Memoria para optar al Título de Periodista / El caso Spiniak está marcado a fuego en la memoria política, judicial, periodística e incluso popular chilena. Cada cierto tiempo surgen episodios que hacen recordar a ese empresario de origen judío que hacía fiestas en los barrios más pudientes de Santiago con jóvenes donde dejaba fluir sus instintos más bajos, parafilias y excesos de todo tipo. La complejidad del caso Spiniak y la enorme cantidad de instituciones y personas que estuvieron involucradas en su desarrollo y cuyas declaraciones constan en los más de 50 tomos del expediente que descansan en el Archivo Judicial, demuestran la necesidad de un ordenamiento y también de una nueva mirada periodística sobre las versiones entregadas por los protagonistas en el marco de la causa rol 2381- 2003. Los niños, hoy jóvenes y adultos, abusados por Claudio Spiniak y sus proxenetas, pasaron prematuramente al olvido ante la vorágine de acusaciones políticas que acompañaron el escándalo. Ciertamente estas víctimas, ya vulneradas físicamente, lo fueron aún más en la manipulación mediática, política e incluso jurídica de sus versiones de los hechos. ¿Qué fue de ellos?, ¿de qué manera superaron estas vivencias?, ¿las superaron?, ¿cómo se puede evaluar la intervención de instituciones como el Servicio Nacional de Menores (Sename) en el caso Spiniak?, ¿de qué forma influyeron en el proceso judicial?, ¿cómo actuaron las numerosas fundaciones cuyos principios son velar por el bienestar de los menores e ir en contra del abuso sexual?, son algunas de las múltiples interrogantes que surgen al respecto. A partir de ellas, de su discusión, supimos que una nueva mirada periodística no podía ser individual, ya que las experiencias previas, como libros, reportajes extensos e incluso trabajos académicos, dejaron demasiadas preguntas sin respuestas. En estos años de aparente quietud judicial sobre el caso, hubo nuevas revelaciones, nuevos personajes, coletazos noticiosos y aristas nunca antes abordadas, que necesariamente requerían conformar un equipo de investigación periodística que se dividiera las abundantes tareas y asumiera la evolución que ordenaba la contingencia. Fue así como nos vimos en la necesidad de iniciar nuestra investigación con una exhaustiva revisión documental de los cientos de artículos de prensa, libros y publicaciones académicas relacionadas con el caso. Luego, realizamos observaciones en terreno, entrevistas de background y otras en profundidad a los diferentes actores del proceso, incluidos periodistas que cubrieron los acontecimientos referidos al tema. El material recopilado fue contrastado entre sí y solo después de eso, nos aventuramos a explicar y dar respuesta a las inquietudes inciales a través del cruce y análisis de la información. El resultado de lo anterior, desde las preguntas hasta la elaboración de los textos, es una entrega de seis partes que pretender revisar una a una las aristas del caso y que, a nuestro juicio, reafirma que buena parte de esta historia aún se mantiene en suspenso. Para estructurar esta memoria decidimos comenzar por uno de los principales protagonistas de nuestra investigación. Trasncurridos siete años desde el inicio del caso Spiniak, sentimos necesario conocer qué fue del empresario que tanto barullo generó a su alrededor, y qué fue de los principales involucrados en sus orgías con adolescentes de la calle. Luego, nos movió el objetivo de ordenar paso a paso la batahola política tras los dichos de la diputada Pía Guzmán, que involucraba a parlamentarios en las fiestas de Claudio Spiniak. Quisimos recordar el actuar de cada uno de los sectores políticos, establecer cómo el desarrollo de este caso influyó en la política y en las redes de poder del país, y las consecuencias que esto ocasionó en la cobertura periodística del mismo. Intentamos descubrir cuál ha sido el destino de quienes fueron sindicados como responsables de un supuesto montaje en contra del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), acusados de pretender perjudicar la carrera presidencial de Joaquín Lavín, hoy ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera. Continuamos con la aparición de la denominada testigo clave del caso Spiniak, Gemita Bueno y con el sacerdote José Luis Artiagoitía. En esta parte de la memoria nos propusimos determinar cuáles fueron las intenciones por las que estos actores entraron al proceso, recordar cómo fueron las reacciones del senador Jovino Novoa ante las acusaciones de Gemita Bueno y entender su comportamiento frente a los hechos. También nos enfocamos en poner en duda las supuestas versiones que se dieron por sentadas respecto a Gemita Bueno, investigar qué tan verídicas fueron las primeras y las segundas declaraciones de la muchacha. Después nos interesamos por conocer qué fue de los adolescentes que se vieron vinculados al caso y cuál fue la actuación de las diferentes fundaciones respecto al cuidado de estos menores de edad. Asimismo revisamos cómo influyó este controvertido episodio policial en el combate contra el abuso infantil. El tema judicial fue otra de las aristas que decidimos abordar, debido a la gran cantidad de errores, omisiones o episodios curiosos que se presentaron en ese ámbito y a 5 la diversidad de personajes que estuvieron a cargo del proceso. Nos centramos en establecer las importantes contradicciones judiciales que pasaron inadvertidas por los medios de comunicación. Por otro lado, el papel preponderante e incisivo que jugaron los medios de comunicación durante la investigación del caso no podía quedar fuera. Nos preguntamos, ¿cómo