No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por finalidad exponer el deber que tienen los órganos administrativos de fundamentar sus resoluciones que dicten, centrándose en la experiencia nacional y demostrando su amplía aplicación práctica en la vida del Derecho. Para ello, se analiza y se reflexiona sobre buena parte de la doctrina y normativa nacional y comparada sobre el particular, deteniéndose y exponiendo la jurisprudencia nacional tanto judicial como administrativa relevante. Por último, se adjunta a esta memoria de prueba todo el material jurisprudencial analizado en su integridad, el cual consiste en 121 sentencias de los Tribunales de Justicia y 400 dictámenes de Contraloría General de la República, todo ello en formato digital, y se espera que él pueda ser un aporte efectivo y substancial a la doctrina administrativa de nuestro país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas. / Hasta la dictación de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, N°19.880 (LBPA), en el año dos mil tres, habían conceptos tan relevantes como el de acto administrativo, que no tenían una definición legal expresa, en norma general, sino, sólo las contenidas en la jurisprudencia administrativa expresada en dictámenes de la Contraloría General de la República ( CGR ), institución que tantas veces ha debido suplir por esa vía los vacíos que nuestro ordenamiento presenta en materias de nuestra disciplina. Otro de los temas que vino a tratar de forma orgánica y completa la ( LBPA ), fue el tópico de la presente memoria, esto es, los modos de extinguir los efectos de los actos de la Administración Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria estudia el error de hecho en el Derecho Administrativo. Centra su análisis en la génesis, distinción y nomenclatura que se utiliza respecto de esta figura en el derecho comparado y lo contrapone con la existente en el derecho nacional, fundamentalmente en torno a las normas y principios de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se realiza un examen jurisprudencial administrativo en base a los dictámenes de la Contraloría General de la República durante los últimos 10 años donde es posible advertir los elementos prevalentes del error de hecho, sus tipos y características más distintivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Estado de Derecho, concepto permanentemente advocado por iuspublicistas y estudiosos del derecho en general, lo podemos aproximar como la existencia de un sistema de frenos y contrapesos institucionales que, trazado en la Constitución, se desarrolla normativamente y es vivenciado en la práctica con la finalidad de hacer respetar y promover en la mayor medida posible, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. Este Estado de Derecho es actualmente concebido también como un instrumento configurador de uno de los fines mas elevados del sistema y ethos social; el bien común. La doctrina concuerda en el requerimiento de un ordenamiento jurídico que rija la vida en sociedad dentro de todo sistema de poder, y cuyas normas se apliquen en forma objetiva e impersonal a gobernantes y gobernados. Además, resulta imprescindible que las funciones del poder se distribuyan entre órganos separados, y que cada autoridad actúe dentro de las competencias que la constitución y la ley les atribuyan. Se agrega a ello, que la interpretación de las normas jurídicas debe ser de aproximación objetiva, esto es, con desatención de criterios ideológicos, y preferentemente razonada por tribunales independientes en base a una separación real y no meramente teórica respecto de otras potestades. Por último, uno de los más importantes factores relativos a este orden ideal, consiste en realizar la seguridad jurídica en el entendido de que el obrar de las autoridades sea calculable en sus efectos para todo ciudadano y en consecuencia aquellas sean responsabilizadas por sus actos, toda vez de ejercer sus atribuciones lo hagan conforme al marco jurídico que las rige. Ahora, para la concreción de dicho ideal resulta imprescindible la existencia de un control jurídico efectivo encomendado a órganos independientes de las actuaciones, por ejemplo, de la Administración Pública; a fin de precaver que su interferencia en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales solo ocurra en aquellos casos excepcionales previstos por la norma jurídica en general.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / En relación con la potestad discrecional que los artículos 73 y 74 de la ley Nº 18.834 conceden a la autoridad administrativa para destinar a sus funcionarios fuera del lugar de su residencia, se plantea la problemática relativa a los límites que tiene tal potestad, considerando que en su ejercicio no sólo se pueden vulnerar derechos fundamentales del servidor público afectado, como los derechos a la función y a la dignidad funcionaria, sino que también principios esenciales de la administración pública, como son la certeza jurídica y, por cierto, el de la razonabilidad que debe imperar en la dictación de todo acto administrativo. En efecto, si bien la justificación normativa de esta potestad se encuentra consultada en el artículo 73 de la ley Nº 18.834, conforme al cual, los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente, en cuanto así lo ordene el jefe superior de la respectiva institución, en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía, el ejercicio de tal potestad discrecional no está ajena a dificultades, tomando en consideración que tal decisión afecta a un funcionario que puede tener hogar, familia e hijos estudiando en el lugar de su desempeño habitual, además de otros beneficios laborales asociados a este último, panorama que se agrava