Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A través de esta investigación se describe el marco jurídico actual de Chile referente a las personas con discapacidad mental, especialmente en relación a las normas que afectan la capacidad jurídica, la autodeterminación y los sistemas de apoyo, el derecho a la libertad personal, y su relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En una primera parte se definen los principales conceptos que informan a toda la legislación en materia de discapacidad, y que constituyen parte fundamental en la nueva forma de entenderla. Se describe luego el estatuto jurídico nacional vigente, incluyendo las distintas vías por medio de las cuales la capacidad jurídica, la autodeterminación y la libertad personal se ven afectadas, ya en sede civil, penal o administrativa, sea a través del proceso de interdicción junto a la sustitución de voluntad, o con la aplicación de medidas de seguridad y la consecuente internación en régimen psiquiátrico. Se continúa con la situación en la que se encuentran los sujetos una vez institucionalizados, su relación con el sistema de salud, con sus cuidadores, y con aquellos encargados de velar por la protección de sus derechos. Finalmente se desarrollan los derechos de autodeterminación, de libertad personal y los sistemas de apoyo según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo la nueva forma de entender la discapacidad como una capacidad jurídica distinta, que no tiene que ver con anular la capacidad de obrar -como se ha entendido hasta ahora-, sino que tiene que ver con ejercer los derechos de una manera diferente. Junto a ello, se hace una aproximación a ciertos aspectos actuales de las legislaciones de algunos Estados Partes, con respecto a los principios de autodeterminación, libertad personal y sistemas de apoyo de la forma en que están planteados en la Convención.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La incapacitación absoluta es la respuesta que nuestro sistema jurídico ha ofrecido a las personas con discapacidad mental. Mediante esta institución, la persona ve anulada su capacidad de ejercicio, es declarada en interdicción y –por estimarse beneficioso proteger su intervención en el tráfico jurídico-, se le nombra un curador que vele por su persona y bienes. Este sistema de sustitución de voluntad encuentra sus bases en los artículos 1.446 y 1.447 del Código Civil, y se materializa a través de la Ley N°18.600, que establece Normas sobre Deficientes Mentales. Este afán proteccionista, en los hechos, se erige como una barrera impenetrable, que aleja a las personas con discapacidad mental de la facultad de decidir sobre sus propios asuntos, y posibilita la vulneración de sus derechos fundamentales y al respeto a su dignidad inherente. No obstante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), vigente en Chile desde el 29 de julio de 2008, propone un auténtico cambio de paradigma en la consideración de las personas con discapacidad, por cuanto reconoce que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Establece además (pasando de un sistema de sustitución a uno de apoyo en la toma de decisiones), que el Estado tomará las medidas oportunas para proveer el acceso a todas las personas con discapacidad al apoyo y asistencia que requieran para el ejercicio de su capacidad jurídica, basadas en sus deseos y preferencias, y no en lo que se supone sea su interés superior objetivo, proporcionándoles salvaguardas efectivas para impedir que sean objeto de abusos. En este trabajo se pretende dar cuenta de la regulación de la capacidad jurídica en el derecho chileno, y analizar si existe correspondencia entre la figura de la interdicción por demencia y la Convención.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley Nº 19.954, promulgada y publicada en el año 2004, fija un procedimiento especial para declarar la interdicción de una persona y designarle curador. Si bien la letra de dicha ley no lo explicita, tal procedimiento es de tipo no contencioso o voluntario, esto es, no implica conflicto entre partes. Es así que, contando con la inscripción de la discapacidad en el registro pertinente –llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación –con una simple solicitud ante el juez de letras competente de citar al discapacitado ante su presencia para realizar una audiencia personal, se puede obtener fallo favorable. Así, la entrevista descrita sólo sirve para corroborar la discapacidad. En el contexto de la misma causa debe ofrecerse un nombre para designar como curador del presunto interdicto. Ambas peticiones se resuelven en la misma sentencia definitiva.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho civil) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La plena capacidad jurídica es un derecho esencial de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad mental e intelectual, reconocido por la Convención de Derechos de la Personas con Discapacidad. Los países signatarios de la Convención deben adecuar su legislación de tal forma de dar pleno reconocimiento a este derecho, incluyendo la derogación de la institución de la interdicción por demencia y las guardas, las que son discriminatorias, adoptando sistemas de toma de decisiones con apoyo eliminando los modelos basados en la sustitución de la voluntad o representación legal. El presente trabajo revisa el nuevo paradigma de la discapacidad a partir de la aceptación del modelo social y de derechos en la Convención, analiza críticamente tanto la legislación chilena relativa a la discapacidad como los conceptos recogidos en el Derecho Civil en materia de voluntad y capacidad jurídica. Basadas en la doctrina, la Convención y el Derecho comparado, las conclusiones esbozan los criterios que debe contemplar la urgente modificación de la legislación chilena en materia de Capacidad Jurídica