Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Chile y Japón son países con alta recurrencia a los desastres y han estado obligados a avanzar en la gestión para la reducción de riesgos, obteniendo hasta ahora, resultados disímiles de avance. No obstante, no son los suficientes para países con elevado nivel de exposición de su territorio y la alta vulnerabilidad de su comunidad. A este respecto, ambos países comparten características geográficas, por su cercanía al océano. Chile posee más de 4.200 kilómetros de costa y Japón está formado por más de 6 mil islas, razón por la cual la amenaza de tsunami es latente y el riesgo para su población es permanente. Para esto, han formado parte de los acuerdos internacionales planteados por el Marco de Acción de Hyogo y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres. Las políticas públicas brindan la institucionalidad de los sistemas de gestión del riesgo en un país, comprendiendo a estas como la puesta en práctica de diferentes políticas institucionales, legales y técnicas para fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas y la posibilidad de que ocurra un desastre. Estos sistemas se sustentan en la metodología del ciclo del riesgo, que permite comprender la evolución de un desastre, desde la fase previa hasta la fase posterior del mismo, que concluye con la reconstrucción. La reconstrucción por su parte, última etapa del ciclo, consiste en la reparación o construcción de la infraestructura dañada y la restauración de los medios de producción. Sin embargo, un aspecto poco considerado, es que todo desastre afecta a la estructura social de una comunidad, en los ámbitos demográficos, sociales, políticos y económicos, que se traducen a su vez en una modificación de los modos de vida. La reconstrucción, de acuerdo a los principios emanados por los marcos internacionales de referencia, debe convertirse en una oportunidad para reconstruir mejor y en lo posible, concluir con una infraestructura igual o mejor a la que existía previo al desastre. Posterior al 27/F en Chile y al terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 en Japón, los países emprendieron procesos de reconstrucción para las diversas localidades costeras que fueron arrasadas o destruidas completamente, como Caleta Tumbes y Minamisanriku. La experiencia de Japón y en mayor medida Chile, muestran que el Estado desembolsó grandes sumas de dinero en estos procesos, debido a la falta de regulación, a la localización de la población en zona de riesgo, a la escasa inversión en preparación y a la inexistencia de criterios mínimos que permitan orientar de forma planificada un proceso de reconstrucción. Se analizan las políticas públicas e institucionalidad de ambos países, aplicados a las localidades de Caleta Tumbes y Minamisanriku y se comparan los respectivos procesos de reconstrucción. Los resultados preliminares muestran que ambos desastres se convirtieron en una ventana de oportunidad para la gestión de riesgos y las políticas públicas, que han tenido como consecuencia respuestas disímiles en Chile y Japón. En el caso chileno, la situación post desastre fue abordada mediante una reconstrucción centrada en obras civiles incorporando medidas de mitigación en las obras civiles, mientras que en Japón las zonas más devastadas fueron relocalizadas, privilegiando el resguardo de la población. Entendiendo que el rol de las políticas públicas, puede ser clave para promover el ordenamiento territorial, considerando aspectos que puedan contribuir a la prevención de las consecuencias de los desastres, es que en función del análisis y resultados obtenidos, se proponen criterios que permitan proponer una política pública en gestión del riesgo integral y eficiente, capaz de orientar los procesos de reconstrucción post desastre.