La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación constitucional y la omisión del Congreso en precisar sus alcances ha generado controversias y debate a fin de establecer sus límites. Se ha roto el esquema tradicional en el que el Congreso era el único órgano encargado de legislar y del que emanan las normas con rango de ley. Hoy, el Poder Ejecutivo legisla normas con rango de ley. Resulta indispensable dentro del modelo constitucional que consagra el principio de separación de poderes, fundamental en un sistema democrático, que el Congreso realice un control eficaz sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. El reparto de competencias legislativas que realiza la Constitución entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el Gobierno Central no es claro. No hay un marco teórico sobre el cual puedan desarrollarse conjugando los principios de constitucionalidad y jerarquía, contenidos en diversas normas constitucionales con reglas derivadas de la distribución de competencias. / Tesis

La Constitución de 1979 incorpora instrumentos legislativos con rango de ley como la delegación de facultades legislativas, las leyes orgánicas, medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Su escasa regulación constitucional y la omisión del Congreso en precisar sus alcances ha generado controversias y debate a fin de establecer sus límites. Se ha roto el esquema tradicional en el que el Congreso era el único órgano encargado de legislar y del que emanan las normas con rango de ley. Hoy, el Poder Ejecutivo legisla normas con rango de ley. Resulta indispensable dentro del modelo constitucional que consagra el principio de separación de poderes, fundamental en un sistema democrático, que el Congreso realice un control eficaz sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. El reparto de competencias legislativas que realiza la Constitución entre los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el Gobierno Central no es claro. No hay un marco teórico sobre el cual puedan desarrollarse conjugando los principios de constitucionalidad y jerarquía, contenidos en diversas normas constitucionales con reglas derivadas de la distribución de competencias.

En la actualidad, en el Perú se está produciendo una descomposición constitucional -tal como lo entiende la teoría constitucionalista de Jack Balkin- ya que existe una fuerte pérdida de confianza en la clase gobernante, polarización política extrema e incremento de la desigualdad. Sin embargo, el caso peruano tiene un rasgo característico y es el hecho de que esta descomposición está siendo ejecutada, principalmente, por el Poder Legislativo que ha vulnerado el principio de separación de poderes en detrimento del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y varios Organismos Constitucionalmente Autónomos. Por lo mismo, este ensayo se propone visibilizar que nos encontramos frente a una dictadura parlamentaria donde estos actores políticos -a través de un juego rudo constitucional- instrumentalizan la normativa y anteponen los intereses privados de grupos de poder por encima del bien común. Para fundamentar esta postura, el ensayo hará uso de teoría constitucional, de ciencias sociales y notas periodísticas. Por último, de las principales conclusiones extraídas se destaca que la solución a este entrampamiento no se encuentra en la clase política o en una reingeniería constitucional, sino en la promoción de participación y movilización ciudadana por parte del poder constituyente. / Currently, a constitutional rot is occurring in Peru, in the terms of the constitutionalist Jack Balkin, since there is a strong loss of confidence in the government, extreme political polarization and an increase in economic inequality. However, the Peruvian case has a characteristic feature and it is the fact that this decomposition is being carried out, mainly, by the Legislative Branch, which has violated the principle of separation of powers to the detriment of the Executive Branch, the Judicial Branch and various Constitutionally Autonomous Institutions. For this reason, this essay aims to make visible that we are facing a parliamentary dictatorship where these political actors - through constitucional hardball- instrumentalize the norms and put the private interests of powerful groups above the common good. To support this position, the essay will make use of constitutional theory, social sciences and journalistic notes. Finally, from the main conclusions drawn, it is highlighted that the solution to this entrapment is not found in the political class or in constitutional reengineering, but in the promotion of citizen participation and mobilization by the constituent power. