A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses  del  gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.