El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. / Trabajo académico

Existe abundante material de estudio sobre la importancia de la representación de la mujer en el Parlamento. Sin embargo, la investigación es aún limitada sobre los motivos que impulsan a los y las congresistas a generar proyectos de ley a favor de los derechos de las mujeres. La presente investigación se propone brindar un acercamiento para poder responder esta pregunta. Para ello se analizaron cuatro proyectos de ley presentados en el periodo legislativo 2011-2016 y se identificaron dos periodos con diferentes variables explicativas. El primero es anterior a la presentación del proyecto de ley, y cuenta con tres escenarios: el o la congresista debe tener experiencia o conocimiento del tema de género; se ha sensibilizado por una circunstancia particular de vulneración de los derechos de las mujeres; o el parlamentario se ha comprometido con una campaña de las organizaciones de mujeres. El segundo periodo es posterior a la presentación del proyecto de ley, en el cual se analiza el avance del proyecto de ley dentro del ciclo legislativo. En este sentido, se halla que el compromiso no es factor suficiente para que el proyecto de ley se convierta en una ley; la dinámica institucional y el escenario social y político tienen un impacto mayor / Tesis

La Constitución de 1993 trajo consigo la implantación el modelo unicameral, desde ese entonces el retorno a la bicameralidad siempre ha sido una propuesta y un tema de debate en la agenda parlamentaria y muchos han sido los intentos por volver a este sistema parlamentario. A pesar de las diferentes consecuencias positivas que traería este sistema hasta el día de hoy sigue siendo una reforma pendiente ya sea por la falta de interés en el tema o por maniobras políticas que desnaturalizan su buena intencionalidad. La presente investigación tiene como objetivo principal determinar las razones por las que se debería retornar a la bicameralidad en la labor legislativa peruana. Asimismo, este trabajo se rige bajo los lineamientos de una investigación cualitativa para así proporcionar información detallada sobre el objeto de estudio. Tras la revisión bibliográfica de libros, tesis, noticias y publicaciones periódicas se ha optado por señalar las ventajas del bicameralismo y proponer una nueva conformación del Congreso Peruano que se ajuste y responda a las necesidades de nuestra realidad política y jurídica en aras del fortalecimiento a la democracia.

En el Perú el control político -a pesar de ser conjunto de mecanismos postulados constitucionalmente- de cara a escenarios reales y actuales no han sido utilizado con probidad dando lugar al abuso de facultades de sus detentadores, desestabilizando el gobierno en su conjunto y generando una crisis latente. Resulta necesario, por tanto, determinar los alcances y términos del control político, logrando una verdadera interpretación de la Constitución, esclareciendo los límites de la actuación del Ejecutivo y el Legislativo, bajo el desarrollo de una investigación cualitativa que implique, puntualmente, analizar la realidad. La presente investigación tiene como objeto estudio analítico y crítico del control político presente en el Estado de Derecho peruano con el fin de brindar una correcta propuesta interpretativa de sus mecanismos, así como proponer alternativas de mejora en su configuración constitucional y legal. En concreto, para explicitar los mecanismos de control político hemos considerado conveniente analizar la disolución del Congreso, llevada a cabo por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Así mismo tendremos a bien analizar la vacancia por incapacidad moral permanente llevada a cabo en contra del mismo expresidente Vizcarra, en la cual se ha advertido una clara ausencia de uniformidad en su tratamiento interpretativo. En ambos procesos consideramos importante verificar si se contaron con las debidas garantías pues a pesar de ser procesos de naturaleza eminentemente política no están exentos de respetar los derechos fundamentales postulados en la Constitución.

