La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución. / Tesis

El caso en concreto se da por la controversia suscitada entre algunas posiciones conceptuales de puro derecho, de valorización de principios constitucionales y de su alcance jurisdiccional. Por un lado, se busca entender a la figura de la reelección como un derecho fundamental en el marco de los derechos políticos y, por otro lado, concebir a la reelección como la continuación y/o prolongación de un derecho existente, es decir, con relación al derecho de elección, que como sabemos comprende dos acepciones; el derecho de elegir y el derecho a ser elegido. Por último, reconocer a la reelección no como un derecho fundamental, sino únicamente como una forma, una modalidad o una cláusula autónoma donde los Estados son lo que determinan si la incorporan o no en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Dentro de ese contexto, el Tribunal Constitucional conociendo dicha demanda de inconstitucionalidad, que impugnaba la Ley 30305, la declaró infundada. Después de un riguroso análisis y estudio del caso, en su mayoría se coincide con lo establecido en dicha sentencia, donde se concluye que el legislador respetó todos y cada uno de los exigentes filtros y cánones constitucionales que requiere la norma cuando se trata de discernir leyes de reforma constitucional con estándares muy elevados para alcanzar validez y legitimidad necesaria para ser incorporados a la Constitución. Por otro lado, este trabajo académico resume las diferentes posiciones en discusión y los argumentos jurídicos tanto a favor como en contra de esta Ley de Reforma Constitucional con sustentos tanto nacionales como internacionales y en ese orden de ideas, el Juez Constitucional ha determinado que esta norma cumple, no sólo con los parámetros constitucionales, sino con los parámetros convencionales que toda Ley de reforma constitucional exige.

Se desarrolla el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucionalidad que declaró fundada parcialmente la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un conjunto de ciudadanos contra la Ordenanza 014-2018-MPSCH, expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que declara de interés prioritario la protección de todas las fuentes de agua dulce ubicadas dentro de su jurisdicción entre otras medidas. Se analizan dos problemas. El primero relativo a la vulneración del principio de competencia y de taxatividad por parte de la municipalidad al emitir la Ordenanza Municipal No. 014-2018-MPSCH. El segundo problema aborda la cuestión de la aplicación efectiva del derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, reflexionándose sobre el papel que cumple el Tribunal Constitucional como entidad responsable de la defensa de la constitución y los derechos fundamentales y, en ese sentido, como creadora de derecho y promotora de la paz social. Se efectúa un análisis jurídico del bloque constitucional ambiental y de recursos naturales, comparando la sentencia del TC con otras sentencias similares

El presente informe aborda cuatro problemas jurídicos identificados en el marco del Proceso de Inconstitucionalidad que cuestionó judicialmente la norma que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - Decreto Legislativo No 1057: si dicha norma forma parte de los temas delegados por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo; si el tratamiento diferenciado establecido en la norma supera el Test de Igualdad; si la norma es compatible con el principio de causalidad, la estabilidad de entrada y salida, y el acceso a un puesto de trabajo; y si garantiza los principios de igualdad de oportunidades, y de mérito y capacidad; y garantiza la institución de la carrera pública. Como se podrá apreciar también en este informe, el régimen CAS ha sido y continúa siendo ampliamente debatido, desde la norma de su creación en el 2008 hasta la actualidad con la norma que le reconoce el derecho a la estabilidad laboral a quienes se encuentren bajo su ámbito, y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2021, inclusive. Por ello, no es posible dar por cerrados los debates en torno a este régimen.

La legitimación procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad ha sido tradicionalmente otorgada a un grupo reducido de órganos y sujetos. Este carácter restrictivo ha impedido un cambio estructural que posibilite brindar la más fuerte garantía que un Tribunal Constitucional podría otorgar a sus ciudadanos: someter a su jurisdicción las leyes a solicitud de cualquiera. El planteamiento de la actio popularis kelseniana, en el proceso de inconstitucionalidad, se propone como un ideal que tendría dificultades para corresponderse con la realidad por la excesiva carga procesal que traería consigo. En la presente tesis se cuestiona esta perspectiva y se proponen los beneficios de adoptar un modelo abierto con miras a que la colectividad pueda cuestionar las normas que la regula. La fundamentación de la legitimación amplia basada en la democracia participativa, en los derechos políticos, en el activismo ciudadano, en la defensa de los derechos colectivos, en el principio de solidaridad y, principalmente, en la efectividad del principio de supremacía constitucional, brinda un primer acercamiento a la propuesta. En un segundo momento, se realiza el estudio de la aplicación actual, y de manera comparada, de la actio popularis en países de Europa tales como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Hungría. En esta misma línea, se presentó los diversos modelos de legitimación activa en los procesos de inconstitucionalidad que se reconocen en América Latina dando una mayor profundidad al estudio de realidades como las de Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Venezuela en los cuales se establece una auténtica legitimación amplia y popular. En el tercer capítulo, se formula la propuesta de acción popular de inconstitucionalidad para el Perú. Al respecto, se analiza críticamente el actual estado de los legitimados activos reconocidos en la Constitución Política del Perú, se recoge la opinión de los Coordinares de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del Perú sobre el particular y, finalmente, se concluye con la propuesta de reforma constitucional, con el objetivo que el Perú, procesalmente, adopte el referido modelo siendo que, a través de esta legitimación, se reivindique el principio de supremacía constitucional y se le otorgue el protagonismo a los ciudadanos para que sean los nuevos guardianes de la Constitución.