El presente informe jurídico procura analizar por medio de la casuística y la interpretación legal del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito junto al Código de Protección y Defensa del Consumidor, las nociones de medidas de seguridad (respecto al monitoreo y realización de operaciones) y la validez de las operaciones, en aras de dilucidar si la decisión adoptada en la Resolución N°3210-2023/SPC-INDECOPI se encuadra dentro de las nociones y posturas que ha tomado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en los últimos años. En tal sentido, se hará un énfasis especial en la tendencia de Indecopi de tomar en consideración la aplicación de todas las medidas de seguridad contempladas en la normativa sectorial, lo cual incluye factores como la frecuencia, el máximo importe individual consumido por el cliente, la totalidad de canales utilizados por el consumidor, entre otros. De esa forma, se concluirá que la Sala Especializada en Protección al Consumidor no efectuado el análisis de la totalidad de medidas de seguridad de la normativa sectorial en el presente caso. Asimismo, se evidenciará la necesidad de que la Sala Especializada en Protección al Consumidor emita pronunciamiento respecto del factor frecuencia para los casos en los cuales las operaciones no reconocidas se realicen en minutos, así como para los casos en que se utilicen distintos canales a los habituales. / This legal report pursue to analyze by means the casuistry and legal interpretation of the Credit and Debit Card Regulations in conjunction with the Code of Consumer Protection and Defense, the notions of security measures (regarding the monitoring and implementation of transactions) and the validity of transactions, in order to elucidate whether the decision adopted in Resolution No. 3210-2023/SPC-INDECOPI falls within the notions and positions taken by the Specialized Chamber on Consumer Protection in recent years. In this sense, special emphasis will be made on Indecopi´s tendency to take into consideration the application of all the security measures contemplated in the sectorial regulations, which includes factors such as frequency, the maximum individual amount consumed by the client, the totality of channels used by the consumer, among others. Thus, it will be concluded that the Specialized Chamber on Consumer Protection did not analyze the totality of the security measures of the sectorial regulation in the present case. Likewise, it will be evidenced the need for the Specialized Chamber on Consumer Protection to issue a pronouncement regarding the frequency factor for cases in which the unrecognized operations are carried out in minutes, as well as for cases in which different channels than the usual ones are used.

Este trabajo de investigación analiza la experiencia peruana relacionada con las instituciones financieras estatales en Perú, que realizan funciones de banca de desarrollo y que según su naturaleza jurídica de creación se encuentran bajo este ecosistema. Al respecto se argumenta que actualmente sus funciones de banca de desarrollo se encuentran limitadas y como consecuencia de ello han perdido protagonismo como instrumentos de generación de desarrollo, reactivación económica y articulación entre el Estado y los agentes privados con la finalidad de ejecutar de manera armónica las políticas públicas del país en beneficio de su desarrollo. Esto, tiene su origen en las reformas estructurales implementadas en los años noventa, las cuales fueron realizadas de manera desorganizada sin considerar aspectos importantes en los marcos normativos institucionales de estas instituciones referidos a la regulación del sistema financiero y su relación con la AEE generando deficiencias en el diseño normativo que dificultan la ejecución de su rol. En ese sentido, se plantea que, los BPD que conforman el ecosistema peruano de la banca de desarrollo persiguen objetivos que carecen de integración, lo que en algunos casos resulta en una duplicidad de esfuerzos, falta de aprovechamiento de sinergias potenciales, y principalmente en la limitación de la ejecución efectiva de su rol como banco de desarrollo debido a la deficiencia en su diseño normativo por diversos factores como la desorganización de su marco normativo institucional, falta de definición e interrelación del marco legal aplicable a la AEE su regulación en el sistema financiero entre otros.