bien los barrios fueron clasificados como seguros o inseguros a partir de las denuncias de delitos, la percepción de sus habitantes no siempre coincide con este indicador. Un aspecto común que tienen los barrios en donde la percepción es de seguridad, es que sus vecinos tienen una historia común, se conocen desde antes o a principios de la llegada al barrio. Esto ayuda a la unión y confianza entre ellos, lo que produce un sentimiento de seguridad dentro del barrio y ayuda a tener mayor control sobre este. Por esto se propone, con el fin crear barrios más seguros, dividirlos en unidades más pequeñas y crear instancias donde los vecinos participen y se conozcan para así generar lazos entre ellos. Los factores de riesgo encontrados se agruparon en cinco dimensiones: psico social, institucional, económica, cultural y físico espacial. Las propuestas se enfocan en la dimensión físico espacial, ya que son medidas menos complejas y de mediano plazo, a diferencia de otras dimensiones, donde factores como desempleo, drogadicción y educación son más complejos de resolver. En barrios inseguros las áreas verdes y canchas tienen que estar cerradas, bien iluminadas y tener elementos que sean atractivos para fomentar su uso. Asimismo es necesario asegurar que la inversión esté ligada a una organización comunitaria responsable, que se encargue de la mantención e incentive su utilización. Otras medidas a considerar son la eliminación los sitios eriazos, mejorar la seguridad en los paraderos y aumentar la vigilancia tanto por parte de Carabineros y la Municipalidad.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Ingeniero Civil Industrial / En esta memoria se analiza el aporte de la inversión pública en infraestructura a los cambios en la percepción de Seguridad Ciudadana, considerando que estos proyectos han sido un componente significativo de las políticas públicas para prevenir el temor al delito de los últimos años. El propósito de este trabajo es investigar que tan efectivas son estas medidas y si es necesario complementarlas con otros mecanismos de intervención en barrios. Uno de los conceptos claves que se trabaja en esta memoria es el de Prevención Situacional, definido como el tipo de prevención que busca diseñar estrategias que manipulen el ambiente inmediato de forma sistemática y permanente, para posibilitar la reducción de las oportunidades para cometer delitos e incrementar la percepción de seguridad en la población. En función de este enfoque, se analizaron las inversiones en infraestructura pública relevantes en Seguridad Ciudadana, especialmente las que fomentan la vigilancia natural y el refuerzo de los lazos afectivos. De este modo, las inversiones estudiadas fueron las áreas verdes, equipamiento deportivo (multicanchas), sedes sociales y alumbrado público. El diseño metodológico consistió en la aplicación y análisis de encuestas de percepción de seguridad a vecinos de la comuna de La Pintana cuyos domicilios eran cercanos a las inversiones elegidas, con el fin de conocer los cambios que produjeron en el sector aledaño. Además de una ficha de observación de terreno y un análisis de cluster, que permitió caracterizar a los barrios a partir de su dotación de infraestructura. Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación, destaca el efecto positivo de la sinergia entre diferentes tipos de inversiones en infraestructura y como los efectos en la reducción del temor al delito se relaciona con la capacidad de configurar, a partir de la confluencia de distintos tipos de infraestructura, “espacios protegidos” para los vecinos. Estos espacios, no son resultado sólo de la inversión en infraestructura, sino también de la capacidad de involucrar a la comunidad de manera activa y del compromiso de las autoridades con la mantención permanente de la seguridad y la institucionalidad en ellos. Asimismo, se constató que las inversiones pertenecientes a barrios con dotación deficiente fueron menos valoradas por los encuestados y que los diversos tipos de inversión inciden de manera heterogénea en la percepción de temor de los vecinos. A partir de estas conclusiones, es posible plantear una serie de recomendaciones concretas para la inversión en infraestructura, tales como una estrategia de construcción de Espacios Protegidos, concebidos como espacios intermedios entre el espacio privado y público de los vecinos, y un protocolo de inversión, que busca orientar la toma de decisión respecto a cómo invertir en infraestructura pública según las características de los barrios, los objetivos en materia de reducción del temor y los aspectos específicos de las diversas inversiones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La evolución de la posición de la víctima en nuestro derecho procesal penal evidencia una tendencia privatizadora desarrollada al alero del discurso securitario. La atención prioritaria a las demandas de las víctimas en la política criminal, y la colocación de éstas en una posición preeminente en el sistema penal, conducen a la configuración de un ordenamiento jurídico que se contrapone a los principios de un derecho penal entendido como consenso ciudadano para la protección de intereses públicos en el contexto de una sociedad democrática.