Considerando que la prestación de servicios a la comunidad es una de las penas con mayor efecto resocializador que produce un impacto beneficioso no solo en el autor del delito, sino también en la sociedad y en el sistema penitenciario, en tanto permite la reducción de sus niveles de sobrepoblación carcelaria, la Política Nacional Penitenciaria ha establecido como uno de sus lineamientos la promoción de las penas limitativas de derechos, cuya principal pena es la prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, el diagnóstico sobre el estado situacional de la prestación de servicios a la comunidad nos indica que su imposición y ejecución no es óptima, debido, entre otros factores, a la ausencia de un modelo de implementación que, además de promover su aplicación, permita el control efectivo de su cumplimiento. Por esta razón, esta tesis propone un modelo de implementación que permite superar las deficiencias advertidas en el modelo actual. El modelo propuesto distingue las tres formas que la norma peruana admite para la imposición de la prestación de servicios a la comunidad, dotando a la pena autónoma y sustitutoria de ciertas ventajas respecto a la pena convertida. Asimismo, pretende que todos los actores clave de este modelo tengan roles definidos y responsabilidades claras: la participación activa del condenado, que el Instituto Nacional Penitenciario se constituya como ente rector de las decisiones administrativas, y que el Juez se convierta en el actor principal en todas las etapas del proceso, incluso en la ejecución de la pena, fomentando mecanismos dinámicos y céleres en la toma de decisiones. Lo que se busca es que, en la medida de lo posible, la práctica judicial deje de privilegiar la imposición de penas privativas de libertad, orientándose hacia la prestación de servicios a la comunidad, en concordancia con la política criminal y penitenciaria del Estado Peruano. / Tesis

Considerando que la prestación de servicios a la comunidad es una de las penas con mayor efecto resocializador que produce un impacto beneficioso no solo en el autor del delito, sino también en la sociedad y en el sistema penitenciario, en tanto permite la reducción de sus niveles de sobrepoblación carcelaria, la Política Nacional Penitenciaria ha establecido como uno de sus lineamientos la promoción de las penas limitativas de derechos, cuya principal pena es la prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, el diagnóstico sobre el estado situacional de la prestación de servicios a la comunidad nos indica que su imposición y ejecución no es óptima, debido, entre otros factores, a la ausencia de un modelo de implementación que, además de promover su aplicación, permita el control efectivo de su cumplimiento. Por esta razón, esta tesis propone un modelo de implementación que permite superar las deficiencias advertidas en el modelo actual. El modelo propuesto distingue las tres formas que la norma peruana admite para la imposición de la prestación de servicios a la comunidad, dotando a la pena autónoma y sustitutoria de ciertas ventajas respecto a la pena convertida. Asimismo, pretende que todos los actores clave de este modelo tengan roles definidos y responsabilidades claras: la participación activa del condenado, que el Instituto Nacional Penitenciario se constituya como ente rector de las decisiones administrativas, y que el Juez se convierta en el actor principal en todas las etapas del proceso, incluso en la ejecución de la pena, fomentando mecanismos dinámicos y céleres en la toma de decisiones. Lo que se busca es que, en la medida de lo posible, la práctica judicial deje de privilegiar la imposición de penas privativas de libertad, orientándose hacia la prestación de servicios a la comunidad, en concordancia con la política criminal y penitenciaria del Estado Peruano.