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico abordará el tema de la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, a raíz de la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si cabía la posibilidad de que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronunciara acerca del problema de fondo en su Sentencia (más allá de los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió), que es la interpretación de este “mecanismo de control institucional”, teniendo en consideración el contexto político y social en el cual se encontraba el país en noviembre de 2020; un período de conflicto institucional bastante álgido y complejo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro de una crisis política y sanitaria. Y si fuera así -que el Tribunal se hubiera encontrado en el deber de interpretar la Permanente Incapacidad Moral- cómo es que debería haber resuelto el presente caso. En ese sentido, a través del crítico análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial del problema principal y de los problemas secundarios, se llegó a concluir que nos encontramos ante una figura de características sumamente complejas y abstractas en demasía. No solo por la amplia tipificación del Art. 113.2 de la Constitución Política del Perú, que da salida a una interpretación subjetiva del parlamentario, sino también por el sistema presidencial atenuado en el que nos encontramos. Del mismo modo, se concluirán posibles lineamientos que el Tribunal debió tomar en cuenta para resolver el caso. / This Legal Report will address the issue of the Presidential Vacancy due to the Permanent Moral Incapacity, as a result of the Judgment issued by the Plenary of the Constitutional Court No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether it was possible for the Plenary of the Constitutional Court to rule on the substantive problem in its Judgment (beyond the singular votes that each of the magistrates issued), which is the interpretation of this "institutional control mechanism", taking into account the political and social context in which the country found itself in November 2020; a period of quite acute and complex institutional conflict between the Executive and Legislative powers, within a political and health crisis. And if that were the case - that the Court had found itself in the duty of interpreting the Permanent Moral Incapacity - how is it that it should have resolved the present case. In this sense, through the critical normative, doctrinal and jurisprudential analysis of the main problem and the secondary problems, it was concluded that we are facing a figure with extremely complex and excessively abstract characteristics. Not only because of the broad classification of Art. 113.2 of the Political Constitution of Peru, which gives a way to a subjective interpretation of the parliamentarian, but also because of the attenuated presidential system in which we find ourselves. In the same way, possible guidelines that the Court should have taken into account to resolve the case will be concluded.

El Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial aduciendo que la revisión de sus actos en el marco de tres procesos de amparo afectaba sus competencias exclusivas y excluyentes y que, por lo tanto, la parte demandada había incurrido en vicios competenciales que ameritaban la intervención del máximo intérprete de la Constitución. Ante ello, el Tribunal Constitucional determinó -bajo una interpretación de espaldas al principio de separación de poderes- que existían zonas exentas del control constitucional y, con ello, abrió paso la doctrina de las “political questions” en el Perú. Dicha postura ignoró, plenamente, la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, la cual había establecido largamente que, en tanto la norma fundamental vinculaba a todos los poderes públicos, no era posible concebir que alguno realizase actos que no pudiesen ser controlados constitucionalmente. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional desnaturalizó el proceso competencial y se advocó al análisis de fondo de los procesos de amparo que fueron motivo de la demanda, a fin de resolver las controversias bajo su propio criterio. Al hacerlo, no solo comprometió diversos principios constitucionales, sino que, a su vez, permitió la vulneración de derechos fundamentales y se advocó a causas pendientes ante órganos jurisdiccionales. / The Congress of the Republic filed a jurisdictional claim against the Judiciary, arguing that the review of its actions within the framework of three amparo processes affected its exclusive and excluding competences. Consequently, the defendant had committed jurisdictional errors that warranted intervention by the highest interpreter of the Constitution. In response, the Constitutional Court, under an interpretation that disregarded the principle of separation of powers, determined that there were areas exempt from constitutional control. This paved the way for the doctrine of 'political questions' in Peru. Unfortunately, this stance completely ignored the jurisprudence of the highest interpreter of the Constitution, which had long established that all public powers were bound by the fundamental norm, making it impossible for any of them to perform acts beyond constitutional scrutiny. Furthermore, the Constitutional Court distorted the jurisdictional process by delving into the substantive analysis of the amparo cases that were the subject of the claim. In doing so, it not only compromised various constitutional principles but also allowed for the violation of fundamental rights and deferred to pending cases before judicial bodies.

