En el derecho –y esto por un precepto elemental de justicia- no suelen existir los absolutos, porque normalmente conllevan a arbitrariedades. Fácilmente identificamos ello cuando, por ejemplo, nuestro derecho de tránsito se ve limitado por cuestiones de orden público (como la declaratoria de un estado de excepción) o nuestro derecho a participar de la vida política del país se encuentra regulado a lo que una norma exprese al respecto (como lo hace la ley orgánica de elecciones). En el caso de las decisiones que toma la administración pública, ésta se ve sujeta siempre a controles posteriores tanto dentro de la propia administración como fuera de ella, pudiendo ser modificada vía un laudo arbitral (como el arbitraje en la contratación pública) o impugnándose dichas actuaciones ante el Poder Judicial, quien tradicionalmente se encarga de su revisión. Esta pluralidad de instancias creada para garantizar los derechos de los ciudadanos y administrados, no obstante haber sido creada con una finalidad garantista, puede llegar a generar situaciones en las que la eficiencia social a la que apunta un sistema jurídico se pierda. He ahí el problema y las razones que nos motivan a desarrollar el presente trabajo. Las expresiones vertidas por un presidente de organismo regulador con las que comenzamos la presente investigación, nos llevan automáticamente a pensar en que una decisión técnicamente respaldada como la que fue en su momento emitida por el OSITRAN (Organismo Regulador Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura), puede ser modificada por razones muy poco predecibles por parte de la autoridad jurisdiccional, la cual en la realidad no da muestras de conocer de materias tan específicas, técnicas y complejas como la tratada en el ejemplo. Pedirle al juzgador conocer de ello sería pedirle demasiado, porque estas materias son de una cantidad tal que la tarea resultaría inagotable. La idea del presente trabajo es justamente brindar una alternativa de solución a esta situación . Si bien en un momento el sistema de revisión de actos administrativos por parte del Poder Judicial consagró una garantía por la cual los actos de la administración no están exentos de control, ello con el devenir del tiempo y los cambios tecnológicos y comerciales nos ha mostrado que necesita de algunos ajustes importantes. / Tesis

Las naciones de Venezuela y Guyana comparten una histórica diferencia territorial. El 29 de marzo de 2018, Guyana introdujo una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), jurisdicción que no reconoce el Estado venezolano. Esta situación motivó que la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), el American Collage (Nicaragua) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) organicen el Foro Internacional titulado "La controversia entre Venezuela y Guayan ante la Corte Internacional de Justicia: Fase Preliminar", realizado el 14 de agosto de 2020 con el apoyo de la Fundación Arcadia. Este libro reúne las ponencias de los destacados juristas que participaron de este foro, quienes, desde su perspectiva, abordaron elementos conceptuales de la demanda en cuestión.