La agricultura sostenible que previene el deterioro de los recursos naturales evita las trampas de pobreza y desigualdad en el mundo rural y reduce la vulnerabilidad al cambio climático. El desarrollo rural sostenible debe procurar un enfoque intercultural y territorial, por lo que las políticas agrarias rurales no pueden prescindir de las relaciones entre actores e instituciones. Tomando uno de los cultivos amazónicos de mayor crecimiento, se indaga si la presencia de capital social presente en asociaciones formales agrícolas indígenas y no indígenas contribuye a la adopción de prácticas de suelo sostenibles, y por ende a la conservación de recursos naturales de parte de los productores de cacao en la Amazonía Peruana. Se utiliza una metodología mixta que permite triangular, complementar y profundizar los resultados. En primer lugar, se estima un modelo probabilístico multinomial de adopción de cinco prácticas sostenibles de suelo, considerando como variables explicativas aquellas que aproximen al capital social. En segundo lugar, se emplea un enfoque cualitativo que permite conocer la dinámica de las conexiones asociativas y comunales, conocer las prácticas de suelo adoptadas, y explorar las condiciones necesarias para la conservación de los recursos. Para tal fin, se lleva a cabo entrevistas semiestructuradas con 29 productores de dos asociaciones de cacao y un representante gerencial de cada asociación en Satipo, Junín. Los resultados indican que el capital social sí favorece la conservación del suelo. No obstante, no es suficiente pertenecer a una asociación o comunidad nativa para asegurar la adopción de prácticas de suelo sostenibles. Para que el capital social minimice el problema colectivo de la degradación del suelo y asegure externalidades positivas se deben cumplir ciertas condiciones que permitan la confianza y la adherencia a las reglas. Primero, es necesario que la asociación brinde los beneficios mínimos que satisfagan la motivación instrumental de los socios y permita mayor confianza. Luego, es necesario que las reglas a seguir sean aquellas ligadas a la conservación de los recursos naturales, las cuales usualmente están relacionadas a una certificación orgánica. Por último, el capital social informal presente en comunidades nativas puede favorecer la conservación de recursos en asociaciones indígenas al incrementar la confianza entre miembros, favorecer la adherencia a reglas y contar con reglas comunitarias alineadas a los objetivos de conservación. No obstante, si bien existen estas posibles sinergias en asociaciones indígenas, existen desventajas a las que se enfrentan estos productores que los vuelve más vulnerables y hace más urgente la adopción de prácticas de suelo sostenibles en dichas poblaciones.

Una de las primeras cosas que uno nota al hacer gestión pública en municipios rurales es que el ámbito rural es de naturaleza muy diferente al urbano. A diferencia de las grandes ciudades, en el ámbito rural y en las pequeñas ciudades, sea en la costa, sierra o selva, la población cuenta con necesidades primarias que aún no han sido suficientemente cubiertas, como las de infraestructura de servicios básicos. No obstante, el poblador rural, pese a las demoras y a las trabas burocráticas, nunca deja de creer en el Estado y considera que es el único que puede propiciar su salida de la pobreza. Mi interés permanente en la administración pública, la consideración de que es fuera de Lima donde más se necesita de profesionales capaces de contribuir con el progreso de pueblos y ciudades en crecimiento y el ánimo de contribuir de esa manera me condujeron en el año 2012 a la parte central de la región Cajamarca, exactamente en las provincias de Cutervo y Chota. Allí, tuve la ocasión de laborar en dos gobiernos locales, uno provincial y otro distrital, durante casi 4 años. El tema que concierne discutir en torno a la experiencia vivida en la región Cajamarca es la ciudadanía. Se llega a hablar en la academia que en el ámbito rural existe “menos ciudadanía” que en el ámbito urbano. Sin embargo, las experiencias comparadas desde la Municipalidad Provincial de Cutervo y la Municipalidad Distrital de Tacabamba permitirán demostrar de qué manera se genera y/o fortalece la ciudadanía a través del fomento de la gestión comunal en la provisión de servicios de agua y saneamiento. La pregunta principal que surgió en torno a la experiencia en Cutervo y Tacabamba es: ¿Puede la conformación y/o fortalecimiento de una JASS transformar las relaciones entre los ciudadanos de comunidades rurales y el