Se ha traído a colación el caso Gelman vs. Uruguay, y en particular el decisorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Supervisión de Cumplimiento del mismo, pues entendemos que este dicho Tribunal regional ha dado un paso adelante al sostener, sin requilorios, que sus sentencias no solo son atrapantes en el caso concreto (vinculación directa inter partes), sino que también producen efectos vinculantes para todos los Estados signatarios de la CADH en lo que respecta a la interpretación que ese órgano efectúa de las normas convencionales (vinculación indirecta erga omnes).

El sistema interamericano de protección de derechos, que tiene a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como instrumento básico, ha desarrollado a través de la Corte IDH, un conjunto de estándares mínimos a través de sus opiniones consultivas y casos contenciosos, que los Estados partes del sistema interamericano de derechos humanos tienen el deber de asumir, adoptando las medidas especiales de protección y asistencia, en favor de los niños bajo su jurisdicción, atendiendo al carácter de interprete auténtico y final de la Corte IDH del corpus iuris interamericano conforme al artículo 62. 1 y 3 de la CADH y al hecho de que sus sentencias constituyen cosa juzgada e interpretada, que es eltema en que se centra el presente artículo.

En el presente trabajo, haremos un breve análisis del surgimiento y la evolución del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, dando cuenta del desarrollo producido en su contenido y alcances, así como plantearemos algunas de las controversias jurídicas que se suscitan en su aplicación y los retos y dificultades políticas que implica su implementación efectiva.