Tesis

A raíz de la interposición de una demanda de acción popular por parte de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana cuestionando (i) la Decimoquinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, y (ii) la Directiva que desarrolla dicha Disposición, el presente informe tiene por objetivo responder la interrogante jurídica de si corresponde o no la inaplicación del proceso de consulta previa para el desarrollo de proyectos de infraestructura en materia de salud, educación y otros servicios públicos. Para resolver dicha interrogante, entre los instrumentos normativos utilizados se encuentra la normativa peruana en materia de derecho procesal constitucional, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho de los pueblos indígenas, así como jurisprudencia y doctrina nacional e internacional sobre dichas materias. Como resultado del análisis jurídico, se concluye que no corresponde la inaplicación del proceso de consulta previa, en tanto que dicha exoneración contraviene a los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Consulta Previa y los artículos 6 y 7 del Convenio 169, y resulta desproporcionada. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que, en el caso bajo análisis, la Corte Suprema no debió declarar la retroactividad de la expulsión de las normas cuestionadas (ni tampoco la nulidad de las medidas administrativas aprobadas bajo tales normas), en tanto que ello no estuvo suficientemente sustentado en la sentencia emitida, excede sus facultades en el marco del proceso de acción popular, y genera afectaciones a la seguridad jurídica. / Following the filing of a class action lawsuit (acción popular) by the Interethnic Association for the Development of the Peruvian Jungle (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) challenging (i) the Fifteenth Complementary, Transitory and Final Provision of the Regulations of the Law on Prior Consultation, and (ii) the Directive that develops said Provision, the purpose of this report is to answer the legal question about the applicability or not of the prior consultation process for the development of infrastructure projects in the matters of health, education and other public services. In order to solve this question, among the normative instruments used are the Peruvian regulations on constitutional procedural law, constitutional law, administrative law and indigenous peoples' law, as well as national and international jurisprudence and doctrine on such matters. As a result of the legal analysis, it is concluded that the non-application of the prior consultation process is not appropriate, since such exemption infringes Articles 2, 3, 4 and 5 of the Prior Consultation Law and Articles 6 and 7 of Convention 169, and is disproportionate. Notwithstanding the foregoing, it is our opinion that, in the case under analysis, the Supreme Court should not have declared the retroactivity of the expulsion of the challenged regulations (nor the nullity of the administrative measures approved under such regulations), since this was not sufficiently supported in the judgment issued, exceeds its powers in the framework of the popular action process, and generates affectations to legal certainty.

Pese a que el proceso de acción popular ha sido históricamente el primer instrumento constitucional de control normativo incorporado por nuestro constitucionalismo, han sido escasas las posibilidades de analizar cabalmente su funcionamiento en el sistema de control constitucional. Con razón, autores nacionales la han calificado como “la cenicienta de los procesos constitucionales” o como el proceso constitucional más “impopular”por su grado de conocimiento por la colectividad y la carencia de difusión de sus resoluciones. No les falta razón. Los trabajos de investigación respecto a este proceso son más bien escasos y fundamentalmente exegéticos normativos, sin haber podido examinar las tendencias jurisprudenciales seguidas por el Poder Judicial en su aplicación. En esta investigación nos proponemos tener como eje de análisis la jurisprudencia producida por el Poder Judicial desde el año 2000 a la fecha para poder a partir de ella identificar los principales elementos que la caracterizan y mostrar los principales factores para su definido perfil bajo en nuestro constitucionalismo.