Estado? Quedaba la duda de saber si las JASS, establecidas bajo una normativa que las posiciona como un actor estratégico en agua y saneamiento, podrían ser un agente que ayude a organizar a la población para encauzar demandas, en igualdad de condiciones, frente al Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno. Las experiencias permitirán analizar cómo se transforman las relaciones entre el ciudadano rural y el Estado a través de la promoción de la gestión comunal en la provisión de servicios de agua y saneamiento, desalentando así la inversión en obras insostenibles en el tiempo, así como contribuir a acercar al ciudadano rural con el Estado en términos más equitativos y, de este modo, en el largo plazo, fortalecer la ciudadanía en el país. Mi experiencia me llevó también a identificar y clasificar cuatro componentes clave para comprender mejor los procesos de transformación en las relaciones entre los ciudadanos rurales y el Estado a partir de la experiencia de las JASS: a) Fomentan la asociatividad, lo que permite defender intereses con un peso mayor a la mera defensa individual b) Establecen derechos y obligaciones dentro de la comunidad, lo que supone el tránsito del beneficiario al usuario c) Promueve la participación de la mujer en un contexto donde esta había sido relegada d) La voluntad de las autoridades por continuar con las políticas públicas en agua y saneamiento. En torno al agua y saneamiento, se halló que la población rural, organizada a través de las JASS, ha reconocido una serie de derechos y obligaciones que la ha empoderado y ha contribuido a transformar sus relaciones con el Estado. Con ello, se benefician tanto las comunidades como la autoridad local de turno. Unas se empoderan y la otra se legitima. La sinergia resulta en un sistema de agua potable sostenible en el tiempo: mejor calidad de agua, las 24 horas del día y clorado periódicamente, permiten niños y adultos más saludables y con más posibilidades de desarrollarse. En el ámbito del distrito capital de Cutervo, los diferentes componentes operaron de tal modo que se propició una sociedad rural más empoderada y consciente de sus derechos cuando se trata de agua y saneamiento. A diferencia de los ciudadanos rurales, los ciudadanos de las grandes urbes del país tienen poca disposición para participar activamente de los asuntos públicos. La alta presencia del Estado repercute en la apatía del ciudadano urbano, que deja la responsabilidad de los asuntos públicos a las instituciones, desentendiéndose casi por completo de ellos, lo que resulta contraproducente para el ejercicio de una ciudadanía plena. La ciudadanía rural adolece de servicios que llegan con suma dificultad y un Estado menos visible a medida que se va profundizando en el ámbito territorial. Sin embargo, los ciudadanos rurales están habituados a una mentalidad más participativa y comunitaria. Ello ha permitido que funcionen iniciativas como las Rondas y las JASS en ámbitos donde no llega la Policía Nacional ni las EPS. Las autoridades tienen un importante rol para fortalecer a las organizaciones comunales. Allí donde ellas no impulsan el proceso de empoderamiento de las JASS para la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, como en Tacabamba, las organizaciones continúan apelando al “apoyo” de las autoridades para rehabilitar los sistemas, restando así recursos para obras de mayor envergadura en el territorio. Sin embargo, donde las políticas públicas locales en agua y saneamiento llegan a implementarse sin importar la filiación política de la autoridad de turno, los resultados van a ser no solo positivos para la sostenibilidad de los sistemas, sino también para la población, que va a ejercer un derecho crucial para su desarrollo. Finalmente, aun cuando la institucionalidad de las JASS es incipiente, consideremos que los proveedores del servicio en la comunidad son ciudadanos que no perciben una remuneración y que dedican tiempo a una actividad para la cual no cuenta con la especialización del caso. Las Áreas Técnicas Municipales de cada municipalidad rural deben ser permanentemente fortalecidas, con el fin de ser ese nexo entre el usuario de agua potable rural y el Estado, todo ello con la vigilancia del sector Salud para velar que, aunque lentamente, las JASS estén proveyendo agua con los estándares debidos de calidad. El resultado final debe ser garantizar agua segura para los ciudadanos del campo y la ciudad, para de este modo tener poblaciones más saludables y contribuir a cerrar una brecha que impide un adecuado desarrollo de las personas.