En marzo 2021, se emitió la Ley Nº 31207 “Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios”, mediante la cual se incrementó del 40% al 70% la velocidad mínima de internet a ser garantizada por las empresas proveedoras del servicio, a pesar de que durante el trámite de elaboración y emisión de la misma, el Congreso de la República obtuvo opiniones vertidas por distintas instituciones públicas y privadas que revelan que dicha medida regulatoria no resulta la más idónea, sobre todo, porque su Exposición de Motivos no revela las razones técnicas que lo respalden. En ese sentido, el presente trabajo de investigación se circunscribió a la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante a la Ley n.o 31207, de acuerdo a la metodología vigente que fuera aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a fin de identificar, sobre la base de los seis componentes definidos en la referida metodología, el problema público presentado en el contexto 2020-2021 en cuanto a la velocidad de navegación del servicio de acceso a internet (fijo y móvil), las posibles causas que lo originan, y la elección de la alternativa regulatoria que de manera idónea atienda al problema público identificado, la cual sea resultante del análisis de un abanico de alternativas. Del análisis realizado se evidenció que en el referido contexto se presentó un mayor uso de las TIC en distintos ámbitos, propiciado por los cambios en los hábitos de la ciudadanía a raíz del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Estado, en el marco del estado de emergencia nacional. A su vez, las Encuestas de Satisfacción realizadas por el Osiptel en dicho periodo, revelan la insatisfacción de la ciudadanía en cuanto a la velocidad de navegación durante el uso de plataformas y videos streaming cuya demanda se va incrementando a través de los años. Entre las causas identificadas, se tienen: (i) brecha de infraestructura de telecomunicaciones, (ii) reducida penetración de la fibra óptica para el desarrollo de la banda ancha, (iii) barreras burocráticas por los Gobiernos Locales, (iv) necesidad de fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Regulador, y (v) ausencia de evaluación ex post de las normas sectoriales. Del análisis de alternativas, se concluyó que los usuarios del servicio de acceso a internet podrán evidenciar una mejora en la prestación de servicio, manteniendo el porcentaje de velocidad mínima garantizada en un 40% tal como lo establecía el Reglamento de Calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones aprobado por el Osiptel y que se encontraba vigente con anterioridad a la citada ley. No obstante, se recomienda que dicha medida regulatoria se encuentre acompañado de mecanismos adicionales, como es la publicación del indicador “Cumplimiento de Velocidad Mínima” obtenido el Regulador por cada empresa operadora que brinda el servicio, en aras de fomentar una competencia por calidad. Del mismo modo, se recomienda como otra medida la aplicación de compromisos de mejora en aras de incentivar la mejora de la calidad del servicio, y teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos de su aplicación sobre los indicadores aplicables al servicio de telefonía móvil Calidad de Voz (CV), Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT) y Calidad de Cobertura de Servicio (CCS) Adicionalmente a ello, se realizó un benchmarking internacional a fin de conocer las medidas adoptadas por veintidós (22) países que abarcan América Norte, América Central, América del Sur y Europa, de cuyo análisis se identificó que los países que registran velocidades de subida y de bajada significativamente superiores a la muestra de países analizados, han desarrollado políticas tendientes al despliegue de infraestructura de banda ancha, habiendo cubierto un porcentaje significativo de su territorio nacional, lo que consecuentemente, confirma que dichas políticas contribuyen y en gran medida a la mejora de la velocidad de internet. En ese sentido, se recomienda que la alternativa regulatoria, que se encuentra dentro se las funciones y competencias del Regulador, sea complementada con otras medidas interinstitucionales y multisectoriales debidamente articuladas que propicien entre otros aspectos, las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones. / In March 2021, Law No. 31207 "Law that guarantees the minimum speed of Internet connection and monitoring of the provision of Internet service in favor of users" was issued, through which the speed was increased from 40% to 70%. minimum internet access to be guaranteed by the companies providing the service, despite the fact that during the process of preparing and issuing it, the Congress of the Republic obtained opinions expressed by different public and private institutions that reveal that said regulatory measure is not the most appropriate, above all, because its Statement of Reasons does not reveal the technical reasons that support it. In this sense, this research work was limited to carrying out an Ex Ante Regulatory Impact Analysis of Law No. 31207, according to the current methodology that was approved by the Presidency of the Council of Ministers (PCM), in order to identify, based on the six components defined in the aforementioned methodology, the public problem presented in the 2020-2021 context, regarding the speed of browsing the Internet access service (fixed and mobile), the possible causes that originate it, and the choice of the regulatory alternative that ideally addresses the public problem identified, which is the result of the analysis of a range of alternatives. From the analysis carried out, it was evidenced that in the aforementioned context there was a greater use of ICT in different areas, fostered by changes in the habits of citizens as a result of the mandatory social isolation ordered by the State, within the framework of the state of emergency. national. In turn, the Satisfaction Surveys carried out by Osiptel in said period reveal the dissatisfaction of citizens regarding the speed of browsing while using platforms and streaming videos whose demand has increased over the years. Among the causes identified are: (i) telecommunications infrastructure gap, (ii) reduced penetration of fiber optics for the development of broadband, (iii) bureaucratic barriers by Local Governments, (iv) need to strengthen of the supervisory capacity of the Regulator, and (v) absence of ex post evaluation of sector regulations. As a result of the analysis of alternatives, it was concluded that the users of the Internet access service will be able to show an improvement in the provision of service, maintaining the percentage of minimum guaranteed speed at 40% as established by the Quality Regulation of services. public telecommunications approved by Osiptel and that was in force prior to the aforementioned law. However, it was identified that said regulatory measure must be accompanied by additional mechanisms, such as the publication of the "Minimum Speed Compliance" indicator obtained by the Regulator for each operating company that provides the service, in order to promote competition for quality. In the same way, it is recommended as another measure the application of improvement commitments in order to encourage the improvement of the quality of the service, and taking into account the good results obtained from its application on the indicators applicable to the mobile telephony service Voice Quality (CV), Text Message Delivery Time (TEMT) and Quality of Service Coverage (CCS) In addition to this, an international benchmarking was carried out in order to know the measures adopted by twenty-two (22) countries that cover North America, Central America, South America and Europe, from whose analysis it was identified that the countries that register upload speeds and significantly higher than the sample of countries analyzed, have developed policies tending to the deployment of broadband infrastructure, having covered a significant percentage of their national territory, which consequently confirms that said policies contribute to a great extent to the improvement of internet speed. In this sense, it is recommended that the regulatory alternative, which is found within the functions and powers of the Regulator, be complemented with other duly articulated inter-institutional and multi-sectoral measures that promote, among other aspects, investments in telecommunications infrastructure.

