Las políticas públicas constituyen un conjunto de acciones y decisiones coherentes,
racionalmente adoptadas por los poderes públicos en coordinación con los actores
sociales y/o privados, orientados a resolver de manera puntual un problema de
naturaleza pública o que afecta a un determinado grupo de individuos en relación con la
protección progresiva de sus derechos, para cuyo fin se destinan recursos técnicos,
humanos, físicos y económicos de distinta naturaleza.
Bajo la concepción tradicional de que las políticas públicas pertenecen prioritariamente
al ámbito de la teoría económica y de la administración pública, que son llevadas a cabo
por técnicos en materia presupuestaria, y que éstos se limitan únicamente a aplicar el
análisis costo-beneficio para el diseño de las mismas, pocas veces en el ámbito jurídico,
y específicamente en el ámbito constitucional, la doctrina aborda con un enfoque de
derechos la dimensión jurídica de las políticas públicas.
Este poco tratamiento doctrinal sobre el enfoque de derechos en el diseño de las
políticas públicas, evidencia un sesgo en la doctrina jurídica que impide que los
derechos sean abordados como un marco regulador establecido en la Constitución que
impulsa y delimita la formulación de políticas públicas racionales para el bienestar
social.
No obstante, en los últimos tiempos y con el desarrollo de la teoría constitucional, el
planteamiento teórico respecto a la dimensión jurídica y constitucional de las políticas
públicas resulta mucho más factible a la luz de la creciente incidencia que ha tenido la
jurisprudencia constitucional en el ámbito de la acción pública, principalmente para
garantizar el reconocimiento de los derechos de naturaleza social, fijando en muchos
casos las condiciones mínimas para la satisfacción de derechos tales como la salud, la
educación y el trabajo, los cuales forman parte de ese conjunto de derechos básicos cuya
satisfacción constituye presupuesto para el ejercicio de las libertades, en especial de los
grupos más vulnerables de la sociedad.
Este punto de conciliación entre los derechos y las políticas públicas que trataremos de
construir en nuestra investigación -mucho más valioso a nuestro entender en contextos
donde lo normativo se encuentra divorciado de la realidad-, debe ser entendido como
otra de las manifestaciones propias del paradigma del Estado Constitucional y de la
doble dimensión de los derechos fundamentales. En este tipo de Estado la
jurisprudencia constitucional abre una posibilidad para reducir la brecha entre lo
normativo y lo fáctico, siendo que la omisión de políticas públicas para la
materialización de los derechos fundamentales, o la ineficacia de las existentes,
representa el incumplimiento del Estado en la adopción de acciones efectivas para el
cumplimiento de ciertos preceptos constitucionales. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/4577 |
| Date | 29 May 2013 |
| Creators | Ku Yanasupo, Lily |
| Contributors | Morales Luna, Félix |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
| Rights | Atribución-CompartirIgual 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ |
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