se produjo tan fuerte movilización de personas y entidades vinculadas al poder casi al unísono?, ¿corresponde el “cierre” judicial y periodístico del caso a lo que sucedió en realidad?, ¿qué hay detrás de todo lo ocurrido? En nuestra mirada, el caso Spiniak aparece como una explosión en el escenario público nacional que por un momento pareció dejar en evidencia un cúmulo de vicios de nuestra sociedad; que provocó el espanto y la sorpresa de muchos ante las descripciones escabrosas de las fiestas orgiásticas que el empresario desarrollaba en las numerosas residencias arrendadas por él o por sus proxenetas; que sembró la duda sobre la honra de connotados personajes del ámbito político y jurídico nacional; pero que finalmente pareció dejar todo tal como estaba, aunque siempre con la incertidumbre de no entender a cabalidad qué sucedió y qué no; quién mintió y quién no. Es esta inquietante curiosidad la que nos llevó a realizar nuestra memoria dentro de la Unidad de Periodismo de Investigación del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Memoria para optar al título de Periodista / El autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El 20 de agosto de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ese mismo año, el editor de la sección Nacional del diario “La Epoca” encargó a un periodista que investigara una serie de denuncias sobre abusos contra niños indigentes que transitaban cada noche en la Plaza de Armas y su entorno. Tras varias noches de reporteo, el periodista estaba sorprendido: las denuncias apuntaban a “varios famosos” que recogían a los niños en la plaza o los contactaban, llamándolos a teléfonos públicos de la zona, para tener sexo con ellos a cambio de un “buen pago”. Los nombres de estos clientes top eran todos conocidos, pero la única prueba era el testimonio de los niños. Demasiado poco para esa época. Un año después, en 1990, Chile suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Con ello, el Estado reconoció los derechos de los niños, niñas y adolescentes; asumió la defensa de los menores de 18 años, incluida su protección contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las víctimas de abandono o abuso. Hasta entonces, la explotación sexual comercial infantil y los niños de la calle eran considerados por el Estado de Chile “temas emergentes” y el principio que ordenaba este tema era el de la protección infantil. Una de las formas en que se expresa el abuso contra los niños es su utilización en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo aprobó en 1973 el Convenio 138, que plantea que los Estados realizarán esfuerzos por subir progresivamente la edad de incorporación de los niños al mundo laboral. En 1999 aprobó el Convenio 182, que se refiere a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Ese mismo año, y sólo después de nueve desde que Chile aprobara la Convención, nuestro país actuó en consecuencia y ratificó el convenio 138. Producto de lo anterior, al año siguiente, se elevó de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo. Finalmente, el año 2000, Chile suscribió el Convenio 182 de la OIT que obliga a los Estados miembros a erradicar las “Peores Formas de Trabajo Infantil”. A partir de entonces, Chile adoptó el principio de reconocer al niño como “sujeto de derecho”; es decir, como persona, iniciando el camino de ajustar su legislación a las normas internacionales, en un proceso de reforma que hasta hoy lleva adelante el organismo estatal cuyo objetivo es velar por los derechos del niño, el Servicio Nacional de Menores (Sename). De las llamadas “Peores Formas de Trabajo Infantil”, los estudios internacionales y nacionales coinciden en calificar a la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), como la más extrema. Dos años después que Chile terminó el proceso de ratificar los convenios de la OIT en la materia, en febrero de 2002, un niño que tendría entre 13 y 15 años, pidió ayuda a Carabineros en el sector oriente de Santiago y denunció que querían violarlo. Los funcionarios policiales concurrieron al domicilio de la denuncia, en Santa María de Manquehue, y encontraron al empresario Claudio Spiniak, quien se comunicó vía celular con un supuesto oficial de Carabineros, el cual, a su vez, ordenó a los policías abandonar el procedimiento. Sin embargo, el teniente Marco Subiabre dejó constancia del hecho en el Libro de Guardia de la 37ª Comisaría de Vitacura. El 17 de diciembre de ese mismo año, el empresario fue detenido junto a Patricio Egaña y su chofer, Luis Egaña, en un control vehicular “rutinario” y quedó a disposición del 33º Juzgado del Crimen de Santiago, a cargo de la jueza Eleonora Domínguez. La detención de Spiniak sólo fue difundida en una nota corta por Canal 13 en ese fecha. Al interior del auto del empresario, los carabineros encontraron papelillos con cocaína. Al registrar su domicilio, descubrieron droga, dos armas de fuego, un silenciador (elemento prohibido por ley) y decenas de cintas de videos pornográficos, algunos de los cuales eran comerciales y en otros aparecían niños abusados sexualmente. También a fines del 2002, el Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, embarcado en llevar adelante una profunda reforma de su sector, y en el contexto de un convenio con la Organización Internacional del Trabajo y su Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (OIT-IPEC), solicitó a la Universidad Arcis (estudiantes de sicología) desarrollar el estudio “Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”. La investigación se desarrolló entre enero y julio de 2003.