El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

La presente investigación de maestría busca documentar el fraccionamiento de las bancadas parlamentarias dentro de los periodos legislativos 2006-2011 y 20112016, explicando por qué se dan estas fragmentaciones, así como la formación de nuevas bancadas parlamentarias. Después de documentar esta fragmentación, se plantea como causas de ésta, a las reglas formales que provienen del Reglamento del Congreso, las reglas informales, como las negociaciones individuales y el debilitamiento de los partidos políticos. Y también explicando las consecuencias de estos fraccionamientos en las relaciones con el Poder Ejecutivo, así como en el funcionamiento de la democracia (deslegitimación y representación). Asimismo, se muestran las consecuencias de estos fraccionamientos que tienen que ver con la representación, producto de la transformación de los votos en escaños, la deslegitimación del Congreso por la alteración de la correlación de fuerzas establecida por el electorado, así como el debilitamiento del Congreso y el cortoplacismo de las organizaciones políticas que se presentan en las elecciones. Además, ante la pregunta: por qué existe una tendencia de fragmentación parlamentaria y formación de nuevas bancadas parlamentarias, se enfocará desde una perspectiva neoinstitucionalista, considerando para ello la coexistencia de reglas formales e informales (por ejemplo, negociaciones con bancadas pequeñas donde se ven el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción). El alejamiento de una bancada puede ser atribuido a partidos frágiles y desintitucionalizados, que son fáciles de fragmentarse; al Reglamento de Congreso, que permite y regula la formación de nuevas bancadas y a reglas informales que otorgan ventajas a congresistas que forman bancadas pequeñas y permite a aquel negociar individualmente para obtener ventajas personales. / This master's research seeks to document the division of the parliamentary benches within the legislative periods 2006-2011 and 2011-2016, explaining why these fragmentations occur, as well as the formation of new parliamentary caucuses. After documenting this fragmentation, it was raises as causes of this, the formal rules that come from the Regulation of Congress, informal rules such as individual negotiations and the weakening of political parties. And also explaining the consequences of these divisions in relations with the Executive Branch, as well as in the functioning of democracy (delegitimization and representation). In the same way, the consequences of these divisions are shown that have to do with representation, product of the transformation of votes in seats, the delegitimization of the Congress by the alteration of the correlation of forces established by the electorate, as well as the weakening of the Congress and the short-termism of the Political organizations running in elections. In addition, when asked: why is there a tendency towards fragmentation parliamentary and formation of new parliamentary benches, will focus from a neo-institutionalist perspective, considering for this the coexistence of formal and informal rules (for example, negotiations with small benches where patronage, patrimonialism and corruption are seen). The distance from a bench can be attributed to fragile parties and deinstitutionalized, which are easy to fragment; to the Regulation of Congress, which allows and regulates the formation of new benches and rules informal that grant advantages to congressmen who form small benches and it allows him to negotiate individually for personal advantage.