El caso aborda una disputa entre el Congreso del Perú y el Poder Ejecutivo, iniciada cuando el Primer Ministro, Aníbal Torres Vásquez, presentó una cuestión de confianza ( en adelante CDC) relacionada con el Proyecto de Ley ( PL) 3570/2022- PE. El problema principal radica en si esta CDC significa un ejercicio irregular de competencias del Ejecutivo y vulneró las atribuciones constitucionales del Congreso. Además, se examinan problemas secundarios sobre la competencia para determinar el rechazo de la CDC y la validez de interpretaciones implícitas de dicho rechazo. Los instrumentos normativos empleados incluyen los artículos 132,133 y 134 de la Constitución, el reglamento del Congreso, la ley N° 31355, los cuales regulan la CDC y su procedimiento. Además, se consideraron sentencias previas del TC que abordan la interpretación y los límites de este mecanismo, como la Sentencia 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC y la Sentencia 00006-2003-AI/TC. Las principales conclusiones indican que el planteamiento de la CDC por el Ejecutivo con el objetivo de conseguir la aprobación del PL 3570/2022-PE fue irregular y vulneró las competencias del Congreso. Se concluye que el Congreso tiene la competencia para determinar el rechazo de la CDC y que tal rechazo debe ser explícito para evitar interpretaciones arbitrarias. El fallo resalta la necesidad de respetar la separación de poderes y los límites constitucionales establecidos para preservar el equilibrio democrático en el país. / The case addresses a dispute between the Congress of the Republic of Peru and the Executive Branch, initiated when the Prime Minister, Aníbal Torres Vásquez, raised a vote of confidence related to Bill 3570/2022-PE. The main issue revolves around whether this vote of confidence constituted an irregular exercise of Executive powers and undermined the constitutional powers of the Congress. Additionally, secondary issues regarding the competent authority to determine the rejection of the vote of confidence and the validity of implicit interpretations of such rejection are examined. The regulatory instruments employed include Articles 132, 133, and 134 of the Political Constitution of Peru, the Congress's regulations, Law No. 31355, which regulate the vote of confidence and its procedure. Furthermore, previous judgments of the Constitutional Court addressing the interpretation and limits of this mechanism were considered, such as Judgment 00006-2019-CC/TC, 0006-2018-PI/TC, and Judgment 00006-2003-AI/TC. The main conclusions indicate that the Executive's proposal of the vote of confidence for the approval of Bill 3570/2022-PE was irregular and violated the powers of the Congress. It is concluded that the Congress has the authority to determine the rejection of the vote of confidence, and such rejection must be explicit to avoid arbitrary interpretations. The ruling highlights the need to respect the separation of powers and the constitutional limits established to preserve the democratic balance in the country.

La presente tesis busca mostrar que la configuración del procedimiento relativo a la elección de los altos funcionarios por parte del Congreso de la República es una decisión política, que es expresión de un determinado statu quo político. A partir del análisis de la génesis, transformación y crisis de diversas doctrinas jurídicas que permiten en mayor o menor medida el control constitucional de los actos del Parlamento, se concluye que estas son expresión de los cambios en la correlación de fuerzas políticas en un momento determinado. En ese contexto, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional peruano ha indicado, sobre la base de la doctrina de los interna corporis acta, que sí existen zonas exentas de control constitucional en el ordenamiento jurídico. La tesis concluye señalando que dicha doctrina sólo podría ser aplicable en el Perú en su versión débil o lata, debido a la supervivencia de doctrinas que postulan precisamente lo contrario, al debilitamiento de su capacidad de rendimiento al no haber superado las críticas desde el siglo XX, y a la peculiar realidad institucional peruana. / This thesis aims to show that the constitutional configuration of the high officials’ election procedure is a matter of political decision, which expresses a certain political statu quo. The analysis of the origin, transformation and crisis of the various legal theories that allow different intensities of constitutional control over parliamentary acts suggests that all of them are the consequence of a particular balance of power. In this context the most recent sentence of the peruvian Constitutional Court in that regard stated, based on the interna corporis acta doctrine, that there are some areas excluded from the constitutional control by judiciary. However, this thesis concludes that the doctrine mentioned may only be applied in Perú in tis soft version, due to the survival of the doctrines that state just the opposite, due to the weakening of its performance capacity for not having overcome the criticism, and due to the features of the peruvian institutional reality.

