La presente investigación, se basa en la inexistencia de plazo específico para la responsabilidad del contratista en obras públicas, en el periodo de prueba; la cual parte de la línea de investigación, de contrataciones estatales: retos y propuestas para su mejor regulación. Más aún, si consideramos que en la nueva ley de contrataciones del Estado Ley 30225, no existe ninguna norma que establezca un plazo para poder exigir o establecer responsabilidad en el contratista. Por ello, se ha optado por dividir a nuestra investigación, en tres capítulos el primero de ellos, denominado: Los contratos administrativos y, en especial el contrato de obras públicas; el segundo: Proceso de contratación y responsabilidad contractual en los contratos de obras públicas y finalmente el tercer capítulo denominado: Ámbito del plazo de responsabilidad contractual en el contrato de obras públicas. El motivo de nuestra investigación, se basa en que es frecuente escuchar que el desarrollo de un país se puede medir, por el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos. Es por eso que el Estado a través de la administración pública, puede celebrar ciertos contratos de carácter público con los privados, para que de esa manera pueda lograr sus fines. Sin embargo, pese a la gran inversión que realizada el Estado, a través de las Entidades competentes, no se ha logrado un resultado adecuado y sobre todo duradero, después de la ejecución, entrega y liquidación de una obra. Con lo que podemos concluir, que es necesario una mejor y específica regulación respecto a la responsabilidad del contratista durante un periodo de prueba, debido a la vida útil del bien y a la finalidad para lo cual fue construido, ya que la ejecución de infraestructuras, son un pilar importante para el desarrollo nacional. / Tesis

La presente investigación, se basa en la inexistencia de plazo específico para la responsabilidad del contratista en obras públicas, en el periodo de prueba; la cual parte de la línea de investigación, de contrataciones estatales: retos y propuestas para su mejor regulación. Más aún, si consideramos que en la nueva ley de contrataciones del Estado Ley 30225, no existe ninguna norma que establezca un plazo para poder exigir o establecer responsabilidad en el contratista. Por ello, se ha optado por dividir a nuestra investigación, en tres capítulos el primero de ellos, denominado: Los contratos administrativos y, en especial el contrato de obras públicas; el segundo: Proceso de contratación y responsabilidad contractual en los contratos de obras públicas y finalmente el tercer capítulo denominado: Ámbito del plazo de responsabilidad contractual en el contrato de obras públicas. El motivo de nuestra investigación, se basa en que es frecuente escuchar que el desarrollo de un país se puede medir, por el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos. Es por eso que el Estado a través de la administración pública, puede celebrar ciertos contratos de carácter público con los privados, para que de esa manera pueda lograr sus fines. Sin embargo, pese a la gran inversión que realizada el Estado, a través de las Entidades competentes, no se ha logrado un resultado adecuado y sobre todo duradero, después de la ejecución, entrega y liquidación de una obra. Con lo que podemos concluir, que es necesario una mejor y específica regulación respecto a la responsabilidad del contratista durante un periodo de prueba, debido a la vida útil del bien y a la finalidad para lo cual fue construido, ya que la ejecución de infraestructuras, son un pilar importante para el desarrollo nacional.

El tema sobre el que versa el presente artículo es el análisis de la modificación del Art. 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, respecto a la trabajadora gestante en el periodo de prueba año 2021. Siendo esto así, la modificación contempla como despido nulo, a aquella mujer que se encuentre laborando a tiempo parcial, o a la trabajadora gestante que se encuentre en periodo de prueba, y si estas son despedidas, dicho despido se considera nulo; asimismo se reafirma que esta modificación directa o indirectamente, está protegiendo a este grupo vulnerable, cabe precisar que esta protección la tienen en mayor proporcionalidad, puesto que, debido al estado de gravidez que presentan, requieren de más protección, ya que su condición de gestante se encuentra expuesta a la afectación que pudiese existir por parte de la sociedad, asimismo, esto no quiere decir que tienen mayor privilegios, pero sí una consideración por el estado que presentan.