Ingeniero Civil / Este trabajo tiene como principal objetivo la determinación de efectos de sitio en las localidades de la Región de Coquimbo producidos por el terremoto de Illapel Mw 8.3 de 2015, específicamente en aquellas localidades que cuentan con estaciones sismológicas. Además, se busca relacionar la respuesta sísmica y la distribución de daños durante el terremoto con la geomorfología de los sitios. Para ello se emplea el método de las razones espectrales H/V, o método de Nakamura, con dos tipos de registros. Primero, se utilizan registros de aceleraciones de eventos sísmicos con magnitud moderada a alta (Mw ≥ 5), ocurridos en un periodo de tres años en torno al evento mayor (2013 a 2016). Luego, se utilizan mediciones pasivas de vibraciones ambientales de entre 20 a 60 minutos de duración. De ambos tipos de registro se obtienen curvas espectrales, que caracterizan sísmicamente a un suelo por medio de su periodo predominante de vibración. Igualmente, se aprovechan los registros sísmicos para generar espectros de respuesta, y múltiples mediciones pasivas simultáneas para la obtención de perfiles de velocidad Vs en profundidad, por medio de métodos de ondas superficiales. Esta información se contrasta con la geología y geomorfología de las localidades para explicar los efectos de sitio observados en cada una. Finalmente, se calculan intensidades MSK a partir de un catastro de daños en viviendas, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se comparan con los daños reportados para los terremotos de Illapel 1943 y Punitaqui 1997. Así, los principales resultados de este trabajo revelan que las altas aceleraciones registradas en Monte Patria son atribuibles a efectos de sitio, que el terremoto de Punitaqui 1997 tuvo consecuencias más devastadoras que los de Illapel 1943 e Illapel 2015 y que el bajo nivel de daños experimentados en la Región responde principalmente a la alta presencia de suelos rígidos, como gravas y arenas de depósitos aluviales.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Chile, es un país que está permanentemente expuesto a riesgos de origen natural o antrópico, por lo que la gestión de riesgos se ha instaurado como una prioridad (ONEMI, 2014). La normativa chilena, en su decreto N° 156, define las etapas del ciclo de gestión de riesgos: Prevención, Mitigación, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción. El proceso de Rehabilitación consiste en la recuperación de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Este proceso se destaca por entregar beneficios según el tipo de evento natural y las necesidades de la población. El objetivo de este estudio es analizar los obstaculizadores y facilitadores del proceso de rehabilitación post desastre natural, con el propósito de optimizar el ciclo de gestión de riesgos en Chile. La investigación se realizó a partir de una investigación cualitativa de tipo descriptivo, mediante el análisis de documentos institucionales (leyes, decretos, resoluciones, etc.) y a través de entrevistas semi-estructuradas a los actores relevantes del proceso de rehabilitación, en particular para el caso del Terremoto y Maremoto de Coquimbo año 2015. Los resultados del estudio permiten detectar que el proceso de rehabilitación presenta una maduración en las instituciones relevantes, que les permite auto-estructurarse en torno a una forma de operar frente a los desastres y, además, cuenta con un importante recurso tecnológico que permite mejorar la toma de decisiones. A pesar de aquello, la institucionalidad que soporta el proceso de rehabilitación no es suficiente, ya que en ella no existen lineamientos específicos en relación a los tipos de soluciones que debería abarcar. Por otro lado, la falta de conocimientos técnicos y capacitaciones para los funcionarios de las instituciones regionales que se enfrentan a la emergencia provoca importantes falencias en los momentos iniciales del proceso. Además, no existen recursos financieros regulares y disponibles para mitigar los riesgos de emergencia ni para responder cuando esta ocurre. Disminuir los obstaculizadores que emergieron de este estudio, solo será posible mediante la implementación de políticas públicas que apunten en esta dirección y que consideren planes de capacitación, aumento de recursos basales del Estado para la gestión del riesgo y la construcción de un enfoque integral de la reducción de riesgo de desastres.