Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Contraloría General de la República es un organismo de control de legalidad de los actos de la Administración y de fiscalización de los fondos públicos. Su instrumento tradicional de control de la legalidad ha sido la toma de razón, sin embargo con el tiempo ha ido ampliando sus facultades de control mediante el ejercicio de la potestad dictaminante, comúnmente llamada “jurisprudencia administrativa”. Su posición constitucional y el ejercicio de estas atribuciones las transforman en la institución más importante para el desarrollo del Derecho Administrativo chileno. Las razones que explican esta evolución son diversas. En primer lugar, el aumento de facultades encuentra fundamento en la evolución normativa de la CGR, que gracias a factores históricos y políticos desde su creación hasta el año 1964, influyó en la expansión de potestades, particularmente originando la potestad dictaminante. En segundo lugar, esta evolución también encuentra sustento en la consagración constitucional de 1943, que conjugado a la Toma de Razón de los actos de la Administración, lleva a la CGR a comprender su relevancia respecto al control de legalidad de los actos de la Administración. Además, ante la ausencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, la CGR se concibió a sí misma como garante del Estado de Derecho. En tercer lugar, la Jurisprudencia Administrativa, con sus características –vinculante, obligatoria, de alcances generales-, genera que la CGR materialice este aumento de facultades, resultando un órgano disciplinador de la Administración. Finalmente, el medio por el cual la CGR interviene, y genera Jurisprudencia Administrativa, es a través del dictamen, que dadas las circunstancias anteriores, ha logrado no sólo interpretar la ley, sino también dirimir ciertos conflictos, e implementar políticas públicas. En síntesis, la potestad dictaminante de la Contraloría cumple tres funciones: Interpretar, adjudicar e implementar; dando sentido y alcance, solucionando controversias y verificando la correcta aplicación de las políticas públicas respectivamente

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El 18 de septiembre del año 2010 nuestro país celebró doscientos años desde que comenzara el proceso de independencia que conduciría al establecimiento de la República de Chile. Como enseña la historiografía actual, los movimientos americanos que conllevaron el colapso del sistema imperial español se enmarcan dentro de los procesos históricos mayores que configuran la era de las revoluciones. Hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el poder político dimanaba directamente de la persona del soberano – rey o emperador en su caso – y los habitantes de los reinos fueron durante el ancièn règime llamados súbditos. Fue recién el 14 de julio de 1789, cuando las barriadas parisinas se amotinaron contra el poder despótico de su monarca, que los súbditos pasaron a llamarse ciudadanos. El sistema que surgiría de las cenizas del parto sangriento de la modernidad se caracterizaría por promover una radical separación de los poderes y elestablecimiento de la ley como baluarte supremo de las libertades individuales del ciudadano. Esta idea de que la ley es el origen, fundamento y límite del actuar del poder público es lo que en Derecho se ha denominado principio de legalidad. Así, el destacado administrativista español García de Enterría nos enseña: “Una vez que esa nueva concepción de Derecho (en su fuente; en su manifestación, en su fin) se ha consolidado, el concepto de Estado de Derecho se identifica con su realización y se erige en un modelo de Derecho Natural que va a presidir toda la evolución política de Occidente hasta nuestros días. Hoy se mantiene, y aun se acendra, la misma convicción común sobre el origen y el fin del Derecho; la radical igualdad de los hombres, a la que la conciencia actual es especialmente sensible, la impone, de modo que cualquier otro sistema básico de Derecho que parte necesariamente de la negación de esa igualdad (en beneficio de un hombre, o de un grupo, o de una clase, o de un partido, o de una iglesia), y del sometimiento de los ciudadanos a fines y a mitos transpersonales, que exceden siempre necesariamente de su propio bien y lo instrumentalizan. El segundo elemento estructural, referente a la necesaria producción del Derecho por medio de leyes generales, ha sido, sin embargo, erosionando, quizás paralelamente a la transformación de la ley natural en la concepción del propio mundo físicos y biológico y, como ya hemos visto más atrás, no hay ningún inconveniente de principio en la admisión de leyes singulares, que hoy son, además, perfectamente normales en todos los ordenamientos (sin perjuicio de que no sean ya, o al menos no deban ser, los rescriptos singulares o lettres de cachet del absolutismo, excepciones arbitrarias al sistema general de los derechos) . El principio de legalidad es precisamente lo que dota de contenido a la expresión “Estado de Derecho”. Innumerables definiciones se han dado de este concepto tantas veces invocado, pero en general nos refiere a la idea de racionalización del ejercicio del poder político por medio del principio de legalidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes emanados de la Contraloría General de la República desde enero a octubre de 1976. Total: 342.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada texto completo / Boletín de Jurisprudencia Municial números 107, 108, 109, 110, 111 y 112. Período: enero a diciembre del año 1979. Total de fallos: 327.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Díctamenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia General de dicho organismo nos. 9-10, 11-12 del año 1973 y nos. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 correspondientes al año 1989; asimismo, el Boletín de Jurisprudencia Municipal de este organismo en su no. 70 del año 1972.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia General de dicho organismo Nos. 101-106, año 1978.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes Boletín de jurisprudencia municipal de Contraloría General de la República, año 1993. Total dictámenes año 1993: 338.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Dictámenes de la Contraloría General de la República publicados en el Boletín de Jurisprudencia Municipal de dicho Organismo correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 1998; Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1999 y Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2000. Total de documentos analizados: 356.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Boletín de jurisprudencia Contraloría General de la República. Período: enero, febrero y abril de 1984 y abril a diciembre de 1995.

Magíster en Derecho con mención en Derecho Público / Actividad Formativa Equivalente a tesis (AFET)