El actual sistema político peruano se reconfiguró en los 90’s, inspirado en el sistema político chileno, neoliberal y autoritario de los 70’s, con libertad económica y centralidad del poder, desde donde surgió el valor económico-político de la coordinación de gobierno al sistema político presidencial, incluso en un escenario de turbación política que inicia el 2016. Pudo lograrse la continuidad del sistema presidencialista peruano, con una determinante influencia por los órdenes económico y social, posibilitando la regencia de la coordinación de gobierno al sistema político, coordinación interna a cargo del MEF y coordinación externa por parte de la PCM; haciendo posible que caigan los presidentes por casos de corrupción, pero no cae la economía y se preserva el sistema político. En un escenario político, donde tenemos un sistema de partidos, como sistema de organizaciones eminentemente electorales, con una descentralización, que devino en la desconcentración del Estado en sub-centralidades, donde los gobiernos regionales y locales, como media, no pueden alcanzar eficacia, con una creciente corrupción. Sin embargo, ello pudo ser superado con la concentración del poder y decisiones en la coordinación de gobierno a cargo del MEF y PCM; surgiendo demandas económicas y sociales, que originaron decisiones a modo de políticas públicas neo liberales, no siempre consensuadas. Permitiendo como impacto la continuidad del sistema político, desde la eficacia del crecimiento económico, evidenciada según los indicadores de sostenibilidad, eficiencia y pertinencia propuestos. El objetivo de la investigación es determinar qué valor político permite la continuidad del sistema político presidencial peruano; para ello se utilizó el método inductivo, analizando lo particular, la coordinación de gobierno, hacia lo general, la continuidad del sistema político; concluyendo e identificando la regencia-coordinación de gobierno económica-política, por parte del MEF y la PCM, como soportes de un sistema político influenciado por los órdenes económico y social. Originándose la continuidad del sistema político, desde la centralidad, de la centralidad del poder que constituye el sistema presidencial, fue necesaria la complementariedad entre MEF y la PCM, como coordinación de gobierno, en un escenario de dualidad política, entre la formalidad económica e informalidad política, la estabilidad económica y la inestabilidad política. / The current Peruvian political system was reconfigured in the 90's, inspired by the Chilean, neoliberal and authoritarian political system of the 70's, with economic freedom and centrality of power, from where the economic-political value of government coordination to the presidential political system arose. , even in a scenario of political turmoil that begins in 2016. The continuity of the Peruvian presidential system could be achieved, with a determining influence by the economic and social orders, enabling the regency of the coordination of the government to the political system, internal coordination by the MEF and external coordination by the PCM; making it possible for presidents to fall due to cases of corruption, but the economy does not fall and the political system is preserved. In a political scenario, where we have a system of parties, as a system of organizations eminently electoral, with a decentralization, which resulted in the decentralization of the State into sub-centralities, where regional and local governments, on average, they cannot be effective, with increasing corruption. However, this could be overcome with the concentration of power and decisions in the coordination of government by the MEF and PCM; economic and social demands arose, which gave rise to decisions in the form of neo-liberal public policies, not always consensual. Allowing as an impact the continuity of the political system, from the effectiveness of economic growth, evidenced according to the proposed sustainability, efficiency and relevance indicators. The objective of the research is to determine what political value allows the continuity of the Peruvian presidential political system; for this purpose, the inductive method was used, analyzing the particular, the coordination of government, towards the general, the continuity of the political system; concluding and identifying the regency-coordination of economic-political government, by the MEF and the PCM, as supports of a political system influenced by economic and social orders. Since the continuity of the political system originated from the centrality of the power that constitutes the presidential system, complementarity between the MEF and the PCM was necessary, as coordination of government, in a scenario of political duality, between economic formality and political informality, the economic stability and political instability.