La sociedad mapuche del siglo XX vivió en la primera mitad de esa centuria importantes transformaciones sociales, políticas y culturales. Una de ellas fue el proceso de radicación o constitución de reducciones, conocidas hoy como comunidades indígenas. El patrimonio territorial de 10 millones de hectáreas reconocidas por la corona española a través de 28 parlamentos y posteriormente por el gobierno de Ramón Freire, en plena República, quedó durante ese periodo drásticamente reducido a 500 mil hectáreas (5%) El 95% restante, de acuerdo a los estudios de José Aylwin y Martín Correa, fue apropiado por el Estado y distribuido a través de distintos mecanismos regulados por decretos leyes, como lo fue la colonización con extranjeros y nacionales, la fundación de pueblos, la constitución de una propiedad fiscal, las subastas públicas y los pagos por servicios a la oficialidad del ejército. Este drástico cambio en la propiedad de la tierra y los recursos, fue antecedido por la esquilmación económica de la base ganadera de la sociedad mapuche. Como bien lo demuestra José Bengoa, y también Pizarro en la zona de Lebu, miles de cabezas de ganado vacuno, equino, ovejuno fueron subastadas en las plazas de armas de los pueblos fronterizos suministrándoseles a los nuevos parceleros y latifundistas a bajos precios, pero con ganancia “redonda” para el erario del Estado conquistador. Ambos procesos trajeron aparejadas la instalación de la institucionalidad del Estado, primero el ejército y a su zaga la nueva legislación. También surgieron las misiones y por extensión la escuela, el mercado y los correspondientes caminos, los juzgados y la policía, las comisiones de colonización y de radicación indígena, que junto a los órganos de poder provincial y local, las intendencias y los partidos políticos, le fueron dando a los antiguos territorios mapuches una continuidad que nunca tuvo con las provincias del norte del río Biobío. Esto terminó por sustituir la gobernabilidad de los grandes consejos de lonko (fütra trawün) por los organismos de gobierno chileno quien, desde entonces, fue haciendo efectivo el control del territorio. Hacia la década del cuarenta, un estudio en terreno sobre los mapuches en la zona precordillerana desarrollada por María Inez Hilger, indicaba sobre sus aspectos de gobierno que: "La cabeza de la unidad local araucana es, igual que antiguamente, el ülme y que ahora le dicen cacique (palabra española para decir jefe indio) Igual que en el pasado, el cacique tiene un ayudante llamado loŋko, que él elige. El cacique lleva el liderazgo en momentos que es requerido, sin embargo, su autoridad para interpretar la ley ha sido reemplazada, en gran medida, por los Juzgados de Indios y por carabineros (policía chilena) En el pasado, en algunos casos, el cacique podía aplicar la pena de muerte. El poder legislativo, que antiguamente estaba en manos de la población masculina actuaba como un organismo, y aún funciona, pero se restringe principalmente a entregar peticiones al gobierno chileno. Los sucesivos gobiernos reafirmaron en adelante su condición de Estado nación, es decir, la supremacía de un solo orden jurídico, religioso, cultural y lingüístico: el de los conquistadores, más específicamente el del grupo oligarca detentor del poder en Chile desde la independencia. El proceso fue violento en su génesis. Como bien lo demuestra Arturo Leiva, se trató de una guerra de invasión y conquista militar para luego colonizar desplazando a la población nativa. La violencia acompañó los episodios posteriores, pues no sólo la sociedad mapuche cayó bajo la derrota, sino también las formas de relación que hicieron entenderse a éstos con los chilenos durante el siglo XIX a través de parlamentos, como otrora con la corona española. Estos esquemas de relación habían institucionalizado funciones, funcionarios, ritos, procedimientos que de la noche a la mañana quedaron sin funcionalidad. Para autores como Leonardo León ahí estuvo el caldo de cultivo que activó la violencia -fenómeno de larga duración- que sacudió los espacios de la frontera, la violencia mestiza en contra del nuevo orden que no necesitó de interlocutores, funcionarios ni ritualidades más que las del propio Estado, la nueva y única autoridad.