Las políticas públicas tienen una gran relevancia tanto para el Estado como para la sociedad porque son las encargadas de buscarle una solución a los problemas sociales que existan en el Perú. Es por ello que con la presente investigación se ha intentado desarrollar un factor que permite el éxito de las políticas públicas: la coordinación intersectorial, dicho termino se comprobará con algunos ejemplos. Finalmente, se tomó como caso extra de análisis a la política pública de género, siendo parte de ella, los Centros Emergencia Mujer; pero utilizando como objeto de estudio a los de la región de Ancash. Se eligió esta región debido a que es la segunda con mayor CEM en el Perú, después de Lima; y con el fin de tener una investigación descentralizada. Asimismo, se incluirá el contexto de la pandemia debido al COVID-19. / Public policy has a great deal of relevance for both the state and society because public policy is responsible for solving the social problems that exist in Peru. It is for this reason that the present investigation has attempted to develop a factor that permits successful public policy: intersectional coordination; this will be demonstrated through various examples. Finally, an additional case study analyzing public policy on gender, in particular, Women’s Emergency Centers; those centers in the region of Ancash will be used as the specific subject of study. This region was chosen due to the fact that it contains the second highest amount of Women’s Emergency Centers in Peru, second only to Lima. The focus of the present investigation is a decentralized approach. Likewise, the context of pandemic will be included due to the COVID-19 outbreak

En el año 2019 me incorporé al Ministerio Público como Asistente del Sistema Fiscal, específicamente en la sede de la provincia de Huamalíes-Huánuco a cargo de delitos comunes. Dos años más tarde, es decir en el año 2021, fui rotada a la Fiscalía Provincial Penal de Amarilis-Huánuco, con competencia en delitos que comprende el artículo 122-B. Durante mi estancia allí, fui testigo de la frecuencia con la que se recibían denuncias de personas que, pese a contar a estar protegidas, pues contando con medidas de protección a su favor por haber sido víctimas de agresión antes, fueron agredidas nuevamente por la persona denunciada. En la mayoría de casos se trató de actos cometidos en contra de mujeres por su condición de tal o contra un integrante del grupo familiar. Cuando estos hechos eran evaluados por el Ministerio Público, percibí que no se tenía claro sobre cual tipo penal debía aplicarse, pues en principio la conducta denunciada aparentemente, calzaba dentro de dos delitos: el artículo 122°-B, numeral 6 que sanciona los actos de violencia contra la mujer con infracción de órdenes dictadas por un juez a favor de una agraviada y el artículo 368° del Código Penal, tercer párrafo que regula la desobediencia de las medidas de protección derivadas de un hechos que configuran violencia familiar. / Trabajo académico