en situaciones en que ambos cónyuges forman parte de la misma repartición pública, caso en el cual el artículo 74 del mismo texto legal precitado permite persistir en ella, en la medida que se destine a ambos, simultáneamente y a un mismo punto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación se busca abordar la figura de la desviación de poder, vicio propio de los actos administrativos y que consiste en el ejercicio de una potestad administrativa –o su intencionada omisión- para el cumplimiento de un fin distinto de aquel previsto por el ordenamiento al otorgar la correspondiente potestad al órgano administrativo, y sea este fin público o privado. Dado que es una institución de Derecho Público pensada para el control de las potestades discrecionales –y si bien puede configurarse en el ejercicio de potestades regladas- se analizan los principios basales del Derecho Público que justifican la figura (legalidad y control), haciéndose hincapié en la potestad administrativa como mecanismo del principio de legalidad; se revisa brevemente y en general la cuestión del control de las potestades discrecionales; y finalmente se analiza de manera más detallada la historia de la desviación de poder, sus particularidades en algunos ordenamientos estatales que la recogen, su concepto en la literatura y la jurisprudencia chilenas y las polémicas a que ha dado lugar en la doctrina.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de esta memoria se dará cuenta de la evolución que los sectores económicos y servicios públicos asociados han tenido en las últimas décadas y cómo esto ha influido y determinado la evolución del Derecho Administrativo, ampliando su órbita de aplicación, análisis y ejercicio al momento de desarrollar la función ejecutiva que le corresponde. A su vez, y como contrapartida a ello, se intentará mostrar cómo la introducción del análisis del Derecho de la Libre Competencia y el conocimiento por parte de dichas autoridades de los actos realizados por la Administración Pública, ha determinado también lo anterior. Ello, para dar paso a evidenciar la tensión que esta nueva configuración tiene en relación a la función administrativa de desarrollo de políticas públicas cuando es analizada y mirada desde esta nueva óptica, revisando para ello casos concretos llevados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de la Administración. Se pretende entonces, dar cuenta de los límites que el Derecho de la Libre Competencia tiene en relación al ejercicio de potestades públicas y la tensión que ello genera en relación a la aplicación de la ley

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discutió antes de la dictación y publicación de la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), la legitimidad de la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Carta Fundamental de 1980 en cuanto a regular la creación de los actos administrativos, junto con la regulación del silencio administrativo, la LBPA en su artículo 53 efectivamente consagró el poder de volver sobre sus propios actos por razones de ilegalidad. Sin embargo, en la discusión y posterior positivización de la norma en cuestión surgió y surgen a la fecha algunos inconvenientes interpretativos que deben ser aclarados. En particular, la técnica legislativa no hizo más que recoger de manos de la doctrina y de alguna parte de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, la existencia y obligatoriedad por parte de la Administración de declarar como nulos sus propios actos en caso de ilegalidad y arbitró alguna medida para que los particulares afectados recurrieran en contra de los actos que invalidan a otros anteriores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En primer término, trataremos de conceptualizar el problema suscitado a raíz de la no implementación de los Tribunales Administrativos contemplados en la Constitución de 1925. Expondremos la regulación constitucional sobre la materia, la influencia del derecho europeo continental (especialmente el francés) y reseñaremos algunas de las principales opiniones doctrinales sobre el asunto. Luego, delimitaremos brevemente las instituciones de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, particularmente el rol del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En el siguiente apartado, clasificaremos la selección de jurisprudencia de manera binaria. Dividiremos los casos según si se acogió la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer sobre las reclamaciones recaídas sobre los actos expedidos por la Administración, o bien, se negó. Distinguiremos también el tipo de acto administrativo impugnado, y el sector en que este acto impactó. Posteriormente, identificaremos una batería acotada de argumentos o criterios por medio de los cuales los jueces aceptaban o negaban su competencia. A partir de estas consideraciones, sostendremos que la idea de que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se verificó una denegación sistemática de acceso a la justicia, por no implementarse los mentados Tribunales Administrativos, no es del todo certera. La conclusión del ensayo, a fin de cuentas, es que la incompetencia de los Tribunales Ordinarios no es una cuestión que deba darse por evidente. Argumentaremos que los criterios o razones señalados, poseen la virtud de entregar una explicación sobre el modo en que el Poder Judicial intentó internalizar el problema ocasionado, por medio de las herramientas que el sistema jurídico le ofrecía. Además, sostendremos que una metodología como la propuesta, entrega luces sobre algunas de las notas características del actual sistema de Derecho Público chileno. Para finalizar, sintetizaremos las conclusiones que se coligen del presente ensayo