El caso en concreto se da por la controversia suscitada entre algunas posiciones conceptuales de puro derecho, de valorización de principios constitucionales y de su alcance jurisdiccional. Por un lado, se busca entender a la figura de la reelección como un derecho fundamental en el marco de los derechos políticos y, por otro lado, concebir a la reelección como la continuación y/o prolongación de un derecho existente, es decir, con relación al derecho de elección, que como sabemos comprende dos acepciones; el derecho de elegir y el derecho a ser elegido. Por último, reconocer a la reelección no como un derecho fundamental, sino únicamente como una forma, una modalidad o una cláusula autónoma donde los Estados son lo que determinan si la incorporan o no en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Dentro de ese contexto, el Tribunal Constitucional conociendo dicha demanda de inconstitucionalidad, que impugnaba la Ley 30305, la declaró infundada. Después de un riguroso análisis y estudio del caso, en su mayoría se coincide con lo establecido en dicha sentencia, donde se concluye que el legislador respetó todos y cada uno de los exigentes filtros y cánones constitucionales que requiere la norma cuando se trata de discernir leyes de reforma constitucional con estándares muy elevados para alcanzar validez y legitimidad necesaria para ser incorporados a la Constitución. Por otro lado, este trabajo académico resume las diferentes posiciones en discusión y los argumentos jurídicos tanto a favor como en contra de esta Ley de Reforma Constitucional con sustentos tanto nacionales como internacionales y en ese orden de ideas, el Juez Constitucional ha determinado que esta norma cumple, no sólo con los parámetros constitucionales, sino con los parámetros convencionales que toda Ley de reforma constitucional exige.

El presente trabajo tiene por finalidad revisar y valorar los argumentos jurídicos dados por el Tribunal Constitucional con motivo de la sentencia 0008-2018-PI, la misma que determinó en última instancia que la no reelección de alcaldes era constitucional. A través de este informe, intento demostrar como los argumentos esgrimidos por el Tribunal pueden ser cuestionados a la luz de un enfoque legal menos paternalista que el utilizado por el Tribunal. Señalaré que es correcta la interpretación dada que permite que una norma de reforma constitucional pueda ser cuestionada en el fondo por el Tribunal y, utilizando la propia lógica empleada por el TC en su argumentación, se presentan vacíos y posiciones jurídicas que no debieran ser. Así, propondré también la fórmula que debió ser utilizada en todo caso, haciendo una valoración más acorde con la finalidad de la ley y el momento histórico en que se da la norma. A mi entender, la norma debió haberse entendido como inconstitucional por cuanto afectaba directamente el derecho fundamental a la participación política, no existiendo, en ningún momento, un derecho no fundamental a la reelección. Asimismo, argumento que la norma afecta la soberanía popular y el estado democrático y que ello, sin un bien jurídico determinado como contrapeso, resulta en una afectación desmedida. En todo caso, el Tribunal debió evaluar la ley de reforma valorando los bienes jurídicos en su real naturaleza, determinado que la afectación era excesiva.