El presente artículo desarrolla un estudio del principio de «autonomía procesal», desde la posición por la defensa del mismo en razón de su vinculación con el concepto de tutela urgente que representan los derechos fundamentales. En esa perspectiva de orden material igualmente considera una posición moderada y propone un conjunto de reglas para un mejor desarrollo de esta concepción. Reconoce, asimismo, las posiciones críticas al respecto y las examina en una propuesta de complementariedad entre el derecho procesal y la «autonomía procesal» propiamente dicha.

El Tribunal Constitucional en el expediente N° 05436-2014-PHC/TC, resolvió declarar un estado de cosas inconstitucional a las condiciones actuales de los establecimientos penitenciarios referidas al hacinamiento, el déficit de infraestructura y el otorgamiento de los servicios básicos dentro de ellas. En la sentencia se desarrolla la situación caótica del hacinamiento en los centros penitenciarios del país y resalta que este problema no es novedoso ni exclusivo del Perú; esto no solo se debe al déficit de la infraestructura, sino que también responde a la legislación populista que buscan aumentar las penas y reducir los beneficios penitenciarios, así como el abuso en el otorgamiento de la prisión preventiva. En ese sentido, el Tribunal evidencia la vulneración de derechos fundamentales de internos como consecuencia de hacinamiento, deficiente en la calidad de las instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional. En la parte resolutiva se exhorta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que elaboración un nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025, el cual debe comprender un trabajo conjunto y coordinado entre los tres poderes del Estado y la sociedad en general. / Trabajo de suficiencia profesional