El presente proyecto fundamenta y propone una política pública de fomento a las buenas prácticas de aprovisionamiento de grandes empresas. Si bien se ejemplifica y sostienen argumentos en función de la industria del comercio minorista -especialmente supermercados-, la aplicación de las propuestas aquí incluidas excede con creces dicho ámbito. El problema que aborda este proyecto es la relación vertical conflictiva e ineficiente entre grandes empresas y sus proveedores, particularmente aquellos de menor tamaño. Más específicamente, se muestran los perjuicios del ejercicio de poder de compra de dichas firmas, que extrae excedentes de los proveedores y provoca un nivel de desarrollo subóptimo en muchos de ellos. Esto produce un efecto que merma el nivel de satisfacción del cliente final, a la vez que perjudica el desarrollo de las empresas de menor tamaño y del emprendimiento. Por consiguiente, afecta negativamente el empleo y desarrollo económico del país. La propuesta tiene su origen más básico en la hipótesis que sostiene que los agentes económicos tienen interés en muchos atributos no verificables a priori en los bienes y servicios que intercambian en una relación o contrato comercial. En este caso particular, los proveedores requieren información para enfrentar este caso de selección adversa, pues desconocen los pormenores de precios y condiciones de post venta fijadas por las empresas demandantes. Luego, la certificación voluntaria de este tipo de atributos –en este caso, las buenas prácticas de aprovisionamiento- asiste la toma de decisiones del proveedor, a la vez que permite una diferenciación de la empresa demandante y de sus servicios, así como a una mejor captación de clientes y proveedores. Se entregan variados argumentos conceptuales, analíticos y empíricos que avalan la generación de este sistema. Entre ellos, abundante experiencia internacional que, frente a situaciones similares, ha optado por esta vía. La estrategia propuesta sugiere no innovar en regulaciones que obliguen a las empresas a adoptar prácticas exigentes en dichas materias. En cambio, propone un código de adscripción voluntaria como herramienta de certificación y promoción de dichas buenas prácticas. Finalmente, a modo de conclusión, se hacen dos aseveraciones fundamentales. Primero, que Chile se encuentra en un escenario proclive para incorporar un código de adscripción voluntaria que incentive las buenas prácticas de aprovisionamiento y asista la toma de decisiones de los proveedores. Y segundo, que la certificación de atributos no verificables vía consumo es una potente herramienta cuya extensión y alcance debe explorarse y estudiarse profundamente para incorporarla más genéricamente en diversas áreas de la economía.