A partir del aumento de la representación descriptiva de mujeres en la arena política en la región, producida por la aplicación de las acciones afirmativas, un nuevo enfoque de estudio de este fenómeno ha surgido desde la ciencia política. No obstante, se han detectado obstáculos adicionales que deben enfrentar las mujeres para poder ejercer sus derechos políticos a plenitud. La falta de financiamiento para participación en procesos electorales, el posicionamiento en los últimos puestos en listas para cargos de representación, escasas oportunidades de capacitación y, no menos importante, experiencias acoso político (Transparencia, 2012; 2013) resultan ser algunos de los principales obstáculos que deben enfrentar las mujeres. En el Perú, la temática del acoso político empezó a ser atendida por los colectivos de mujeres; sin embargo, pocos han sido los esfuerzo del estado para poder aplicar medidas de prevención y sanción sobre esta materia (Piscopo, 2017). Es importante entender este fenómeno en el marco de la ola de violencia contra las mujeres por la que se está atravesando a nivel nacional. Las manifestaciones de acoso político incluyen actos de agresión física, sexual, psicológica y actos de hostigamiento. También se incluyen como manifestaciones de violencia simbólica o indirecta que se justifican sobre la base de roles de género o por razón de género de los afectados (Krook y Restrepo, 2016; Segato, 2003; Jelin, 2002). Estos actos de violencia suelen obstruir el libre ejercicio de funciones de fiscalización, a través de estrategias de difusión de información errónea, así como interrupción de actividades de representación. Ante esta situación, muchas autoridades recurren al apoyo de redes de mujeres no solo con la finalidad de denunciar los hechos de violencia, sino para buscar oportunidades de capacitación, ante la incapacidad de las mismas instituciones del estado para canalizar sus denuncias. En vista de ello, la presente tesis buscar responder a cuáles son las repercusiones de las experiencias de acoso político en el ejercicio de funciones de mujeres autoridades de gobiernos locales en Lima y Puno. Así como presentar evidencia sobre los efectos que pueden tener a nivel personal y en sus decisiones de mantener su participación en la política.

El Parlamento peruano es una institución en la que, desde 1992, ha primado la falta de deliberación y una fragmentación a nivel partidaria que dificulta que las demandas ciudadanas ingresen al Legislativo. No obstante, iniciativas legislativas cómo la ley de cuotas, paridad y alternancia, y la que sanciona el acoso político hacia las mujeres ingresaron a la agenda parlamentaria y fueron aprobadas. En ese sentido, las investigaciones revisadas permiten dar cuenta de que en los casos de ley de cuotas y paridad, a nivel latinoamericano y peruano, fue importante el rol que ejercieron las coaliciones promotoras, las cuales estaban conformadas por organizaciones sociales de mujeres y funcionarios públicos afines a sus intereses. Asimismo, el apoyo de organizaciones internacionales es un factor a considerar, ya que comprometieron a los Estados a aplicar medidas que garantizaran la participación equitativa de mujeres y hombres en política. Finalmente, se destaca la problemática del acoso político, el cual ha sido definido, de manera general, cómo un mecanismo que busca disuadir a las mujeres de participar en política. A raíz de ello, cada país lo ha definido de acuerdo a su realidad social y las acciones que busca erradicar. En el caso peruano, el fenómeno del acoso político ha sido abordado desde perspectivas que buscan definirlo y observar sus repercusiones; sin embargo, se encuentra un vacío en la literatura respecto a cuáles fueron los factores que permitieron la aprobación de una ley que sanciona el acoso político hacia las mujeres.