La presente tesis pretende demostrar, desde la teoría de las políticas públicas y aplicando la tipología desarrollada por Tehodore J. Lowi, que las políticas públicas de mayor trascendencia para el sistema político tienen su punto de partida o su decisión final en el Congreso y no en el Poder Ejecutivo, en sus distintos niveles de Gobierno. Para tal efecto, se revisaron las decisiones políticas emitidas por el Congreso, en la forma de proyectos de ley aprobados entre los años 2001 y 2016, y clasificadas en el marco de la tipología señalada. Posteriormente, se comparan los roles protagónicos del Ejecutivo y del Legislativo en el proceso de elaboración de propuestas de ley en el marco de las políticas públicas de gobierno, a fin de verificar la convergencia de ambos poderes, en un proceso de agregación de intereses, el cual involucra a un gran número de actores, estatales, para estatales y sociales. Finalmente, se efectua un diagnóstico del proceso de toma de decisiones en el Congreso, con el objetivo de ensayar una propuesta para racionalizarlo y mejorarlo. / Applying the theory of public policies and the typology developed by Tehodore J. Lowi, this thesis claims to demonstrate that the most relevant public policies having an effect in the political system, are originated or decided within the Congress and not by the Executive Branch in any of its different levels of government. For this purpose, we start by reviewing the political decisions adopted by the Congress in the form of bills approved between 2001 and 2016, and then we classified these decisions within the framework of the Lowi’s typology. Later, we compare the leading roles of the executive and legislative branches in the process of drafting bills regarding public policies so as to verify the convergence of both powers, in a process of interest aggregation which involves a large number of social, state and parastate actors. Finally we make a diagnosis of the decisión making process at the Congress, with the purpose of testing a proposal for its rationalization and enhacement.

El transfuguismo político es un fenómeno de larga data, no solo ha perjudicado al Perú, sino que es un fenómeno internacional. Debido a ello, es que muchos países han tomado medidas, presentado leyes, decretos, sanciones, etc. Todo esto, con el fin de acabar con este fenómeno que genera desbalances en la representación política, así como desconfianza en el sistema de gobierno. Además, estas acciones de transfuguismo generan una crisis política y de representación, puesto que estos funcionarios logran obtener puestos en el Poder Legislativo gracias al voto popular, el cual se ve prácticamente desmerecido, debido a las acciones que toman estos funcionarios de abandonar su partido político con el cual lograron obtener un puesto de representación nacional. Este tipo de acciones se prestan a ser malinterpretadas por la población, ya que pueden haber tomado la decisión de cambiarse o dejar su bancada por conveniencia. Es importante también tomar en cuenta el importante rol con el que cumplen los partidos políticos, estos son claves para llevar un óptimo sistema de gobierno. Se necesita de estos para lograr un consenso entre las diferentes bancadas en el Congreso, y con esto tomar mejores decisiones que sean beneficiosas para el país y no para solo un grupo reducido de personas.

En la actualidad, en el Perú se está produciendo una descomposición constitucional -tal como lo entiende la teoría constitucionalista de Jack Balkin- ya que existe una fuerte pérdida de confianza en la clase gobernante, polarización política extrema e incremento de la desigualdad. Sin embargo, el caso peruano tiene un rasgo característico y es el hecho de que esta descomposición está siendo ejecutada, principalmente, por el Poder Legislativo que ha vulnerado el principio de separación de poderes en detrimento del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y varios Organismos Constitucionalmente Autónomos. Por lo mismo, este ensayo se propone visibilizar que nos encontramos frente a una dictadura parlamentaria donde estos actores políticos -a través de un juego rudo constitucional- instrumentalizan la normativa y anteponen los intereses privados de grupos de poder por encima del bien común. Para fundamentar esta postura, el ensayo hará uso de teoría constitucional, de ciencias sociales y notas periodísticas. Por último, de las principales conclusiones extraídas se destaca que la solución a este entrampamiento no se encuentra en la clase política o en una reingeniería constitucional, sino en la promoción de participación y movilización ciudadana por parte del poder constituyente. / Currently, a constitutional rot is occurring in Peru, in the terms of the constitutionalist Jack Balkin, since there is a strong loss of confidence in the government, extreme political polarization and an increase in economic inequality. However, the Peruvian case has a characteristic feature and it is the fact that this decomposition is being carried out, mainly, by the Legislative Branch, which has violated the principle of separation of powers to the detriment of the Executive Branch, the Judicial Branch and various Constitutionally Autonomous Institutions. For this reason, this essay aims to make visible that we are facing a parliamentary dictatorship where these political actors - through constitucional hardball- instrumentalize the norms and put the private interests of powerful groups above the common good. To support this position, the essay will make use of constitutional theory, social sciences and journalistic notes. Finally, from the main conclusions drawn, it is highlighted that the solution to this entrapment is not found in the political class or in constitutional reengineering, but in the promotion of citizen participation and mobilization by the constituent power. / Trabajo académico