Los estudios sobre la fragilidad estatal han sido promovidos predominantemente desde otras áreas de estudio diferentes al derecho internacional. Esta tesis explora cuál ha sido la respuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a este paradigma y cuáles pueden ser los riesgos que supondría su reconocimiento en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales. Las investigaciones académicas usualmente se han enfocado en determinar el alcance del concepto de fragilidad estatal, sus causas y repercusiones. Sin embargo, no existe literatura suficiente que aborde el discurso jurídico que se ha creado alrededor de los Estados que se encuentran en situación de fragilidad ni mucho menos la respuesta institucional de órganos que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Esta es una discusión a la que esta tesis pretende contribuir. El principal argumento es que el reconocimiento de la fragilidad estatal por parte del Consejo de Seguridad engloba el riesgo de trasladar al discurso jurídico la idea de que existen Estados que cumplen sus obligaciones internacionales de manera adecuada y otros que no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Esto supone que se institucionalice la percepción de que existen algunos Estados que están en ventaja y otros en desventaja, lo que podría conllevar a la violación de principios del derecho internacional. Para ello, esta investigación estudia la construcción de la fragilidad estatal desde una perspectiva jurídica que permite comprender su significado en el derecho internacional. Se pregunta sobre la relación entre la fragilidad estatal y la personalidad jurídica internacional, y hasta qué punto este paradigma permitiría replantear el estándar de estatalidad en el derecho internacional. Luego de ello, analiza la respuesta del Consejo de Seguridad en Estados en situaciones de fragilidad a partir de la revisión de las resoluciones adoptadas en estos contextos, en particular en los casos de Somalia y Yemen. La tesis concluye que el Consejo de Seguridad ha tenido un viraje institucional, desde una completa falta de respuesta al reconocimiento de la fragilidad como un asunto de preocupación en el marco de su mandato hasta un involucramiento más decidido en la consolidación del paradigma de fragilidad estatal.